Ranulfo Ronquillo Carbajal

Expediente 469/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
469/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Ranulfo Ronquillo Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VI-B......San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. ********************Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes.******************** En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido.********************Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es CONSERVABLE, después de tres años. ********************Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese y cúmplase......

  2. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, c... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, que declaró la improcedencia de la jurisdicción voluntaria tramitada con el registro 841/2022. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, aceptó la existencia del acto reclamado. Para justificar su informe, la autoridad responsable remitió copia certificada de constancias deducidas de la jurisdicción voluntaria 841/2022, que por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte: 1. Mediante escrito de nueve de septiembre de dos mil veintidós y recibido en la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario distrito 22, el trece de septiembre siguiente, Ranulfo Ronquillo Carbajal promovió jurisdicción voluntaria con la finalidad de solicitar lo siguiente: "1.- La declaración mediante sentencia en el sentido que se me nombre como sucesor legal de los derechos agrarios que en vida correspondieron a mi finado padre Felipe Ronquillo Román, quien era ejidatario legalmente reconocido dentro del poblado denominado SAN ANTONIO COSOLAPA antes municipio de NUEVO SOYALTEPEC, en la actualidad municipio de SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA; según certificados de derechos parcelarios números ... 2. La adjudicación de los Derechos Agrarios antes mencionados y como consecuencia de ello mi reconocimiento como ejidatario del poblado ya citado, asi mismo la cancelación de los referidos certificados y la expedición de los nuevos certificados a mi nombre." 2. En auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, fue admitida la solicitud de Ranulfo Ronquillo Carbajal, quedando registrada con el número 841/2022 se señaló fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, 3. Mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió el procedimiento relativo a la jurisdicción voluntaria en el que se declararon improcedentes la pretensiones del justiciable, en virtud de no haber sido acreditadas, ya que el artículo 17 de la Ley Agraria establece la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos agrarios y el orden de preferencia conforme al cual debe adjudicarse a su fallecimiento, siendo válida la disposición la de fecha posterior. Resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo que aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la autoridad responsable refiere la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII en relación a los diversos 1 y 5 fracción I de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico del justiciable, pues aduce que la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, no afecta su esfera de derechos subjetivos, en razón a que la lista de sucesión de cuatro de marzo de dos mil doce, que pretendió hacer valer, fue superada por la de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, lo cual, no vulnera ningún derecho adjetivo ni sustantivo en su perjuicio, ya que es válida la última voluntad del autor de la sucesión prevista en el artículo 17 de la Ley Agraria. Para comenzar, es importante destacar que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones I y II, en esencia establecen que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad de las sentencias. Así, deviene infundada la causa de improcedencia aducida por la responsable, pues el quejoso controvierte la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 841/2022, mediante la cual el Tribunal Agrario resolvió que no se acreditaron los elementos de sus pretensiones sucesorias, circunstancia que hace procedente el juicio de amparo indirecto pues en los términos del artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos fuera de juicio, situación que hace posible analizar si con motivo de dicha actuación judicial ocurrieron posibles violaciones procesales a la esfera jurídica del quejoso. ... y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Asimismo apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.8o.A.4 K (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 3, libro XX, correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, página 1888, decima época, que es al tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. SUS DIFERENCIAS. Conforme al artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con las definiciones que de una y otra clase de interés ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, página 55 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, páginas 241 y 242, estas últimas con claves o números de identificación 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.", "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." e "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.", respectivamente, pueden identificarse, a partir de cuatro elementos de los que participan ambos tipos de interés, algunos rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito." Máxime que el quejoso argumentó la transgresión al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; de manera en que si no se adecua la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse la responsable, el acto reclamado podría resultar violatorio de los derechos humanos del justiciable, lo cual implicaría una posible afectación al interés jurídico y en consecuencia hace procedente el juicio de amparo. En otro contexto, se observa que la responsable invoca como diversa causa de improcedencia, la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, pues previo a la promoción del juicio de amparo el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa o recurso dentro del procedimiento por virtud del cual la resolución combatida pueda ser modificada, revocada o nulificada. Seguidamente, refiere que el quejoso debió agotar lo señalado en el articulo18 fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, donde se prevé la nulidad de actos y documentos contrarios a la legislación agraria, ya que tendría por efecto lograr la nulidad de la lista de sucesores de cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, resulta infundada la causa de improcedencia en mención, pues el articulo18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, regula la competencia de los tribunales unitarios, y por lo que hace a la fracción IV, menciona que también conocerán de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Sin embargo, en este juicio de amparo el quejoso no controvierte la nulidad de la lista de sucesores de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, sino la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 841/2022, mediante la cual el Tribunal Agrario resolvió que no se acreditaron los elementos de sus pretensiones sucesorias. Por tanto, no procede agotar el medio de impugnación que refiere la responsable, pues además las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno, acorde con el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto. Y al no existir diversa causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACION La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone el concepto de violación siguiente: Que la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada por la responsable, no se encuentra fundada ni motivada, ya que atenta a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en razón a que se actualiza el supuesto que contempla el numeral 17 de la Ley Agraria, pues existe una lista de sucesión en la cual viene designado como heredero y por tal motivo es que se le deben adjudicar tales derechos que pertenecieron a su finado padre. SEPTIMO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por el quejoso RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir. El artículo 79, fracción IV de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia agraria; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para los quejosos, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), por sustitución de tesis que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro 44, correspondiente al mes de julio de dos mil diecisiete, página 263, Decima Época, con el rubro y texto, siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013) La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Y, atendiendo a que no se aprecia deba suplirse la deficiencia de la queja, en el caso únicamente es necesario verificar si en la resolución reclamada se transgredió el derecho de seguridad jurídica que le asiste al justiciable, pues es sobre ese aspecto que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación. Precisado lo anterior, se destaca que la parte quejosa acudió al juicio de amparo indirecto, porque a su decir, el Tribunal Agrario vulneró en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese aspecto, se aprecia que en la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 841/2022, la autoridad responsable determinó la improcedencia del reconocimiento del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal como sucesor legal de los derechos agrarios que en vida correspondieron a su padre Felipe Ronquillo Román POR LAS RAZONES SIGUIENTES: 1. No se acreditaron los elementos de sus pretensiones sucesorias, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Agraria. 2. Que el justiciable adujo como causa de pedir que el de cujus Felipe Ronquillo Román, lo designó como sucesor hereditario en términos de la lista de siete de marzo de dos mil doce, sin embargo ante la existencia de otra lista de sucesión de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a favor de su hermano Enrique Ronquillo Carbajal, tácitamente quedó revocada la realizada en primer término al haber sido formulada y formalizada por fedatario público, pues la misma ley ordena que es válida la disposición de la última voluntad ejidatario efectuada con fecha posterior. 3. Que mediante oficio ... del encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, se indicó que el de cujus Felipe Ronquillo Román, ostentó la calidad de ejidatario al interior del núcleo agrario denominado "San Antonio Cosolapa" municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, titular de los certificados parcelarios de números 11536 y 11539. 4. Asimismo, dicha delegación encontró el aviso notarial de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, de cuyo contenido advirtió el instrumento notarial ingresado en esa dependencia siete de noviembre de ese mismo año, por el cual, el notario público cuatro con sede en Villa José Azueta, Estado de Veracruz, le informó que el extinto Felipe Ronquillo Román, titular de la parcela 88 Z 1P/1 certificado 1156 otorgó lista de sucesores a favor de Enrique Ronquillo Carbajal. 5. Por otro lado, la responsable mencionó que fue exhibida como prueba el acta de defunción 152 expedida por el Director del Registro Civil, con la cual se acreditó que Enrique Ronquillo Carbajal falleció el veintiuno de julio de dos mil veintiuno y por tanto existe imposibilidad legal y material para transmitir los derechos a favor del heredero designado. Así, en síntesis, la autoridad responsable determinó que conforme al artículo 17 de la Ley Agraria el entonces ejidatario, Felipe Ronquillo Román, tuvo la intención de modificar la designación hecha el siete de marzo de dos mil doce a favor del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal y evidentemente revocarla, conforme lo el contenido de la escritura pública 50,505, volumen 537, de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en donde se hizo constar la designación de Enrique Ronquillo Carbajal como sucesor de sus derechos agrarios, mediante lista de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve; y presentada ante el Registro Agrario Nacional el siete de noviembre de dos mil diecinueve. En efecto, el artículo 17 de la Ley Agraria dispone lo siguiente: "Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a una de las hijas o uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." Ahora, del mencionado precepto legal se deduce un régimen que tiene por objeto la tutela jurídica especial del ejidatario en sus derechos agrarios, específicamente en materia de sucesión de derechos sobre su parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, consistente en que no existe la necesidad de que se sujete a determinadas reglas que en mayormente se impera en la legislación civil en materia sucesoria, así como que de manera ágil, sencilla y práctica, para tal designación bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de su preferencia conforme al cual debe hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Así, dicha lista de sucesión debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizarse ante fedatario público, teniendo el ejidatario la facultad de expresar su última voluntad en el sentido de poder revocarla o modificarla con las mismas formalidades en que se hubiera realizado, siendo válida ultima disposición testamentaria. Dicho lo anterior, de la lectura de las actuaciones que obran en el expediente de origen 841/2022, se aprecia que la responsable dio cumplimento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, pues ante la pretensión sucesoria del quejoso le dio trámite conforme a lo previsto en el artículo 165 de la Ley Agraria, fundando y motivando su actuar con base en lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la ley Agraria. Asimismo, le hizo saber al impetrante que en dichos numerales se establece con precisión la forma y términos en que habrá de procederse a la trasmisión de los derechos agrarios, pues el artículo 17 enuncia la facultad del ejidatario para designar quien deba sucederle en sus derechos agrarios con las formalidades ahí previstas, tanto para su designación como su modificación; mientras que el artículo 18 que señala con precisión los sujetos que tienen derecho a suceder y los requisitos que deben acreditarse para ese efecto cuando no se dejó inscrita una lista de sucesores ante el Registro Agrario Nacional ni se formalizó ante fedatario público. De ahí que fue correcto que la responsable expusiera que el artículo 17 invocado prevé la facultad que tiene el ejidatario de designar a quien deba sucederle en su derechos sobre su parcela y demás inherentes a su calidad de ejidatario, pues bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres los nombres de las personas y el orden de preferencia deba hacerse esa adjudicación a su fallecimiento. Por lo que nada impide que el ejidatario otorgue disposición testamentaria respecto de todos sus derechos incluyendo los agrarios, pues la última voluntad del extinto Felipe Ronquillo Román, titular de la parcela 88 Z 1P/1, fue otorgar lista de sucesores a favor de Enrique Ronquillo Carbajal, mediante instrumento notarial 50, 505 volumen 537 de cuatro de octubre de dos mil diecinueve a favor de Enrique Ronquillo Carbajal. Lo anterior, se considera suficiente para anular o modificar la inscripción de la lista hecha el siete de marzo de dos mil doce a favor del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal, ya que el entonces ejidatario Felipe Ronquillo Román, con las formalidades previstas en el artículo 17 de la Ley Agraria, realizó una nueva designación siendo válida la de fecha posterior. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.1o.4 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Libro 44, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, página 523, Novena Época, con el rubro y texto, siguientes: "DERECHOS AGRARIOS. EL TESTAMENTO POSTERIOR A LA LISTA DE SUCESION, AUNQUE NO REGISTRADO, DEBE PREVALECER PARA HEREDARLOS. El artículo 17 de la Ley Agraria textualmente señala: "Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." De lo anterior, resulta válido concluir que la disposición testamentaria realizada bajo la vigencia de la nueva Ley Agraria debe ser considerada suficiente para anular o modificar la inscripción de la lista de sucesión realizada con anterioridad, si del contenido del testamento se desprende que al heredero se le designó en su forma universal, pues debe entenderse que se incluyen los derechos agrarios en la masa hereditaria, sin que sea obstáculo que el testamento no se hubiera depositado en el Registro Agrario Nacional, pues el artículo 17 de la citada Ley establece que es facultad del ejidatario designar a sus sucesores en los derechos sobre la parcela, sin que condicione su validez al requisito de inscripción en el Registro Agrario Nacional, ya que esta inscripción no constituye un elemento esencial de existencia ni de validez del acto jurídico en virtud del cual opone la transmisión de los derechos agrarios y tampoco se considera como constitutivo de derechos, sino que tal inscripción es puramente declarativa, por tanto, la falta de ésta en el Registro Agrario Nacional de ninguna manera resta eficacia al testamento público de referencia." En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a RANULFO RONQUILLO CARBAJAL, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que as partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22 en términos del considerando séptimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA; Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

  3. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, c... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, que declaró la improcedencia de la jurisdicción voluntaria tramitada con el registro 841/2022. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, aceptó la existencia del acto reclamado. Para justificar su informe, la autoridad responsable remitió copia certificada de constancias deducidas de la jurisdicción voluntaria 841/2022, que por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte: 1. Mediante escrito de nueve de septiembre de dos mil veintidós y recibido en la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario distrito 22, el trece de septiembre siguiente, Ranulfo Ronquillo Carbajal promovió jurisdicción voluntaria con la finalidad de solicitar lo siguiente: "1.- La declaración mediante sentencia en el sentido que se me nombre como sucesor legal de los derechos agrarios que en vida correspondieron a mi finado padre Felipe Ronquillo Román, quien era ejidatario legalmente reconocido dentro del poblado denominado SAN ANTONIO COSOLAPA antes municipio de NUEVO SOYALTEPEC, en la actualidad municipio de SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA; según certificados de derechos parcelarios números ... 2. La adjudicación de los Derechos Agrarios antes mencionados y como consecuencia de ello mi reconocimiento como ejidatario del poblado ya citado, asi mismo la cancelación de los referidos certificados y la expedición de los nuevos certificados a mi nombre." 2. En auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, fue admitida la solicitud de Ranulfo Ronquillo Carbajal, quedando registrada con el número 841/2022 se señaló fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, 3. Mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió el procedimiento relativo a la jurisdicción voluntaria en el que se declararon improcedentes la pretensiones del justiciable, en virtud de no haber sido acreditadas, ya que el artículo 17 de la Ley Agraria establece la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos agrarios y el orden de preferencia conforme al cual debe adjudicarse a su fallecimiento, siendo válida la disposición la de fecha posterior. Resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo que aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la autoridad responsable refiere la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII en relación a los diversos 1 y 5 fracción I de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico del justiciable, pues aduce que la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, no afecta su esfera de derechos subjetivos, en razón a que la lista de sucesión de cuatro de marzo de dos mil doce, que pretendió hacer valer, fue superada por la de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, lo cual, no vulnera ningún derecho adjetivo ni sustantivo en su perjuicio, ya que es válida la última voluntad del autor de la sucesión prevista en el artículo 17 de la Ley Agraria. Para comenzar, es importante destacar que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones I y II, en esencia establecen que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad de las sentencias. Así, deviene infundada la causa de improcedencia aducida por la responsable, pues el quejoso controvierte la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 841/2022, mediante la cual el Tribunal Agrario resolvió que no se acreditaron los elementos de sus pretensiones sucesorias, circunstancia que hace procedente el juicio de amparo indirecto pues en los términos del artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos fuera de juicio, situación que hace posible analizar si con motivo de dicha actuación judicial ocurrieron posibles violaciones procesales a la esfera jurídica del quejoso. ... y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Asimismo apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.8o.A.4 K (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 3, libro XX, correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, página 1888, decima época, que es al tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. SUS DIFERENCIAS. Conforme al artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con las definiciones que de una y otra clase de interés ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, página 55 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, páginas 241 y 242, estas últimas con claves o números de identificación 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.", "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." e "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.", respectivamente, pueden identificarse, a partir de cuatro elementos de los que participan ambos tipos de interés, algunos rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito." Máxime que el quejoso argumentó la transgresión al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; de manera en que si no se adecua la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse la responsable, el acto reclamado podría resultar violatorio de los derechos humanos del justiciable, lo cual implicaría una posible afectación al interés jurídico y en consecuencia hace procedente el juicio de amparo. En otro contexto, se observa que la responsable invoca como diversa causa de improcedencia, la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, pues previo a la promoción del juicio de amparo el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa o recurso dentro del procedimiento por virtud del cual la resolución combatida pueda ser modificada, revocada o nulificada. Seguidamente, refiere que el quejoso debió agotar lo señalado en el articulo18 fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, donde se prevé la nulidad de actos y documentos contrarios a la legislación agraria, ya que tendría por efecto lograr la nulidad de la lista de sucesores de cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, resulta infundada la causa de improcedencia en mención, pues el articulo18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, regula la competencia de los tribunales unitarios, y por lo que hace a la fracción IV, menciona que también conocerán de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Sin embargo, en este juicio de amparo el quejoso no controvierte la nulidad de la lista de sucesores de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, sino la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 841/2022, mediante la cual el Tribunal Agrario resolvió que no se acreditaron los elementos de sus pretensiones sucesorias. Por tanto, no procede agotar el medio de impugnación que refiere la responsable, pues además las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno, acorde con el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto. Y al no existir diversa causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACION La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone el concepto de violación siguiente: Que la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada por la responsable, no se encuentra fundada ni motivada, ya que atenta a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en razón a que se actualiza el supuesto que contempla el numeral 17 de la Ley Agraria, pues existe una lista de sucesión en la cual viene designado como heredero y por tal motivo es que se le deben adjudicar tales derechos que pertenecieron a su finado padre. SEPTIMO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por el quejoso RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir. El artículo 79, fracción IV de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia agraria; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para los quejosos, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), por sustitución de tesis que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro 44, correspondiente al mes de julio de dos mil diecisiete, página 263, Decima Época, con el rubro y texto, siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013) La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Y, atendiendo a que no se aprecia deba suplirse la deficiencia de la queja, en el caso únicamente es necesario verificar si en la resolución reclamada se transgredió el derecho de seguridad jurídica que le asiste al justiciable, pues es sobre ese aspecto que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación. Precisado lo anterior, se destaca que la parte quejosa acudió al juicio de amparo indirecto, porque a su decir, el Tribunal Agrario vulneró en su perjuicio el derecho de seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese aspecto, se aprecia que en la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 841/2022, la autoridad responsable determinó la improcedencia del reconocimiento del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal como sucesor legal de los derechos agrarios que en vida correspondieron a su padre Felipe Ronquillo Román POR LAS RAZONES SIGUIENTES: 1. No se acreditaron los elementos de sus pretensiones sucesorias, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Agraria. 2. Que el justiciable adujo como causa de pedir que el de cujus Felipe Ronquillo Román, lo designó como sucesor hereditario en términos de la lista de siete de marzo de dos mil doce, sin embargo ante la existencia de otra lista de sucesión de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a favor de su hermano Enrique Ronquillo Carbajal, tácitamente quedó revocada la realizada en primer término al haber sido formulada y formalizada por fedatario público, pues la misma ley ordena que es válida la disposición de la última voluntad ejidatario efectuada con fecha posterior. 3. Que mediante oficio ... del encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, se indicó que el de cujus Felipe Ronquillo Román, ostentó la calidad de ejidatario al interior del núcleo agrario denominado "San Antonio Cosolapa" municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, titular de los certificados parcelarios de números 11536 y 11539. 4. Asimismo, dicha delegación encontró el aviso notarial de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, de cuyo contenido advirtió el instrumento notarial ingresado en esa dependencia siete de noviembre de ese mismo año, por el cual, el notario público cuatro con sede en Villa José Azueta, Estado de Veracruz, le informó que el extinto Felipe Ronquillo Román, titular de la parcela 88 Z 1P/1 certificado 1156 otorgó lista de sucesores a favor de Enrique Ronquillo Carbajal. 5. Por otro lado, la responsable mencionó que fue exhibida como prueba el acta de defunción 152 expedida por el Director del Registro Civil, con la cual se acreditó que Enrique Ronquillo Carbajal falleció el veintiuno de julio de dos mil veintiuno y por tanto existe imposibilidad legal y material para transmitir los derechos a favor del heredero designado. Así, en síntesis, la autoridad responsable determinó que conforme al artículo 17 de la Ley Agraria el entonces ejidatario, Felipe Ronquillo Román, tuvo la intención de modificar la designación hecha el siete de marzo de dos mil doce a favor del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal y evidentemente revocarla, conforme lo el contenido de la escritura pública 50,505, volumen 537, de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en donde se hizo constar la designación de Enrique Ronquillo Carbajal como sucesor de sus derechos agrarios, mediante lista de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve; y presentada ante el Registro Agrario Nacional el siete de noviembre de dos mil diecinueve. En efecto, el artículo 17 de la Ley Agraria dispone lo siguiente: "Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a una de las hijas o uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." Ahora, del mencionado precepto legal se deduce un régimen que tiene por objeto la tutela jurídica especial del ejidatario en sus derechos agrarios, específicamente en materia de sucesión de derechos sobre su parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, consistente en que no existe la necesidad de que se sujete a determinadas reglas que en mayormente se impera en la legislación civil en materia sucesoria, así como que de manera ágil, sencilla y práctica, para tal designación bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de su preferencia conforme al cual debe hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Así, dicha lista de sucesión debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizarse ante fedatario público, teniendo el ejidatario la facultad de expresar su última voluntad en el sentido de poder revocarla o modificarla con las mismas formalidades en que se hubiera realizado, siendo válida ultima disposición testamentaria. Dicho lo anterior, de la lectura de las actuaciones que obran en el expediente de origen 841/2022, se aprecia que la responsable dio cumplimento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, pues ante la pretensión sucesoria del quejoso le dio trámite conforme a lo previsto en el artículo 165 de la Ley Agraria, fundando y motivando su actuar con base en lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la ley Agraria. Asimismo, le hizo saber al impetrante que en dichos numerales se establece con precisión la forma y términos en que habrá de procederse a la trasmisión de los derechos agrarios, pues el artículo 17 enuncia la facultad del ejidatario para designar quien deba sucederle en sus derechos agrarios con las formalidades ahí previstas, tanto para su designación como su modificación; mientras que el artículo 18 que señala con precisión los sujetos que tienen derecho a suceder y los requisitos que deben acreditarse para ese efecto cuando no se dejó inscrita una lista de sucesores ante el Registro Agrario Nacional ni se formalizó ante fedatario público. De ahí que fue correcto que la responsable expusiera que el artículo 17 invocado prevé la facultad que tiene el ejidatario de designar a quien deba sucederle en su derechos sobre su parcela y demás inherentes a su calidad de ejidatario, pues bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres los nombres de las personas y el orden de preferencia deba hacerse esa adjudicación a su fallecimiento. Por lo que nada impide que el ejidatario otorgue disposición testamentaria respecto de todos sus derechos incluyendo los agrarios, pues la última voluntad del extinto Felipe Ronquillo Román, titular de la parcela 88 Z 1P/1, fue otorgar lista de sucesores a favor de Enrique Ronquillo Carbajal, mediante instrumento notarial 50, 505 volumen 537 de cuatro de octubre de dos mil diecinueve a favor de Enrique Ronquillo Carbajal. Lo anterior, se considera suficiente para anular o modificar la inscripción de la lista hecha el siete de marzo de dos mil doce a favor del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal, ya que el entonces ejidatario Felipe Ronquillo Román, con las formalidades previstas en el artículo 17 de la Ley Agraria, realizó una nueva designación siendo válida la de fecha posterior. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.1o.4 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Libro 44, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, página 523, Novena Época, con el rubro y texto, siguientes: "DERECHOS AGRARIOS. EL TESTAMENTO POSTERIOR A LA LISTA DE SUCESION, AUNQUE NO REGISTRADO, DEBE PREVALECER PARA HEREDARLOS. El artículo 17 de la Ley Agraria textualmente señala: "Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." De lo anterior, resulta válido concluir que la disposición testamentaria realizada bajo la vigencia de la nueva Ley Agraria debe ser considerada suficiente para anular o modificar la inscripción de la lista de sucesión realizada con anterioridad, si del contenido del testamento se desprende que al heredero se le designó en su forma universal, pues debe entenderse que se incluyen los derechos agrarios en la masa hereditaria, sin que sea obstáculo que el testamento no se hubiera depositado en el Registro Agrario Nacional, pues el artículo 17 de la citada Ley establece que es facultad del ejidatario designar a sus sucesores en los derechos sobre la parcela, sin que condicione su validez al requisito de inscripción en el Registro Agrario Nacional, ya que esta inscripción no constituye un elemento esencial de existencia ni de validez del acto jurídico en virtud del cual opone la transmisión de los derechos agrarios y tampoco se considera como constitutivo de derechos, sino que tal inscripción es puramente declarativa, por tanto, la falta de ésta en el Registro Agrario Nacional de ninguna manera resta eficacia al testamento público de referencia." En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a RANULFO RONQUILLO CARBAJAL, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que as partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22 en términos del considerando séptimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA; Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  4. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con treinta y un minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto Ranulfo Ronquillo Carbajal, por tal motivo en audiencia pública, Rodolfo Zepeda Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de José Ernesto Salinas Pérez, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, la declara abierta, sin presencia de las partes RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Acto continuo, se relacionan las constancias de autos y hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la publicación de datos personales. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales consiguientes y respecto a la publicación de datos personales acuérdese lo conducente en la etapa considerativa de la sentencia. PRUEBAS Y ALEGATOS Abiertos en su orden los periodos de pruebas se hace constar que el quejoso exhibió las pruebas documentales siguientes: Copia simple de la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dictada en el expediente 841/2022 relativo a la jurisdicción voluntaria promovida ante la responsable. Copia simple de la credencial de elector del quejoso Ranulfo Ronquillo Carbajal expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Copia simple de la Constancia de la Clave Única de Registro de Población ROCR640604HOCNRN02 a nombre de Ranulfo Ronquillo Carbajal. Copia simple del acta de nacimiento expedida por la Dirección del Registro Civil a favor de Ranulfo Ronquillo Carbajal. Por su parte, la autoridad responsable exhibió copia certificada de diversas actuaciones judiciales que obran en el en el expediente 841/2022 relativo a la jurisdicción voluntaria promovido por el justiciable. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofrecidas por las partes. Como no existen diversas pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. PERIODO DE ALEGATOS Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar y certifica que las partes no los formularon. El Juez acuerda: al no existir cuestión pendiente por acordar, se cierra dicho periodo y se reservan los autos para el dictado de la sentencia.Rodolfo Sánchez Zepeda Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca José Ernesto Salinas Pérez Secretario de Juzgado

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano