Ranferi Roman Hinojosa
Expediente 1270/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ranferi Roman Hinojosa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, el estado de los autos se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, sin embargo, no obra en autos la notificación personal de ese acuerdo, por tanto, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que de inmediato procedan a realizarla o en su caso agreguen al sistema electrónico tal actuación. Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. En consecuencia, conforme a la aludida Circular SECNO/10/2021 y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se reservó proveer respecto la demanda de amparo presentada por *******, quien se ostenta como apoderado legal de *//////, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, personalidad que refiere tiene acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado; asimismo, anexa, diversa constancia de la que se advierte la personalidad que refiere, por lo que de inicio dese trámite a la presente demanda de amparo, sin perjuicio de que dicha circunstancia deba quedar debidamente reconocida durante la secuela de este juicio; hasta en tanto se reanudaran las actividades jurisdiccionales y los plazos en este Juzgado, circunstancia que ya aconteció por lo que se levanta la aludida reserva y se provee: Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción, de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia, ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder sustentado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre, la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; (.)" De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable o intraprocesales no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados, en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese sentido, del estudio integral del escrito de demanda se desprende que esencialmente, la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral **********del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el que se tuvo a la parte demanda dando contestación a la demanda instaurada en su contra, toda vez que, en esencia, argumenta le para perjuicio el hecho de se haya tenido por contestada la demanda ya que el profesionista que compareció en representación de la demandada, no fue el mismo que suscribió el escrito de contestación. Precisado lo anterior, se concluye que se está en presencia de un acto que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es así, porque la quejosa aduce que a la audiencia de demanda y excepciones compareció en representación de la parte demandada diversa persona a la que firmó el escrito de contestación de demanda y que la autoridad le haya tenido por ratificada y contestada la demanda en esa diligencia le causa perjuicio, lo cierto es que la parte impetrante se encuentra en posibilidad de hacer valer dicha violación procesal junto con la sentencia que se dicte en dicho procedimiento. Resulta aplicable por analogía a lo anterior la tesis de jurisprudencia 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 39, libro 7, Junio de dos mi catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 772, libro I, Octubre de 2011, tomo 2, Novena Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto." En ese contexto, se concluye que se está en presencia de actos que por el momento no tienen sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afectan materialmente, ni de modo directo e inmediato, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjeran, únicamente tendrán efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, porque serán susceptibles de ser reparados por un acto jurídico posterior. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones, y por autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas propuestas para tales efectos, incluso a *********, por no cumplir con tal requisito. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de diciembre de dos mil veinte. Reserva. Ahora bien, es de precisarse que el veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitieron la Circular CAP/3/2020, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", derivado de la situación por la que se atraviesa respecto de la pandemia, donde se determinó que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Por lo que únicamente se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad y aquello que atendiendo a su naturaleza se consideren de trámite prioritario o se presenten el línea y que permita que el procedimiento se desahogue de esa manera. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se determinó que se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia y que esta medida tendrá vigencia del veintiuno de diciembre de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Adicional a ello, es de precisarse que en el mencionado Acuerdo General 13/2020, en el capítulo IV denominado: "Reglas específicas para los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos penales", el artículo 4, en su parte final, y el artículo 24, disponen: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. La calificativa de "urgente" constriñe a los órganos jurisccionales a continuar con la tramitación y eventual decisión de un expediente mientras ésta se mantenga. Para ello, serán las y los titulares quienes califiquen la urgencia de un asunto para continuar su conocimiento bajo ese supuesto, con independencia de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez que haya justificado la admisión de la solicitud, demanda, recurso o promoción bajo el supuesto que se desarrolla, y sin que esto impida que, de ser el caso, ese expediente pueda eventualmente encontrarse en el supuesto de resolución de los asuntos tramitados físicamente y listos para sentencia, o en el de tramitación y resolución de los juicios en línea." "Artículo 24. Dentro de los asuntos ya radicados y que conforme al artículo anterior deberán continuare atendiendo pese a no calificarse como urgentes en términos del artículo 4, se destacan enunciativamente algunos que se deben priorizar: ".II. En los juzgados de Distrito que conozcan de amparo penal, los asuntos donde se reclamen: a) Órdenes de aprehensión; b) Aseguramiento de cuentas; c) Actos que impliquen una afectación directa o indirecta a la libertad personal dentro del procedimiento (tales como los derivados de solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión, de libertad provisional, o para hacer efectivo un beneficio de ejecución de pena que suspenda la privación de libertad); d) Actos que impliquen una afectación a los derechos de menores de edad o de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria; y e) Aseguramiento de bienes y actos que priven de la posesión de un inmueble, que constituyan el hogar del quejoso." En consecuencia, tomando en consideración que en la demanda que nos ocupa se reclama de la Junta Especial numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el acuerdo emitido el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el juicio laboral de origen, se estima que el presente asunto no se encuentra en algunos de los supuestos de urgencia o que pudiese considerarse prioritario, y tampoco se promovió vía electrónica, por tanto, se reserva proveer sobre su admisión o desechamiento, hasta en tanto se reanuden las actividades jurisdiccionales y los plazos a que se refiere la circular anteriormente invocada. Notifíquese.
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