Randi Omar Ortega Gómez

Expediente 330/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
330/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Randi Omar Ortega Gómez
  • Secretario de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley, archívese este expediente por estar concluido, es susceptible de destrucción, se considera no relevante.

  2. Principal

    Notifiquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA SIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA INDICA : Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 330/2018, promovido por Randi Omar Ortega Gómez, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, y la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del conflicto competencial 14/2018, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Este Tribunal Colegiado considera y determina que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es el órgano competente para conocer y resolver de la demanda promovida por Randi Omar Ortega Gómez. SEGUNDO. Envíense los autos del citado juicio de amparo 330/2018, al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. TERCERO. Hágase saber el contenido de esta resolución al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco." Al respecto, agréguese a los autos el oficio de referencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el cuaderno de antecedentes, y como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Consecuentemente, vista nuevamente la demanda de garantías promovida por Randi Omar Ortega Gómez, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos en los artículos 1, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35, fracción III, 115, 129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, a continuación procede analizar si de conformidad con lo establecido por el precepto legal invocado, se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En principio debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formase una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, en el caso se estima que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En primer término, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación al interés legítimo, dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Así el juicio de amparo no procede oficiosamente, por lo que constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica, para estar en aptitud de acudir al mismo. Ahora, previo a continuar es necesario puntualizar que la ley aquí tildada de inconstitucional se reclama en su carácter de autoaplicativa, esto es por su sola entrada en vigor y no con motivo de un acto de aplicación, motivo por el cual el estudio correspondiente en la presente determinación se ceñirá a determinar si el promovente cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, puesto que no es factible considerar que el interés jurídico que aduce resulta suficiente para instarlo. Así las cosas, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés jurídico o legítimo. En ese sentido el texto constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular el segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de autoridades administrativas. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: - La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. - La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. - La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En esa guisa, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende como aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tema del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquél interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública o de cualquier otro. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, con registro rápido de localización 2004501, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Así, tenemos que el promovente hace descansar su legitimación a fin de acudir al juicio de derechos humanos fundamentales, bajo el argumento de que con la sola entrada en vigor de la ley se pone en peligro el derecho y la libertad de expresión y de acceso a la información pública, ante el inminente riesgo de que cualquier persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue o emita información que genere o refiera por motivos de dicha ley, será motivo de su aplicación, al ser considerado de riesgo para la nación y la sociedad. En principio, resulta pertinente destacar que por regla general no resulta viable desechar una demanda de amparo por el hecho de no acreditar el interés jurídico o el legítimo; lo anterior, pues ha sostenido nuestro máximo Tribunal, que el citado interés puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo dicha circunstancia también admite excepciones, consistentes en que el acto reclamado no esté dirigido al quejoso, no le cause perjuicio alguno o no lo agravie de manera directa. En ese sentido, el promovente confunde la figura del interés legítimo, como una figura que en esencia permitiría a todos los ciudadanos el poder promover un juicio de amparo bajo el argumento de que el acto de autoridad le agravia indirectamente -como es el caso-. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En apoyo a lo anterior, se cita la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro de localización 2004008, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el interés legítimo como el jurídico, suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Lo anterior, se aprecia de la lectura de la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.". En este contexto, el impetrante acude a demandar el amparo respecto a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, bajo el falso argumento de que obtiene un interés legítimo al ser inminente el riesgo de que se vulnere en su perjuicio al derecho y la libertad de expresión y de acceso a la información pública, ante el inminente riesgo de que cualquier persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue o emita información, sean considerados de riesgo para la nación y la sociedad, simple manifestación que es insuficiente para acreditar un interés legítimo, puesto que únicamente consiste en una posibilidad simple de que ocurran ciertos hechos. En efecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real, y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación real e inminente en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad -como en el caso lo es-, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado y tangible, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, los actos reclamados por el promovente del amparo consisten esencialmente la expedición, aprobación, sanción, promulgación, publicación y vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, específicamente los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 26 y 30, de dicho ordenamiento, en los que se establecen los lineamientos encaminados a la protección de la seguridad nacional, aplicada en cada uno de los ámbitos federal, estatal y municipal, con base en la conceptualización de instituciones como seguridad interior, grave riesgo, uso legítimo de la fuerza, entre otras, en el contexto de Declaratoria de Protección de Seguridad Interior e Intervención de Fuerzas armadas en coordinación con los miembros de seguridad del orden civil, regidos por un Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, el solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en la esfera jurídica de su representada o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, pues aduce que tiene interés en impugnar dichos actos reclamados, esto es, sustenta un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. En efecto, el impetrante sostiene como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, le corresponde como gobernado en este país; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo y menos un interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Bajo el anterior razonamiento, el hoy quejoso únicamente cuenta con un interés simple, como con el que contamos todos los ciudadanos que pertenecemos a una comunidad y a quienes puede o no importarnos la seguridad pública de la Nación. Sin embargo, lo anterior no faculta a los gobernados, ni les brinda la oportunidad de acudir al juicio de derechos fundamentales, aduciendo un interés legítimo derivado del hecho, de cómo se realiza la organización de las autoridades civiles y fuerzas armadas para el resguardo de la seguridad nacional, que si bien, resulta ser algo de extremo interés de la sociedad, ello no arroja que otorgue la capacidad de poder demandarlo o reclamarlo ante los diversos tribunales del país, pues el foro de discusión e impugnación de tales actos, es a través de la representatividad democrática de los ciudadanos, es decir, a través de los diputados de sus distritos, no del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Para corroborar la conclusión alcanzada, como se dijo, basta la lectura integral del escrito inicial de demanda, de donde se advierte que la única causa o motivo en que se sustenta la supuesta existencia un interés legítimo, es en el hecho de que el promovente aduce tener un interés que de facto transgrede el orden jurídico y permite la afectación de la esfera jurídica de los gobernados, sin que en ninguno de los apartados que conforma la referida demanda, exprese que como consecuencia de los actos reclamados resienta una afectación concreta en sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico"; tampoco refiere los beneficios reales y específicos que en su esfera jurídica pudiera obtener con la concesión del amparo que solicita, de los cuales se pudiera determinar la existencia de ese interés legítimo para accionar el juicio constitucional. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple de todo gobernado, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Esto es, en los actos protestados en amparo el quejoso tiene un interés simple como todo miembro de la comunidad de que la autoridad de que se trata, despliegue, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para resolver sus diferencias con el País, acto respecto del cual, cuenta con interés simple como cualquier persona interesada en que la seguridad nacional se resguarde con equilibrio en las instituciones pertenecientes en el Estado mexicano en el ámbito de sus competencias, salvaguardando en todo momento la estabilidad social con la garantía de seguridad que el Estado debe proporcionar a la población. Asimismo, el estudio de un acto reclamado sustentado en un interés simple podría denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos, tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con ciertos requisitos legales. Consecuentemente, no puede considerarse que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad de que con base en un interés simple se acuda al juicio de amparo, aduciendo como única condición legítimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda no se advierte la afectación real que resiente la parte quejosa con la entrada en vigor de los artículos de la Ley de Seguridad Interior que reclama en esta instancia, dado que el contenido de los conceptos de violación contenidos en la misma contienen argumentos genéricos respecto a la ambigüedad de los conceptos contenidos en dicho ordenamiento en materia de seguridad nacional y lo que se puede considerar como un grave riesgo para la seguridad interior en los ámbitos federal, estatal y municipal e incluso los medios lícitos de recolección de información que indica, sin que precise de forma específica la afectación concreta y real que resiente su representada con la aplicación de tales disposiciones de manera certera y no como una probable afectación. De modo que si la pretensión del promovente no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad de los actos reclamados se traduzca en una afectación a la esfera jurídica de su representada, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto no basta para iniciar la acción constitucional. Resulta aplicable, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes veintidós de mayo de dos mil quince a las nueve horas con treinta minutos, con registro de localización 2009201, el tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Respalda igualmente lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, página 1792, con registro de localización 2001355, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESEMPEÑARSE COMO JUZGADORES, LOS CUALES ASEGUREN UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARCIAL, SIN PRETENDER UN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO EN SU ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL. De la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo realizada al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir "del 4 de octubre siguiente, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase especial situación frente al orden jurídico con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, cuando el particular busca únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto que, según manifiesta, viola en su perjuicio el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores, los cuales aseguren una impartición de justicia imparcial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, carece de interés legítimo, dado que tal afirmación no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto al posible desempeño del funcionario judicial, pues a pesar de que a todos los individuos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de garantías. Es decir, el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado. Aunado a lo anterior, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos". Se concluye que la causal de improcedencia es manifiesta, en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aun y cuando se admitiera la demanda de amparo y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías. En otro aspecto, no pasa inadvertido que la parte quejosa, en el capítulo de actos reclamados, señala como tal el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminaron con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del año en curso; empero, considerando que no formula algún motivo de disenso sobre ese tópico, por ello únicamente se atiende al acto combatido consistente en la Ley de Seguridad Interior, en específico los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, y 30, como se especificó en la presente determinación. Sin omitir precisar que los criterios antes citados fueron emitidos, en su caso, de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE FECHA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN SINTESIS DICE.- Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite testimonio del toca de queja número 284/2017, promovido por el quejoso, de la que se observa que concluyó en el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Es FUNDADO el recurso de queja. --- SEGUNDO. Se REVOCA el auto recurrido, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo."; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese recibo correspondiente y, glósese el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este juzgado de Distrito deja sin efectos el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete; y vista nuevamente la demanda de garantías, requiérase a la parte quejosa para que por escrito y dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, cumpla y aclare su demanda de amparo, bajo apercibimiento.

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