Randal Loy Wright
Expediente 642/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2015
Partes del expediente
- Randal Loy Wright
Actuaciones
- Principal
...archivese el presente asunto...
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Agréguense a los autos los informes justificados que rinden el Subprocurador de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, ambos con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con sus contenidos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba que anexa a su informe la autoridad responsable Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en: 1) copia certificada del oficio 2548 de dieciocho de septiembre de dos mil quince; y 2) constancia y cedula de notificación de diecinueve de noviembre del año en curso, que firmó el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; asimismo, la autoridad Subprocurador de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, ofreció la prueba consistentes en: 1) copia certificada del oficio 1815/SUB/2015 de veintinueve de agosto de dos mil quince; 2) constancias de dos, ocho, diecisiete de septiembre, ocho de octubre del año en curso, que realizó la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Subprocuraduría de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y 3) cedula de notificación de siete de octubre del año en curso que firmó la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Subprocuraduría de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Por otra parte, de las constancias que remitieron las autoridades responsables en cita, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que se prevé en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio es oportuno citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley en comento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". [.] El numeral trascrito, establece que el juicio de amparo será improcedente cuando cesen los efectos del acto reclamado, entendiéndose por tal cesación, cuando se destruyan sus efectos de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que se restablezca totalmente la situación que imperaba antes de la violación constitucional, y se produzca el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". [Énfasis añadido] Así las cosas, en la presente contienda constitucional la parte quejosa mediante escrito que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado en tres de noviembre del año en curso, señaló como acto de reclamo la omisión de las autoridades responsables Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California y Subprocurador de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, la omisión de contestar el escrito que presentó - el aquí quejoso - el veintisiete de agosto y uno de septiembre ambos del dos mil quince; sin embargo, de las constancias que remitieron las autoridades responsables en cita, se advierte que en siete de octubre y doce de noviembre del año en curso, se notificaron los oficios 1815/SUB/2015 y 4813/15 expedidos por el Subprocurador de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas respectivamente, de los cuales se advierte que dieron contestación a la petición que realizó el aquí quejoso el veintisiete de agosto de dos mil quince. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los preceptos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, es innegable que a la fecha cesaron los efectos del acto que se reclama, pues las autoridades responsable en siete de octubre y doce de noviembre del año en curso dieron contestación a la petición que realizó el aquí quejoso el veintisiete de agosto de dos mil quince, con lo que evidentemente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que la omisión que se reclama a la responsable, se destruyó de manera total e incondicional; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo que hace exactamente aplicable al caso que nos ocupa la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al Estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la tesis V.5o.1 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página ochocientos cuarenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica de la quejosa, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio". Hágase del conocimiento de las partes esta circunstancia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se fijó para las nueve horas del dos de diciembre de dos mil quince.
- Principal
...se difiere la audiencia para las nueve horas del dos de diciembre de dos mil quince...
- Principal
Mexicali, Baja California, diez de noviembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del Actuario adscrito para notificar a las autoridades que el quejoso denominó Subprocurador Contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Investigadora de Delitos Contra la Vida y Salud, ambos con residencia en esta ciudad, el proveído de cinco de noviembre del presente año, a través de los oficios 32347 y 32349, toda vez que al constituirse en las oficinas correspondientes, las personas que se encargan de recibir la documentación oficial, refirieron que dichas autoridades no existen en los organigramas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En atención a lo acordado en párrafos supras, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, que se computan a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrán por inexistentes a las autoridades en cita, y se suspenderá toda comunicación con las mismas.
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