RAMSES ALEJANDRO GONZÁLEZ LUGO y Otros.

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • RAMSES ALEJANDRO GONZÁLEZ LUGO y Otros.
  • Ramses Alejandro González Lugo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el licenciado José Jair González Sepúlveda, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de demanda, hago constar que la presente promoción, con número de registro 1026, se ubica en la hipótesis del inciso a) promociones ya acordadas en autos (tres de febrero de dos mil veintiuno), por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo.- Conste.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Michoacán con sede en Uruapan, informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, por lo que se avocó al conocimiento del presente asunto. Toda vez que al juzgado de referencia, le correspondió conocer del presente asunto, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se ordena remitir el original del exhorto 3/2021-V (orden 3/2021) del índice de este juzgado, debiendo dejar en autos copia certificada del mismo, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, archívese y remítase al lugar de su guarda.

  3. Principal

    Se recibe exhorto. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el exhorto 3/2021-V (orden 3/2021) que devuelve diligenciado el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, una vez que se tenga conocimiento del órgano al que por razón de turno le haya correspondido conocer de la demanda de amparo que generó el presente asunto, remítasele la comunicación oficial de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  4. Principal

    León, Guanajuato, trece de enero de dos mil veintiuno. I. Parte quejosa. Ramsés Alejandro Gonzáles Lugo y José Fernández Covarrubias; asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de representante común a la primera de las referidas personas. II. Autoridades responsables. Director general del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad. III. Recepción y registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 5/2021-V. IV. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente por parte de los quejosos la falta de atención médica. V. Incompetencia. En otro aspecto, resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, indica que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierten tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Cuando el acto no requiere ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Acotadas dichas reglas de competencia, la parte quejosa se duele de la falta de atención médica en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por lo tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 antes mencionado, se advierte que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, se surte a favor de un juez de distrito con jurisdicción en el lugar de actual reclusión de los agraviados. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente al Juzgado de Distrito en turno con sede en (Uruapan), Michoacán, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el centro de reclusión en el que se encuentran los directos agraviados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª./j.48/2005, consultable en la página 5, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno con sede en Uruapan, Michoacán, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esta autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. VI. No procede conceder la suspensión de plano. Sin que en el caso haya lugar a conceder la suspensión de plano respecto a la falta de atención médica reclamada por los impetrantes, por no encontrarse expresamente consignada dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión de plano previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atendiendo a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, dentro del recurso de queja 77/2019, de su índice, interpuesto por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, contra el acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado Federal concedió la suspensión de plano al quejoso dentro del diverso juicio de amparo 331/2019-I de este índice, respecto al acto reclamado consistente en la falta de atención médica. En dicha ejecutoria la superioridad determinó declarar fundado el agravio expuesto por la referida autoridad penitenciaria, y como consecuencia negar la suspensión de plano concedida por este Juzgado Federal, estableciendo que la falta de atención médica reclamada no se encuentra consignada expresamente dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión de plano, previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo. Aunado a que se trata de cuestiones relativas a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, acorde con la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Para emitir esta decisión se tiene en cuenta la diversa jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), emitida por el Pleno de los Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito, visible en la página 1421, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO."; empero, al haberse pronunciado el Máximo Tribunal del país con posterioridad, en el sentido de que la prestación de servicio médico o asistencia médica, se trata solo de una condición de internamiento de los quejosos, no se actualiza un supuesto de procedencia de la suspensión de plano, máxime que uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que emitió dicha tesis se apartó de ese criterio con motivo de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada con antelación. VII. Domicilio. De igual forma, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en virtud de que se encuentran privados de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. VIII. Se ordena girar exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, es decir, fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno con sede en Uruapan, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el citado centro penitenciario para que notifique el presente proveído a Ramsés Alejandro Gonzáles Lugo, representante común de los impetrantes, y le haga entrega de copia autorizada del mismo. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento a la autoridad exhortante que se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la presente diligencia. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envío de dichas comunicaciones que se validarán con las firmas electrónicas de la suscrita y del secretario que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. IX. Se solicita acuse de recibo y se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese al juez declinado el acuse de recibo correspondiente. X. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Victor Hugo López Rojas, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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