Ramona Sánchez Pablo
Expediente 1083/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ramona Sánchez Pablo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo *****, promovido por ********* por propio derecho, contra actos del Juzgado Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Subdirector del Sector 56 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, *********** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Subdirector del Sector 56 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que consideró violatorios en su agravio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Procedimiento. Una vez desahogada la prevención decretada, el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se requirió el informe con justificación a las autoridades responsables; se reconoció el carácter de tercera interesada a *********, que fue emplazada el veintiocho siguiente; se hizo del conocimiento de las partes que podían oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el ocho de noviembre de dos mil veintitrés se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerandos Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del Acuerdo General 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido en contra de actos derivados de un juicio ejecutivo mercantil, tramitado ante un juzgado civil con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que la parte quejosa reclamó esencialmente lo siguiente: Del Juzgado Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil, expediente ********************, por no haber sido oída y vencida. Al Subdirector del Sector 56 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le reclamó la emisión del oficio ********************de dieciocho de agosto anterior. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad jurisdiccional señalada al rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado, mientras que el acto reclamado a la ejecutora se tuvo por presuntivamente cierto; cuestión que en la medida de sus actuaciones, se corrobora con las constancias del expediente ********************, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, lo que se tomará en consideración al resolver el presente asunto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Cuarto. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de análisis oficioso, previo al examen de las cuestiones de fondo, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Así la quejosa promovió juicio de amparo indirecto y reclamó que se tramitó un juicio ejecutivo mercantil, sin que fuera oída y vencida en juicio con lo que se violaron sus derechos fundamentales, además que su superior jerárquico "facilitó" a la autoridad jurisdiccional para que pudiera notificarla. Ahora, del anexo al informe justificado de la autoridad responsable que como se dijo goza de valor probatorio pleno, se constata lo siguiente: Que la aquí tercera interesada demandó en la vía ejecutiva mercantil de la aquí quejosa, el cumplimiento de diversas prestaciones. Del asunto conoció el Juez Vigésimo Segundo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que el catorce de octubre de dos mil veintiuno lo admitió a trámite, radicado con el número de expediente ********************. Posteriormente, sin haberse emplazado a la parte demandada, la actora promovió incidente de retención de bienes a fin de garantizar el adeudo. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se dictó interlocutoria que aprobó la retención de bienes solicitada, por lo que ordenó girar oficios para que se retuviera el numerario que estuviera en las cuentas de la demandada, hasta por ********************. Al no poder realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la demandada, la actora solicitó que se girara oficio al centro de trabajo de dicha persona, a fin de que se proporcionaran datos sobre sus horarios y así, poder emplazarla; posteriormente en auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés se recibió la comunicación del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que proporcionó datos de identificación y adscripción de la demandada. El catorce de julio de dos mil veintitrés se ordenó girar oficio a la secretaría en mención, para que citara a la demandada en el domicilio de dicha dependencia, a fin de realizar la diligencia de exequendo. Actuaciones que en su conjunto constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. De lo anterior, se comprueba que efectivamente se promovió juicio ejecutivo mercantil, del cual no obra constancia que se haya emplazado a la demandada; no obstante, dentro de dicho juicio se tramitó una providencia precautoria que ordenó retener bienes de la solicitante del amparo, hasta por ******************** En ese orden de ideas, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: ) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, Administrativo o del Trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El Código de Comercio en su artículo 1183 literalmente dispone: "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." Del precepto citado se desprende que contra la determinación que emita una providencia precautoria es procedente el recurso de apelación. También prevé que la persona a quien se le decretó puede pedir su modificación o revocación por causa superveniente. Ahora dicho precepto, en cuanto a la procedencia del recurso, remite a los diversos artículos 1339, 1345, fracción IV y 1345 Bis del Código de Comercio que literalmente dicen: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo;." "Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." En cuanto a la procedencia del recurso de apelación, se precisa que son apelables las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y la sentencia cuando el negocio sea superior a $816,439.97 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), monto que se actualiza anualmente. Que la apelación procederá en contra de autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o, cuando se prevea expresamente en la ley siempre que la sentencia pueda ser apelable por razón de la cuantía. También que la procedencia del recurso en efecto devolutivo o suspensivo requiere que esté expresamente previsto en la ley. Finalmente que el recurso se debe interponer ante el mismo tribunal que emitió el auto, interlocutoria o resolución, dentro de los seis días siguientes a que surta efectos la notificación si es de tramitación inmediata, nueve días cuando se trate de sentencia definitiva y, tres días cuando sea apelación de tramitación conjunta con la definitiva; con la distinción de que los agravios se expresan al interponer el recurso cuando es de tramitación inmediata o, en términos del diverso artículo 1344 cuando sea de tramitación conjunta con la definitiva. Luego se advierte que será apelable y de tramitación inmediata, la resolución que recaiga a las providencias precautorias cuando el asunto sea de cuantía mayor, la que será tramitada en el efecto devolutivo. Entonces conforme a los preceptos citados es claro que en contra de la determinación que decreta una providencia precautoria es procedente el recurso de apelación, con la única limitación de que el negocio sea de cuantía mayor a la prevista en el numeral 1339 ya citado. Ahora bien, cuando el asunto es de cuantía menor como acontece en este caso, no es procedente el recurso de apelación por razón de cuantía, pero dada la naturaleza del proveído si es recurrible a través del diverso de revocación en términos de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio que dicen. "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De los preceptos invocados, se desprende que en contra de los autos que no son apelables, es procedente el recurso de revocación, por tanto, dada la naturaleza recurrible del proveído que decreta una providencia precautoria, por razón de cuantía en este caso la determinación que ordenó la retención de bienes era impugnable a través del recurso de revocación. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1747, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018338, de rubro y texto: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación." En ese contexto, es válido afirmar que la quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en la ley ordinaria, antes de la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior es así, porque al ser impugnable la actuación reclamada a través del recurso de revocación, la quejosa tenía la obligación de interponerlo y, al no agotarlo, el acto reclamado carece de definitividad. En efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de definitividad, el cual establece que para la procedencia del amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado. Así, los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables. Porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, para acudir a él es necesario agotar en la vía ordinaria, en el caso concreto, el recurso de revocación contemplado en los preceptos antes anotados. Lo anterior salvo en los casos de excepción contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Existe obligación de agotar los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, dado que el recurso de revocación tiene por finalidad que el juez revoque o modifique la actuación reclamada, es evidente que a través de dicho medio de impugnación, la solicitante del amparo pudo hacer valer los agravios que considerara le depara la determinación que decretó la providencia precautoria. Apoya a lo anterior la tesis del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 2865, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro 2023534, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor, se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la idoneidad y eficacia del medio ordinario de defensa. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el principio de definitividad es uno de los principios rectores del juicio de amparo porque, mediante su observancia, se permite que el Juez Constitucional analice la regularidad constitucional solamente de actos definitivos suficientemente analizados por la judicatura ordinaria y, por ello, con la observancia de esta regla, se armonizan las jurisdicciones locales con la federal, ya que así se reconoce la autonomía y la coextensión de las judicaturas locales que forman parte del Pacto de la Unión, con lo que se fortalece el sistema federal. Justificación: El juicio de amparo se ha consolidado históricamente como un modelo sólido de protección de derechos fundamentales, ya que su implementación ha permitido a lo largo del tiempo defender a los particulares de las arbitrariedades en que llegan a incurrir las autoridades de todos los órdenes. En épocas recientes ha sido notable el incremento de los casos de excepción al principio de definitividad, pero es importante hacer notar que las causas que originaron la creación del principio de definitividad no han cambiado mucho, pues todavía está vigente la exigencia de un federalismo sólido que reconozca y fortalezca la autoridad de las judicaturas locales en lugar de debilitarlas o menospreciarlas y, precisamente, esa situación obliga a ponderar cuidadosamente los méritos de cada excepción al principio de definitividad para no debilitar el federalismo a través del precedente judicial y no terminar haciendo general lo que debe ser una regla de excepción." No se soslaya que la quejosa manifestó que se violó su derecho de audiencia, porque no se le notificó sobre la medida dictada esto es, que se ostenta como tercera extraña al procedimiento, empero tal cuestión tampoco da procedencia al juicio de amparo, ni la exime de agotar los recursos ordinarios, porque las medidas se dictan sin audiencia previa y para la procedencia del juicio de amparo es necesario agotar el principio de definitividad. Apoya a lo anterior la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro 2025814, del tenor siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de observar el principio de definitividad, por cuyo motivo debe interponer el recurso ordinario de apelación, si la cuantía del negocio lo permite. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1168, 1177 y 1178 del Código de Comercio y las jurisprudencias y tesis reiteradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las medidas cautelares previas a juicio, la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de interponer el recurso ordinario de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, interpretados en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", si la cuantía del negocio lo permite, pues no se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, ya que carece de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicita la medida, y porque en torno a las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición." Como se narró en la etapa de antecedentes, la medida se decretó una vez iniciado el juicio, empero al no haber sido emplazada a dicho procedimiento la providencia se decretó igualmente sin audiencia de parte, por lo que es aplicable el criterio invocado. En consecuencia procede sobreseer en el juicio promovido contra los actos reclamados al juez de origen, situación que imposibilita a este juzgador para efectuar al análisis de los conceptos de violación planteados. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". El sobreseimiento debe hacerse extensivo a la autoridad señalada como ejecutora, pues si bien le atribuye que se excedió en sus funciones al permitir que le puedan emplazar, al no haberse realizado dicha diligencia no se le generó algún perjuicio real y material a su esfera jurídica. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Juzgado Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia y Subdirector del Sector 56 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en el cuarto considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal. MESA* III
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese. MESA* III
- Principal
se difiere y se señala para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Juez Interino del Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, rinde su informe justificado; relaciónese en la audiencia constitucional y dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, ténganse por ofrecidas las documentales que acompaña, las que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan, Ahora, con las constancias remitidas, se ordena formar por separado un cuaderno auxiliar, identificado como tomo I, el cual estará a disposición de las partes en la mesa de trámite correspondiente para su consulta y se tendrá a la vista al momento de emitirse el fallo respectivo; en el entendido de que se continuará actuando en el expediente principal. Notifíquese. MESA* III
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