Ramona Rocío Sánchez Velázquez
Expediente 2189/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2189/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2022
Partes del expediente
- Ramona Rocío Sánchez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio que signa el Director de Juicios Laborales de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a través del cual hace del conocimiento de este órgano que solicitó a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, informe las partidas y montos que habrán de afectarse, para reunir la suficiencia presupuestal para el pago del aquí quejoso. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite de manera fehaciente que se encuentra realizando las gestiones necesarias para cubrir con el pago ordenado en la sentencia de amparo; en particular, proporcione la información solicitada por la Secretaría de Hacienda Pública, respecto a las partidas y montos que habrá que afectar a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), publicado por el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero del presente año; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. En otro orden de ideas, téngase por recibido el escrito que singa electrónicamente el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones en torno a la conducta de la autoridad responsable frente al cumplimiento de la sentencia de amparo, al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden y, una vez que cumpla o no con el requerimiento que se formula mediante el presente acuerdo, se acordará lo conducente.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el tres de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de revisión 52/2020; en el que resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a , en contra del acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, relativa al incidente de nulidad de actuaciones, dictada en el juicio laboral Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de la sentencia dictada en el presente sumario, se desprende que los efectos precisados, son los siguientes: El Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de abril de dos mil dieciocho dictada en el expediente laboral número seguido por la aquí inconforme en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tala, Jalisco, a través del cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la actora en contra del acta de notificación de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete; y b) Dicte una diversa resolución en la que determine que es procedente el referido incidente de nulidad, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria. En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el término de cinco días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos antes precisados. Se apercibe a la autoridad que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el siete de enero de dos mil veintiuno, así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/1133/2021, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas.
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