Ramona Ray Church
Expediente 308/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramona Ray Church
Actuaciones
- Principal
se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE, EL PROVEÍDO DE 30 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de abril de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ramona Ray Church, por derecho propio, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cinco y Brigada de Ejecución Adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cinco, encargada de la ejecución de sentencia 308/2014, con residencia en la capital de esta entidad federativa; por considerarlos violatorios de los artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 308/2021-III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En el caso concreto, de la demanda se advierte que la quejosa reclama el acuerdo de nueve abril de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio agrario 308/2014, mediante el cual se aprueba la ejecución de la sentencia, del cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 670/2019-I, del índice de este órgano jurisdiccional. Establecido lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa promovió juicio biinstancial en contra de una resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, precepto legal que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a la VIII. IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)". Para tener por demostrado lo anterior se toman en consideración las propias manifestaciones que la quejosa realizó en su demanda de amparo, lo que constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con eficacia convictiva suficiente para demostrar que el acto que se reclama, fue emitido en cumplimiento a una resolución dictada por este propio órgano jurisdiccional, derivado del juicio agrario de origen. Lo que se corrobora, además, de conformidad con lo que dispone el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, como hecho notorio que el juicio de amparo 670/2019-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional, es promovido por Ramona Ray Church, por derecho propio, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cinco y Brigada de Ejecución Adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cinco, Encargada de la Ejecución de Sentencia 308/2014, con residencia en la capital de esta entidad federativa, y en el que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el mismo, el quince de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el cumplimiento emitido en el procedimiento agrario de origen, esto es, el acuerdo de nueve de los actuales, mismo que reclama en este asunto la quejosa. De donde se sigue, que en el caso particular, el acuerdo que combate la quejosa ya no puede ser motivo de análisis en este juicio de amparo, pues al respecto tiene a su alcance los recursos y medios de impugnación que la propia ley le señala, dado que si considera que no está cumplida la ejecutoria puede hacer valer el recurso de inconformidad, que se encuentra regulado por los artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo, una vez que se declare, en su caso, cumplida la ejecutoria, dentro de los quince días siguientes a la notificación del proveído respectivo, estará en aptitud de hacer valer si estima que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, o bien el diverso medio de impugnación que se establece en el artículo 199 y siguientes de la ley de la materia, si se considera que existe repetición del acto que reclamó; por lo tanto, no es a través de otro nuevo juicio de amparo como puede ordenarse a la autoridad responsable que cumpla con una resolución de amparo anterior. De ahí que, en el caso, es evidente que de las manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad la quejosa, así como del contenido del diverso juicio de amparo radicado en este órgano jurisdiccional, es incuestionable que la emisión del proveído que se cuestiona fue emitido en cumplimiento a una resolución dictada en un procedimiento constitucional anterior promovido por ésta, contra la misma autoridad responsable; de ahí que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, lo que lleva a desechar la demanda de amparo en términos del artículo 61, fracción IX, de la referida ley. Siendo aplicable al caso, la Jurisprudencia xx. J/3, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, página 251, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada". De igual manera cobra aplicación por su contenido, la tesis XVIII.2o.19 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, página 2131, que precisa: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE ACTUALIZAN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente ... II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", en primer lugar, es necesario destacar cuáles son los efectos específicos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, o bien, se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y, en segundo, una vez analizado el acto reclamado, habrá de confrontarse con los efectos de la sentencia protectora para determinar si se trata o no de una resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta; pues sólo de esa manera, esto es, descartando que no se dejó plenitud de jurisdicción, sino que se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, puede llegarse a la conclusión inequívoca de que existe correspondencia entre éste -acto reclamado- y el fallo constitucional y, en consecuencia, la improcedencia del nuevo juicio de amparo en su contra". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo interpuesta por Ramona Ray Church, por derecho propio. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. En adición a lo anterior y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de preservar la salud de todas las partes debido a la pandemia que aqueja al país, con el fin de dar seguridad jurídica a las partes, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado; por ende, se le requiere para que facilite un correo electrónico o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo último, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayudaohttps://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José Clemente Orozco, número 222, en esta ciudad; y como sus autorizados a los licenciados César Eduardo Manjarrez Loya y Sebastián Manjarrez Peñaloza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuyas cédulas profesionales aparecen registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Cuauhtémoc Pineda García, Secretario que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. JEBG/PDTC/CPG*Fbs
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