Ramona Lizárraga Bibo y Otros.

Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
530/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Ramona Lizárraga Bibo y Otros.
  • Víctor Manuel Loustaunau Astorga
  • Ramona Lizárraga Bibo
  • Víctor Manuel Loustaunau Lizárraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CUTA...Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora, por cuanto que aún obran en autos los documentos que la parte quejosa exhibió en este juicio de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    CUTA...Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora, por cuanto que aún obran en autos los documentos que la parte quejosa exhibió en este juicio de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 530/2018-IV, que promovió Emmanuel Quintanilla Sánchez apoderado legal de Víctor Manuel Loustaunau Lizárraga, y Ramona Lizárraga Bibo y Víctor Manuel Loustaunau Astorga, el último citado por su propio derecho y como administrador único de Capacitación para el Desarrollo Empresarial en la Industria Marítima S. C., contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El cuatro de cuatro de mayo del año en curso, Emmanuel Quintanilla Sánchez apoderado legal de Víctor Manuel Loustaunau Lizárraga, y Ramona Lizárraga Bibo y Víctor Manuel Loustaunau Astorga, el último citado por su propio derecho y como administrador único de Capacitación para el Desarrollo Empresarial en la Industria Marítima S. C., solicitaron el amparo respecto de los actos que reclamaron de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, los cuales se tuvieron por rendidos, por lo que se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclaman actos que tienen una ejecución material en la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual fijó una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo señalada ésta hasta el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio laboral 326/2017. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en representación de dicha Junta aceptó el acto que se le reclama. Por su parte el Presidente de la referida Junta, por sí, manifestó que no es cierto el acto reclamado, negativa que se desvirtúa de las constancias que remitió, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se le reclama. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En este juicio el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de conciliación y Arbitraje en el Estado y su Presidente, se hace consistir en el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual fijó una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo señalada ésta hasta el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio laboral 326/2017, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo aplicable, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable;." Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable, y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias jurídicas de su ejecución. Así tenemos que cuando se reclame un acto que dada la imposibilidad no sólo física, sino también jurídica no podría restituirse al peticionario en el goce del derecho violado, por virtud de que haya sido superada por alguna cuestión que fue debatida y que dada su naturaleza no podría dejarse sin efectos lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo la tesis aislada: I. 3o. A. 150 K, visible a foja 325, Tomo XIV, Materia Común, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y de todas las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama que las autoridades responsables hayan fijado una fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio de origen 326/2017, esto es, para el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, lo cual acordó el dieciocho de abril del mismo año. Por tanto, si en el caso la parte peticionaria de amparo reclamó el referido acto, es inobjetable que se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, ante la imposibilidad jurídica de restituirlo en el goce del derecho violado, toda vez que de las constancia remitidas por la autoridad responsable, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien es cierto que la Junta responsable señalo las diez horas del veinte de septiembre de dos mil dieciocho para que tuviese verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio de origen, también es cierto que a la presente fecha ya transcurrió la data fijada. Partiendo de las anteriores premisas, se llega a la conclusión que al haber transcurrido la fecha señalada para la citada audiencia, el acto reclamado ha sido consumado de forma irreparable, pues aun y cuando se concediera el amparo a la parte quejosa, no se podría reparar ni física, ni materialmente, debido a que la fecha ya transcurrió y con esto no sería dable restituirlo en el derecho que aduce le fue transgredido. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, por lo que hace al acto que se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, y lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que no haya sido emplazada a juicio la tercero interesada Leydi Niceldi Gamboa Martín, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 78 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió Emmanuel Quintanilla Sánchez apoderado legal de Víctor Manuel Loustaunau Lizárraga, y Ramona Lizárraga Bibo y Víctor Manuel Loustaunau Astorga, el último citado por su propio derecho y como administrador único de Capacitación para el Desarrollo Empresarial en la Industria Marítima S. C., contra actos de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a este expediente el escrito signado por Emmanuel Quintanilla Sánchez apoderado del quejoso Víctor Manuel Loustaunau Lizárraga mediante el cual solicita que el Actuario de este juzgado se constituya en el domicilio en el que se ha ordenado la diligencia de emplazamiento de la tercero interesada con anterioridad y que dicha notificación se realice por lista. Ahora bien, el artículo 27, fracción I, inciso c), establece que el Actuario se cerciorará que el domicilio en el que se ordenó la diligencia correspondiente sea el correcto y en consecuencia, fijará aviso en la puerta del predio correspondiente y si transcurridos dos días hábiles la parte interesada no acude al órgano jurisdiccional a notificarse, se notificará por lista. En el presente caso, de la constancia actuarial de ocho de agosto del año en curso se advierte que al Actuario de este Juzgado al constituirse en el domicilio de mérito le informaron que la tercero interesada Leidy Niceldy Gamboa Martín no es cliente del despacho ubicado en dicho predio; en tales condiciones, no es el caso acordar favorablemente lo solicitado por la parte quejosa. Sin que sea obstáculo a lo anterior el contenido de la jurisprudencia que cita en su escrito de cuenta con relación a que las notificaciones personales en el amparo deben realizarse por lista cuando no puedan practicarse personalmente por no encontrarse alguien en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, considerando que fue emitida con anterioridad a la reforma de la Ley de Amparo realizada en abril del año dos mil trece en el que se modificó el artículo 27 de dicho precepto legal, máxime que obra en autos lo manifestado en la constancia de ocho de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano