Ramona Karina López Valdez

Expediente 523/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 65 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
523/2021
Año
2021
Actuaciones
65
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • RAMONA KARINA LÓPEZ VALDEZ y Otros.
  • Ramona Karina López Valdez
  • Kevin Omar Ruiz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 58869/2022 de cuenta, suscrito de manera electrónica por la Jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que se le acuse recibo de su diverso oficio 13139/2022, con el que devolvió diligenciado el exhorto con número de origen E-44/2022, y número de orden 62/2022, remitido por este Juzgado de Distrito a fin de hacerle entrega de los oficios 10570/2021 y 10573/2021 a las responsables Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General, ambos con residencia en Ciudad de México, en los cuales se les hacía del conocimiento la interposición del recurso de queja hecho valer por *********************, en representación de su menor hijo K. O. R. L. Al respecto, infórmese al órgano oficiante que mediante auto de dos de marzo de la presente anualidad, se proveyó respecto a la citada comunicación oficial; por tanto, como lo solicita el juzgado coadyuvante, acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído.

  2. Principal

    En uno de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de diez de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el capítulo 7, apartado 7.1.1, punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se negó la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de destrucción; en tanto, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    En diecinueve de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante proveídos de uno y tres de junio del actual, en relación con el oficio y documentales allegados por las autoridades responsables Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa y Directora Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud en Sinaloa, en representación del Secretario de Salud de Sinaloa, ambos con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tales determinaciones se les notificó a la quejosa el pasado tres y seis de junio de dos mil veintidós, respectivamente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de diez de enero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa **************, en representación de su menor hijo K. O. R. L, la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente de la República (por conducto de la Secretaría de Salud), y Secretario de Salud, ambos con residencia en la Ciudad de México, Secretaría de Salud en el Estado de Sinaloa y a la Delegación de Programas para el Desarrollo, con sede en Culiacán, en el entendido de que, el papel de estas autoridades dentro de la denominada ''Brigada Correcaminos'' (creada para la ejecución de la Política Nacional de Vacunación) son los encargados de coordinarse en el Estado de Sinaloa, para el apoyo en la logística de aplicación de la vacuna para la prevención y mitigación del virus SARS-COV-2, para que las mismas realizaran lo siguiente: 1. Incluyan al quejoso, de acuerdo con su edad acreditada, en el Grupo Etáreo correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. Realicen las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio -Pfizer-BioNTech- o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, dependiente de la disponibilidad, siempre y cuando cuente en ese momento con la autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su aplicación al grupo etáreo a que pertenece el solicitante del amparo. Ello, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el doce de abril del año en curso, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo pues, para el efecto de que las autoridades responsables incluyeran al quejoso, de acuerdo con su edad acreditada en su grupo etáreo y realizaran las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19. Por su parte, mediante oficios presentados el treinta y uno de mayo y dos de junio del presente año, las autoridades responsables Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa y Directora Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud en Sinaloa, en representación del Secretario de Salud de Sinaloa, ambos con sede en Culiacán, informaron que el menor quejoso ya se encuentra dentro del grupo etano, el cual es factible a que se le puede aplicar la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la COV1D-19 en México, manifestando, además a toda la población que a partir del martes tres de mayo de la presente anualidad se habilitó la vacunación con el biológico Pfizer (solicitado por el quejoso) para todos los menores de 12 a 14 años de edad, abriéndose oficialmente el pre-registro para todos los adolescentes de doce años en adelante, en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx, para recibir la vacuna contra el COVID-19, sin importar que tengan comorbilidades; atendiendo con ello la solicitud del promovente del amparo. Por tanto, mediante autos emitidos por este juzgado el uno y tres de junio del actual, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por las citadas autoridades responsables, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, la amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificada. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables incluyeran al quejoso, de acuerdo con su edad acreditada en su grupo etano y realizaran las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA +++++++++++++++EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: En diecinueve de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante proveídos de uno y tres de junio del actual, en relación con el oficio y documentales allegados por las autoridades responsables Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa y Directora Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud en Sinaloa, en representación del Secretario de Salud de Sinaloa, ambos con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tales determinaciones se les notificó a la quejosa el pasado tres y seis de junio de dos mil veintidós, respectivamente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de diez de enero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa **************, en representación de su menor hijo K. O. R. L, la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente de la República (por conducto de la Secretaría de Salud), y Secretario de Salud, ambos con residencia en la Ciudad de México, Secretaría de Salud en el Estado de Sinaloa y a la Delegación de Programas para el Desarrollo, con sede en Culiacán, en el entendido de que, el papel de estas autoridades dentro de la denominada ''Brigada Correcaminos'' (creada para la ejecución de la Política Nacional de Vacunación) son los encargados de coordinarse en el Estado de Sinaloa, para el apoyo en la logística de aplicación de la vacuna para la prevención y mitigación del virus SARS-COV-2, para que las mismas realizaran lo siguiente: 1. Incluyan al quejoso, de acuerdo con su edad acreditada, en el Grupo Etáreo correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. Realicen las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio -Pfizer-BioNTech- o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, dependiente de la disponibilidad, siempre y cuando cuente en ese momento con la autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su aplicación al grupo etáreo a que pertenece el solicitante del amparo. Ello, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el doce de abril del año en curso, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo pues, para el efecto de que las autoridades responsables incluyeran al quejoso, de acuerdo con su edad acreditada en su grupo etáreo y realizaran las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19. Por su parte, mediante oficios presentados el treinta y uno de mayo y dos de junio del presente año, las autoridades responsables Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa y Directora Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud en Sinaloa, en representación del Secretario de Salud de Sinaloa, ambos con sede en Culiacán, informaron que el menor quejoso ya se encuentra dentro del grupo etano, el cual es factible a que se le puede aplicar la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la COV1D-19 en México, manifestando, además a toda la población que a partir del martes tres de mayo de la presente anualidad se habilitó la vacunación con el biológico Pfizer (solicitado por el quejoso) para todos los menores de 12 a 14 años de edad, abriéndose oficialmente el pre-registro para todos los adolescentes de doce años en adelante, en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx, para recibir la vacuna contra el COVID-19, sin importar que tengan comorbilidades; atendiendo con ello la solicitud del promovente del amparo. Por tanto, mediante autos emitidos por este juzgado el uno y tres de junio del actual, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por las citadas autoridades responsables, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, la amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificada. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables incluyeran al quejoso, de acuerdo con su edad acreditada en su grupo etano y realizaran las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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