Ramona González Sandoval

Expediente 260/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
260/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Ramona González Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil diecinueve. I. Desestima prórroga. Agréguense el oficio y anexo signado por la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Mazatlán, mediante el cual solicita una prórroga de al menos dos semanas, para desarrollar un nuevo trámite de pensión en favor de la quejosa, iniciado a solicitud de ésta, el cinco del presente mes y año. Al respecto, la Ley de Amparo establece: "Artículo 192. [.] El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, no ha lugar a conceder la prórroga que solicita, puesto que, al menos para el cumplimiento a la ejecutoria, a fojas 11 a 13 de la propia sentencia obra la información que necesita la autoridad, a saber: "[.] la quejosa aportó la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya primera hoja es de contenido siguiente: [.] En efecto, su aplicación se advierte de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de sus anexos, porque el asegurado tenía seiscientas sesenta y seis (666) semanas cotizadas en el instituto, según la constancia de veintiuno de marzo del año en curso; sin embargo, en la negativa de resolución únicamente se reconocieron ciento treinta y cuatro (134) al trece de enero del propio año (fecha de su baja en el régimen obligatorio), considerando que la defunción ocurrió fuera del periodo de conservación de derechos prevista en el artículo 183 y 150 de la Ley del Seguro Social derogada." Entonces, no se estima necesario un nuevo procedimiento, salvo que dicha información no sea suficiente y exista una auténtica necesidad de tramitar una nueva solicitud de pensión para la quejosa; no con base en pronunciamientos dogmáticos, sino fundada y motivada. Además, se estima que de conceder dicha prórroga se lesionaría el derecho de acceso a la justicia, que reconoce el artículo 17 Constitucional, en perjuicio de lo quejosa. También es pertinente privilegiar que se trata de derechos pensionales, los cuales se relacionan de forma interdependiente e indivisible con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, propiedad, trabajo, seguridad social, salud, vida digna y alimentación. Ello es congruente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú, donde consideró que de la prolongada e injustificada inobservancia de las resoluciones jurisdiccionales internas derivó el quebranto al derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (propiedad), que no se habría configurado si las sentencias en dicho caso hubiesen sido acatadas en forma pronta y completa. De ahí la premura de reparar la vulneración reconocida en este juicio de amparo, en un plazo razonable, sobre todo porque una nueva solicitud de pensión podría generar una dilación administrativa mayor. Es orientadora la tesis 1a. CCXXXIX/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos." (Registro 2018637 Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 284. 1a. CCXXXIX/2018 (10a.).) En consecuencia, prevéngasele para que en adelante evite realizar trámites dilatorios o evasivos que provoquen mayor retraso en este cumplimiento. Apercibimiento. En el entendido, que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, esto es, que de incumplir con lo anterior, se impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que se sobreseyó y concedió el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, se declara ejecutoriada la misma para todos los efectos de ley. Efectos. En el fallo protector se determinó que las autoridades obligadas al cumplimiento, deben realizar los actos siguientes: Dejar insubsistente la resolución negativa de pensión a Ramona González Sandoval de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Emitir una nueva determinación en la que declare procedente la pensión a la quejosa. Requerimiento a las autoridades responsables. Con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargada del Departamento de Pensiones Subdelegacional en Mazatlán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento y remita copia certificada que lo acredite. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que resulta innecesario prevenir por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, en virtud de que dichas autoridades sólo participaron en el proceso de creación de la ley y el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a las mencionadas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a de-rogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". (Novena Época. Registro 197512. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, octubre de 1997, materia común, tesis 2a.CXV/1997, página 414). Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. VI. Agregar oficio. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual envía el original del acuse recibo del diverso 854/2019 por el cual se le notificó la sentencia dictada por este Juzgado, toda vez que mediante proveído de seis de noviembre del presente año, se acordó lo conducente. VII. Compulsa y devolución de documento. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de la Materia, hágase la devolución del documento que anexó la citada autoridad en original al oficio de cuenta, previo cotejo del mismo con la copia simple, para que sea agregada al presente juicio de amparo. Notifíquese.

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