Ramona García Curiel

Expediente 428/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
428/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Ramona García Curiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Del estado que guarda este expediente y de la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó el acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se declara firme el citado acuerdo para todos los efectos legales correspondientes y previa anotación en el libro de registro respectivo archívese este asunto como total y definitivamente concluido. En la inteligencia que no se hace devolución de los autos originales, en virtud de que se encuentran en este tribunal como antecedente del diverso juicio de amparo directo 421/2021, relacionado con el presente asunto. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que no obran documentos originales exhibidos por las partes; que se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda; además, que por sus particularidades no se considera de aquellos que tengan relevancia documental, en términos del último párrafo del referido numeral, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO ACTUARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, HAGO CONSTAR QUE CON ESTA MISMA FECHA, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE RENÉ GONZALO SIERRA MUNGUIA, ABOGADO PATRONO DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, RAMONA GARCIA CURIEL, EL ACUERDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE EL CUAL Visto el estado que guardan los presentes autos, de ellos se advierte que ---, abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, ----, no acreditó en el término concedido, el carácter de representante o de apoderado legal, no obstante haber sido requerido para tal efecto, como se aprecia del acuerdo de veinticuatro de junio de del presente año, el cual le fue notificado el uno de julio siguiente, según se advierte de las fojas cincuenta y siete a la cincuenta y nueve del expediente en que se actúa. Por tanto, al no haber dado cumplimiento al requerimiento referido con anterioridad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ----, abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, ----, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Guaymas, Sonora, consistente en la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 512/2016. LO QUE SE PUBLICA EL DÍA DE HOY POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. DOY FE

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de ellos se advierte que ---, abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, ----, no acreditó en el término concedido, el carácter de representante o de apoderado legal, no obstante haber sido requerido para tal efecto, como se aprecia del acuerdo de veinticuatro de junio de del presente año, el cual le fue notificado el uno de julio siguiente, según se advierte de las fojas cincuenta y siete a la cincuenta y nueve del expediente en que se actúa. Por tanto, al no haber dado cumplimiento al requerimiento referido con anterioridad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ----, abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, ----, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Guaymas, Sonora, consistente en la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 512/2016.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN HERMOSILLO, SONORA, A UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO ACTUARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, HAGO CONSTAR QUE CON ESTA MISMA FECHA, SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE RENE GONZALO SIERRA MUNGUIA, CON LA PERSONALIDAD QUE DICE TENER ACREDITADA EN EL EXPEDIENTE DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO, ESTO ES, COMO ABOGADO PATRONO DE LA DEMANDADA RAMONA GARCIA CURIEL, EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE EL CUAL Ahora bien, de la demanda de amparo que se atiende se advierte que es promovida por ----, con la personalidad que dice tener acreditada en el expediente de donde deriva el acto reclamado, esto es, como abogado patrono de la demandada ----, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Guaymas, Sonora, consistente en la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 512/2016; por tanto, al ostentarse como abogado patrono de la quejosa, carece de facultades para promover dicha demanda. En efecto, el artículo 5°, fracción I, a la letra dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legitimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Por su parte, el numeral 6 del citado ordenamiento legal, en lo conducente establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.". De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, en términos de la fracción I del referido precepto 5, esto es, por quien tenga el carácter de quejoso, al aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 del mismo cuerpo de leyes, produciéndose con ello una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior implica que para formular la demanda es indispensable que la petición provenga de quienes figuren como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasiona perjuicios y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. Conforme a lo expuesto, el referido ----, promovió la citada demanda en nombre de la demandada ----, en su carácter de abogado patrono, personalidad que le fue reconocida en sus términos, en el expediente 512/2016, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede Guaymas, Sonora, que dio origen a la sentencia reclamada, quien sólo se encuentra autorizado en el sumario de origen, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio y, por ende, no cuenta con facultades de representación (foja 32 vuelta del citado asunto). En ese contexto, es evidente que se incumplió con lo ordenado en el invocado artículo 6, pues como se vio en párrafos anteriores, la demanda de amparo no se promovió por la directamente quejosa, ----, a través de su representante legal o apoderado, sino que, como se puso de manifiesto, fue suscrita por conducto de ----, quien sólo se encuentra autorizado en el sumario de origen en términos del citado artículo y, por ende, no cuenta con facultades de representación. Se afirma que el citado autorizado en términos del mencionado artículo 1069, no cuenta con la calidad de representante legal o apoderado de la parte que la propone como tal, debido a que, acorde con lo previsto por el numeral 11, de la Ley de Amparo, dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal y, por otro lado, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, de acuerdo con el cual se reserva al quejoso, como directamente afectado, la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. Tiene aplicación a lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 97/2013 (10ª.), derivada de la contradicción de tesis 135/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 1, diciembre de 2013, del tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." En consecuencia, con fundamento en de los artículos 175, fracción I, 179 y 180 de la Ley de Amparo, se previene el citado promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba ante este tribunal colegiado el documento fehaciente con el que acredite que al momento de presentar la demanda de amparo era apoderado o representante legal de la quejosa, no sólo que contaba con autorización para intervenir en el juicio de origen, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo y se comunicará a la autoridad responsable. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 15/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 642 del libro 31, junio de 2016, tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI QUIEN LA PROMUEVE SE OSTENTA COMO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUZGADOR DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACREDITE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PARTE QUEJOSA. Los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, deben interpretarse en las coordenadas del propio principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, en coherencia con los principios de certidumbre jurídica y economía procesal, en el sentido de que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Desde esta perspectiva, debe estimarse que si en la demanda de amparo directo el promovente se ostenta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio conforme al cual carece de facultades para promover dicha demanda y omite exhibir documento alguno que lo acredite como su representante legal o apoderado, el juzgador deberá prevenirlo para que subsane esa irregularidad y acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, con el apercibimiento de que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo, pues este modo de actuar permite salvaguardar de manera más eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, pues no se inhibe por un error en la acreditación de la personería de la parte quejosa el examen de constitucionalidad del asunto sometido a su jurisdicción. No obstante, al desahogar la prevención deberá probarse que al momento de presentar la demanda de amparo el autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, era apoderado o representante legal de la parte quejosa cuando promovió el juicio de amparo y no solo autorizado en términos del artículo citado del Código de Comercio." Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en ----- de esta ciudad; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de autorizados a ----; además, sólo para oír y recibir notificaciones a ----; en la inteligencia que una vez que proporcione los datos de su cédula profesional y exhiba copia certificada de la misma, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, o bien demuestre que tienen registrada su cédula profesional en dicho sistema, se le reconocerá tal carácter con facultades amplias. Por otra parte, téngase por autorizado el correo electrónico que se indica en el escrito que se provee, como medio de comunicación no procesal, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por último, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes, de estimarlo pertinente, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. LO QUE SE PUBLICA EL DÍA DE HOY POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. DOY FE

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