Ramona Alanco Manjares

Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
425/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Ramona Alanco Manjares

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento que suscribe el Secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual remite testimonio certificado del fallo dictado en el conflicto competencial ******, cuyos resolutivos dicen: "(.)PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente para seguir conociendo del juicio de amparo, promovido por la quejosa ******, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia (.)" Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; y agréguese al presente cuadernillo de antecedente el oficio y testimonio de la resolución de referencia. En consecuencia, archívese el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno de antecedentes; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, acusa recibo del oficio por el cual se remitió el conflicto competencial planteado por este juzgado, mismo que se registró con el número estadístico 8/2021; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio 5792, suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 375/2021 de su índice, promovido por * * al no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Ahora, la razón del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, consistió en esencia, en que no sólo se reclama la ejecución consistente en la inscripción y cancelación en el Registro Agrario Nacional de la sentencia emitida en el juicio agrario 553/2017, sino también reclama la falta o ilegal emplazamiento en dicho proceso, cuya tramitación está a cargo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38 con residencia en el Estado de Colima. Además, de que si bien uno de los actos consisten en la ejecución de la sentencia dictada en dicho juicio agrario consistente en el registro y cancelación del certificado de reconocimiento de miembro de la comunidad indígena de San Miguel, Aquila Michoacán, número 297174 atribuidos al Delegado del Registro Agrario Nacional con sede en la ciudad de Morelia, de la demanda no se expone con claridad si dichos actos ya se hubieren ejecutado. Y que aunque ello ya se hubiera acontecido, lo cierto es que al ser el Tribunal Unitario con sede en esta ciudad quien lleva la tramitación del juicio, es quien en un momento pudo haber iniciado el procedimiento de ejecución de la sentencia, por tanto, dicho procedimiento de ejecución tuvo que iniciar en esta ciudad de Colima y continuó en Morelia, Michoacán, por lo que en la ejecución se involucran a dos distritos; por tanto, la competencia corresponde a este juzgado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte la determinación sostenida por el citado juzgador, en virtud de que mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se determinó carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda. En este sentido, este órgano de control constitucional consideró que en el presente juicio se reclama la ejecución de la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 553/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 con sede en esta ciudad, consistente en su inscripción en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán y la cancelación del certificado de reconocimiento de miembro de la comunidad indígena de * * y la falta de llamamiento al juicio, es decir, omisión de emplazar, porque la quejosa refiere no haber sido llamada a juicio; en otras palabras un acto negativo, que no tiene ejecución. Por lo que, estimó que la competencia es una cuestión de orden público que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. Para lo cual se citó, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 67, del Tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 37 Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, promovida por ***, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción anterior se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, a prevención en donde se presente la demanda de amparo; y c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en donde se presente la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza del acto reclamado por el accionante constitucional, a fin de dilucidar es bajo qué regla de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio. En este contexto, es que el acto reclamado se ejecutó o se va tratar de ejecutar en el Estado de Michoacán; por ello, este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para analizar el acto reclamado en el presente juicio, porque los actos reclamados tienen una ejecución material, los cuales se materializaron o van a materializar por la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, (autoridad que de manera expresa fue señalada por la parte quejosa como autoridad responsable ejecutora) esto es, su ejecución fue en el Estado de Michoacán, actualizándose una competencia sobrevenida al Juez de Distrito en turno, del Décimo Primer Circuito. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero fracción III, segundo fracción III, punto 3, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima declara carecer de competencia por cuestión de territorio, para resolver el juicio de amparo indirecto. Cobra sustento a lo anterior la tesis 3a. II/93, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada por el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia(s): Común, Tomo XI, Enero de 1993, página 14, registro 206764. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2a./J.141/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Décima Época. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, quien suscribe se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda y ordenó que se remita junto con sus copias al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, a quien se estima competente para su trámite y definición. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Parte VIII, Séptima Época, Página: 142, Tesis: 91. Asimismo, la tesis visible en la página 88 del Semanario Judicial de la Federación 217-228 Séptima Parte, de la Sala Auxiliar, Séptima Época. Sin que pasara inadvertido para este órgano que la parte quejosa reclama la falta de llamamiento al juicio agrario 553/2017, pues ese acto es de carácter negativo que por su naturaleza no requiere ejecución material, el cual no puede servir de base para determinar la competencia, además, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 3a. XVIII/92, que cuando la parte quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad en donde se da la ejecución, que en el caso, radica en el Estado de Michoacán. Tiene sustento a lo anterior la tesis 3a. XVIII/92, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materias(s): Común, Tomo IX, Marzo de 1992, página 19. Tampoco puede compartirse con la decisión del homólogo cuando refiere, según su perspectiva, haber iniciado la ejecución en esta entidad federativa, ya que debe recalcarse que la parte quejosa NO señaló autoridades ejecutoras en esta localidad, lo cual es un absurdo considerar que aquí inició la ejecución, por lo tanto, no son aplicables las tesis de Colegiado que cita, las cuales dicho sea de paso están superadas por las citadas por este órgano, mismas que fueron emitidas por un órgano superior (Suprema Corte de Justicia de la Nación) conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo. Tampoco es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 110/2013 del rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", ya que en ese criterio se abordó un tópico jurídico, que aquí no se actualiza, es decir, el citado criterio se sustentó cuando se reclama el emplazamiento con vicios en su realización, lo que de suyo implica por lógica y mayoría de razón que existió un emplazamiento (acto positivo); en este juicio se reclama la omisión, no hacer, ausencia, acto negativo; de ahí que tampoco le asiste razón alguna; asimismo, debe destacarse que los argumentos del homólogo parten de una premisa falsa, ya que aduce que el acto reclamado es la falta o ilegal emplazamiento, es así, porque del acto reclamado y de toda la demanda se advierte que la quejosa reclama "La falta de emplazamiento" y literalmente dice "La suscrita JAMÁS FUE EMPLAZADA A DICHO PROCEDIMIENTO (.)"por lo tanto, está claro que no existe una diligencia realizada a la quejosa, por lo mismo, reitérese la omisión, sin ejecución, no puede ser referencia para fijar la competencia. También es desacertada su perspectiva cuando sostiene que la ejecución inicia con la orden de la autoridad señalada como tal, ya que lo que en realidad es un acto de ejecución, por lo mismo, transgrede en la esfera jurídica de las partes por su materialización, es cuando la autoridad ejecutora realiza los actos tendientes a materializar la orden, ya que es lo que modifica el entorno jurídico de la persona a la que va dirigida la orden. Tiene sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIX, Enero de 2009, página 606. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 229. Resta decir que en el supuesto dado sin conceder que se reclame el ilegal emplazamiento, lo cual ya se dejó establecido que no se reclama, si no su omisión, una posible concesión se va materializar en aquella entidad, pues el domicilio de la quejosa es en la calle sin nombre sin número, de la localidad * * , como se advierte de la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral (foja 21), ello en concordancia con los otros actos ejecutados de la sentencia, los cuales también son allá, pues ahí residen las autoridades ejecutoras, por lo tanto, no se comparte su decisión y se ordena remitir al Tribunal Colegiado. Por las consideraciones expuestas, se insiste en que este Juzgado de Distrito carece de competencia por territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 de la Ley de Amparo, en vista de la divergencia de criterios que concurre entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se ordena remitir el presente juicio al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, con el objeto de que dirima el conflicto competencial suscitado y determine qué juez de Distrito debe conocer del presente juicio de amparo; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior hágase del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 con residencia en esta ciudad y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 425/2021-I. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Análisis de la demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la ejecución de la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 553/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 con sede en esta ciudad, consistente en su inscripción en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán y la cancelación del certificado de reconocimiento de miembro de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Municipio de Aquila, Michoacán, número ***, a nombre de su progenitor ***, ahora a favor de ***, y la falta de llamamiento al juicio. Determinación y pronunciamiento de la competencia. En principio, conviene dejar establecido que la competencia es una cuestión de orden público que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. Es de citarse, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 67, del Tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohibe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia puede rechazarla después". Conforme lo dispuesto por el artículo 37 Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por ***, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción anterior se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, a prevención en donde se presente la demanda de amparo; y c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en donde se presente la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza del acto reclamado por el accionante constitucional, a fin de dilucidar es bajo qué regla de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio. En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, el quejoso señaló como acto reclamado la ejecución de la sentencia definitiva dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 553/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 con sede en esta ciudad, consistente en su inscripción en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán y la cancelación del certificado de reconocimiento de miembro de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Municipio de Aquila, Michoacán, número ***, a nombre de su progenitor ***, ahora a favor de ***, y la falta de llamamiento al juicio. En este sentido, es que el acto reclamado tuvo ejecución en el Estado de Michoacán; por ello, este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para analizar el acto reclamado en el presente juicio, porque los actos reclamados tienen una ejecución material, los cuales se materializaron por la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, esto es, su ejecución fue en el Estado de Michoacán, actualizándose una competencia sobrevenida al Juez de Distrito en turno, del Décimo Primer Circuito. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero fracción III, segundo fracción III, punto 3, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima declara carecer de competencia por cuestión de territorio para resolver el juicio de amparo indirecto. Cobra sustento a lo anterior la tesis 3a. II/93, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada por el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia(s): Común, Tomo XI, Enero de 1993, página 14, registro 206764. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2a./J.141/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Décima Época. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, quien suscribe se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena que se remita junto con sus copias al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, a quien se estima competente para su trámite y definición. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Parte VIII, Séptima Época, Página: 142, Tesis: 91. Asimismo, la tesis visible en la página 88 del Semanario Judicial de la Federación 217-228 Séptima Parte, de la Sala Auxiliar, Séptima Época. No pasa inadvertido para este órgano que la parte quejosa reclama la falta de llamamiento al juicio agrario 553/2017 y todo lo actuado en el mismo, pues ese acto es de carácter negativo que por su naturaleza no requiere ejecución material, el cual no puede servir de base para determinar la competencia, además, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 3a. XVIII/92, que cuando la parte quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad en donde se da la ejecución, que en el caso, radica en el Estado de Michoacán. Tiene sustento a lo anterior la tesis 3a. XVIII/92, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materias(s): Común, Tomo IX, Marzo de 1992, página 19, registro "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION.Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." No ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que el presente asunto no se encuentra comprendido en el supuesto normativo a que se refiere el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, como tampoco se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Se solicita atentamente al Juez de Distrito a quien corresponda el conocimiento del asunto, se sirva acusar de recibo y dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio (revisión de cuaderno de antecedentes) emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte quejosa que así lo solicita quedara sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su demanda. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copia simple del presente proveído.

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