Ramona Aguiar Sanchez

Expediente 317/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
317/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Ramona Aguiar Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que, por un lado, sobreseyó en el juicio y por otro, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal virtud, se declara que la misma causa ejecutoria con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el doce de mayo de dos mil veinte, por el Secretario adscrito a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, a quien le correspondió conocer de la presente demanda en razón de turno, Ramona Aguiar Sánchez, en su carácter de representante legal1 de su menor hija K.G.S.A., representación que comprobó con la copia certificada de "Acta de Reconocimiento" de la citada menor, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DEL ESTADO Y/O PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS MENORES Y FAMILIA [.] 2. LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 1 Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA ESTADO Y/O FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ZONA ORIENTE [.]. 3. EL ALBERGUE TEMPORAL DEL DIF, ubicado en calle salina cruz #1253 de la colonia Guajardo. Y, vía ampliación "1. Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia Mexicali, DIF estatal [.]" IV.- ACTOS RECLAMADOS: De TODAS las autoridades señaladas reclamo: 1.- La Privación ilegal de la Libertad de mi menor hija, fuera de procedimiento judicial competente. 2.- La separación del seno familiar, que sufre mi menor hija, fuera de procedimiento judicial competente. 3.- La trasgresión a los derechos humanos que goza mi hija y los que yo también gozo como su representante legal, al momento en que fuimos trasladadas a las instalaciones de la delegación del pedregal, y a partir de ese momento fuimos separadas y me impidieron tener contacto con ella. De a autoridad denominada "Albergue temporal del DIF" 1.-El maltrato, la mala atención, el inapropiado cuidado y la violencia física y moral que recibe mi menor hija dentro de las instalaciones de dicho establecimiento donde la tienen retenida ilegalmente en contra de su voluntad, y donde se supone que deberían de velar por su salud, el cuidado y ejercicio pleno de sus derechos, cosa que no sucede y la tiene coaccionada o decir solo lo que tiene permitido, por lo cual no puede expresarse plenamente conmigo, en los días de visita que me tienen permitido, y donde solo la puedo ver mediante video llamada y la cual cortan bruscamente al momento de que mi hija quiera decirme algo que no tiene permitido. SEGUNDO. Trámite. El doce de mayo de dos mil veinte se registró la demanda en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 137/2020-2, se acordó respecto a la suspensión de plano y se requirieron los informes correspondientes. Asimismo, se previno a la promovente a fin de que aclarara si la demanda se promovía también por propio derecho, ello dado algunas inconsistencias en su escrito [fojas 25 a 29 del expediente de amparo]. 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito la promovente desahogó dicha prevención y, en razón de lo anterior, por auto de catorce de mayo de la misma anualidad, se admitió la demanda, se requirió a la autoridades responsables por su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se designó representante especial de la menor, a quien se le tuvo aceptando el cargo conferido por auto de diecisiete de agosto actual [foja 116 Ibídem]. Después, por auto de dieciséis de junio de dos mil veinte se tuvo por ampliada la demanda por la autoridad Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia Mexicali, DIF Estatal, asimismo, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional la cual inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos de autoridades judiciales del orden civil2 cuyos efectos se 2 Época: Décima Época. Registro: 2012798. Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, octubre de 2016, Tomo I. Materia(s): Común, Civil. Tesis: P./J. 24/2016 (10a.), de rubro: "PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEPENDIENTES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). LA COMPETENCIA PARA 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA surten dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I 3 , de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Sirve de sustento a lo expuesto, la Jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32, registro 192097, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Así, la cuestión que se plantea es respecto a: CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SUS RESOLUCIONES, RELACIONADAS CON LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL. [.]" 3 ARTÍCULO 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; [.]" 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 ?La privación ilegal de la libertad y la separación de la menor del seno familiar, ello fuera de procedimiento judicial competente. ?Maltrato, mala atención, inapropiado cuidado y violencia física y moral que sufre la menor en el Albergue temporal. TERCERO. Inexistencia de actos. No existe el acto reclamado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, pues dicha autoridad al rendir su informe justificado, negó el acto y al respecto manifestó que dicha procuraduría se auxilia de diversas Subprocuradurías, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario. Por lo señalado, y dado que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno que desvirtúe dicha negativa, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera no es cierto el acto reclamado que consistente en los actos de maltrato, mala atención, inapropiado cuidado y la violencia física o moral que se recibe la menor en las instalaciones del Albergue temporal del DIF, ya que al rendir sus informes respectivos negaron dicho acto reclamado [foja 42 de autos]. Negativa que se corrobora con las diligencias ordenadas por este juzgado federal, a fin de dar fe del estado físico de la menor quejosa, de las cuales se 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA desprende lo siguiente: ? Diligencia de doce de mayo de dos mil veinte [fojas 34], realizada por el Actuario adscrita a este órgano jurisdiccional, al dar fe del estado físico de la menor quejosa, expuso: "[.] en este mismo acto le solicito me ponga a la menor a la vista, al llegar la joven respondió que se llama K.G.S.A., se puede apreciar a simple vista que se encuentra físicamente bien y al preguntarle como la están tratando en dicho lugar, me consta que bien, que le dan de comer y ya se bañó [.]" Luego, de las circunstancias asentadas por el fedatario a quien se encomendó dar fe del estado físico de la menor, se obtiene haber percibido que la menor quejosa se encontraba en buen estado físico. Además, de autos obran diversas constancias de las que se lee que se autorizaron visitas y/o videollamadas a la menor quejosa para los días dos, trece y dieciséis de abril de la presente anualidad [fojas 161, 162, 163 y 176 del expediente de amparo; asimismo se advierten dos reportes de llamadas, del primero de ellos se desprende que la menor se comunicó vía telefónica con su mamá diversos días del mes de abril, mayo y junio actual [foja 183 y 186]. Lo anterior, conforme a lo justificación que realiza la encargada del despacho de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia Mexicali, DIF Estatal, quien al rendir su informe manifestó que desde que la menor ingresó al albergue ha mantenido comunicación con su madre y, debido a la contingencia actual dicha comunicación ha sido por videoconferencia. 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 En tal tenor, como se adelantó, no existe el acto reclamado aquí analizado, pues como se dijo en líneas precedentes, el fedatario dio fe del estado físico de la menor aquí quejosa, aunado a qué, ese evidenció la comunicación que ha tenido la menor con su mama y el hecho de que esta sea por videoconferencia, dada la situación actual de pandemia, en modo alguno le es perjudicial. Apoya a lo anterior, como criterio orientador, la tesis XVII.1o.C.T.36 C (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, septiembre de 2020, registro 2022082, que a la letra dice: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea". CUARTO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Directora del Albergue Temporal de Mexicali y Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la puesta a disposición de esa subprocuraduría por la Agente del Ministerio Público de la menor K.G.S.A quien se encuentra en el albergue temporal DIF ubicado en calle Salina número 1253, colonia Guajardo, de esta ciudad ello no obstante que las referidas autoridades, al rendir su informe justificado [fojas 74 y 108]negaron la existencia del acto, toda vez que su negativa se encuentra desvirtuada con el propio contenido de sus informes, del que se advierte la existencia de los actos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el anterior Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, octava época, correspondiente al mes de julio de 1994, con número de registro 211004, que dice: 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." [Énfasis añadido] Certeza de dichos actos, que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente administrativo IM/MXL/001/47/2020, que las autoridades responsables acompañaron a su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, mismas que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 2024 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la litis constitucional, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. 4 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado." 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Supresión de nombre y uso de iniciales. Resulta pertinente establecer, que en virtud de que en el caso concreto se encuentran involucrados los intereses de una menor de edad, este órgano de control constitucional estima necesario justificar el motivo por el que deben protegerse los datos que pudieran conllevar a la identificación de las aludidas infantes. Atento a lo anterior, debe precisarse que, del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, (publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, segunda edición), en el capítulo III, denominado "Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores", específicamente en el punto 7, se establece lo que a continuación se inserta: "[.] 7. Medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. A petición del niño, sus padres o tutor, su abogado, la persona de apoyo, cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia, o de oficio, el tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, medidas para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental del niño o adolescente, y evitar todo sufrimiento injustificado y victimización secundaria. *Algunas de las medidas que pueden ser impulsadas por los impartidores son: a. Suprimir de las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 pudiera servir para identificar al menor; b. Prohibir al abogado defensor que revele la identidad del niño o divulgue cualquier otro material o información que pudiera conducir a su identificación; c. Ordenar la no divulgación de cualquier acta en que se identifique al niño, hasta que el tribunal lo considere oportuno; d. Asignar un seudónimo o un número al niño, en cuyo caso el nombre completo y la fecha de nacimiento del menor deberán revelarse al acusado en un período de tiempo razonable para la preparación de su defensa; e. Adoptar medidas para ocultar los rasgos o la descripción física del niño que preste testimonio como por ejemplo la declaración detrás de una pantalla opaca; utilizar medios de alteración de la imagen o de la voz; realizar el interrogatorio en otro lugar y utilizar medios electrónicos para resguardar los derechos de las partes en torno a dicha participación; f. Celebrar sesiones a puerta cerrada; g. Adoptar cualquier otra medida que el tribunal estime necesaria, incluido el anonimato, cuando proceda, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los derechos del acusado.[.]". [Énfasis añadido]. De lo que se desprende que, de oficio, el juzgado podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, medidas para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental del niño o adolescente, y evitar todo sufrimiento injustificado y victimización secundaria; cuyas medidas, pueden ser, entre otras, la de suprimir de las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que pudiera servir para identificar al menor. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que para evitar la identificación de la menor, debe suprimirse su nombre completo y sustituirlo por las iniciales correspondientes. SEXTO. Antecedentes Por razón de método, se estima necesario establecer algunos de los antecedentes del acto reclamado a fin de contar con los elementos que permitan analizar, en primer orden, si en 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA el caso se actualiza causa de improcedencia y, de no serlo así, sirvan para el estudio de los motivos de disenso planteados. En ese orden se destaca, lo siguiente: ? Derivado de la denuncia presentada el trece de febrero de dos mil veinte por la menor K.G.S.A., contra su padre de nombre Ángel Rene Salcido Gastélum, por el delito de violación, denuncia en la cual señaló que desde que ella tenía cuatro o cinco años de edad comenzó a ser abusada por su padre y que su madre tenía conocimiento de los hechos y aun así permitió la convivencia de la menor con su padre; la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada de delitos Contra Mujeres por Razón del Genero dejó a disposición de la Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Albergue Temporal del DIF, a la menor de referencia [fojas 112 Idem]. ? En diecisiete de febrero del dos mil veinte, la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, tuvo por recibido signado por la Agente del Ministerio Público y formó el expediente administrativo IM/MXL/001/47/2020 [fojas 114 Idem]. ? En misma fecha Ramona Aguiar Sánchez, madre de la menor de referencia, compareció a las instalaciones de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familiar, una vez que se le tomaron sus datos, el agente procurador adscrito le notificó a la compareciente que la menor K.G.S.A de quince años de edad fue puesta a disposición de esa subprocuraduría por la Agente del Ministerio Público el trece de febrero de dos mil veinte y quien, en lo que interesa señalo: "soy madre de a menor K.G.S.A, yo me di cuenta de eso cuando mi hija tenía 12 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 años de edad quien declaró en relación a los hechos [.] yo se que hice mal al no haber denunciado los hechos y hacerle caso a mi hija." . Asimismo, se le explicó el procedimiento a seguir ante esa institución del orden familiar para lograr el egreso y reincorporación a su lado de la menor y se le hizo del conocimiento que esta se encontraba en el albergue temporal DIF ubicado en calle Salina número 1253, colonia Guajardo, de esta ciudad y se le apercibió que, en caso de incomparecencia sin causa justificada a las citas que se les sean otorgadas por conducto de las distintas áreas profesionales de la subprocuraduría o canalizaciones externas a instituciones públicas o particulares, así como el no acudir por más de tres meses a esa oficina con el fin de preguntar por la menor, ello sería motivo de denuncia de abandono ante las instancias judiciales competentes y consecuentemente la asignación de la misma a un hogar sustituto [fojas 121 a 123 Ibídem]. ? El veintisiete de febrero actual, se realizó el estudio social a Ramona Aguiar Sánchez [madre de la menor] con la finalidad de conocer su entorno social, ambiente familiar y condición socioeconómica, del cual, en diez de marzo siguiente se consideró como DESFAVORABLE la reintegración de la menor a su núcleo familiar [fojas 128 y 129 Ibídem]. ? También consta que, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la trabajadora social adscrita a la Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, realizó el acta circunstanciada de la visita al domicilio familiar de Ramona Aguiar Sánchez, cito en Avenida Bustamita, número 1426, Fraccionamiento Valle de Pedregal, del cual se obtiene que, su pareja Ángel Rene Salcido Gastélum le 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA reconoció efectivamente estaba abusando sexualmente de su hija, asimismo que su hija le reconoció que se drogaba porque su papa la violaba desde el kínder. En dicha acta la trabajadora social concluyó que la señora no estaba consciente de la OMISION DE CUIDADO en que incurrió al no denunciar y permitir que continuara pasando [fojas 156 Ibídem]. ? En veintiuno de febrero de dos mil veinte, se practicó la valoración psicológica a Ramona Aguiar Sánchez concluida el trece de abril siguiente con resultado DESFAVORABLE para tener al cuidado a la menor K.G.S.A [fojas 167 a 175 Ibídem]. SÉPTIMO. Causas de improcedencia La improcedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia del acto reclamado, en el caso, no se advierte la actualización de alguna de ellas. OCTAVO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar. 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 La quejosa en esencia señala que la privación ilegal de su menor hija trastoca el derecho a la libertad, que la decisión de separarla de su menor hija fue arbitraria, sin ningún proceso judicial competente, careciendo de fundamentación y motivación, y que se les negó la oportunidad de ser escuchadas por un juez familiar, con lo que aduce se violentaron en su perjuicio los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resultan infundados los conceptos de violación aún bajo el amparo de la figura de la suplencia de la queja, misma de la cual goza protección la menor quejosa. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, Materia Civil, página 167, con registro digital 175053, que a la letra dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Caso concreto Puntualizado lo anterior, se estima necesario precisar si la medida de protección de trece de febrero de dos mil veinte, respecto del resguardo provisional de la menor en el albergue temporal de esta ciudad de Mexicali, Baja California, constituye un acto privativo o uno de molestia, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los distingue y tutela de manera diferente. Por actos privativos, se entienden aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, por lo que, la Ley Suprema únicamente los autoriza a través del cumplimiento de los derechos humanos previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal, entre ellas, la de audiencia previa. Por su parte, los actos de molestia son actos jurídicos que, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues los aquellos, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los autoriza, según lo 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 dispuesto en el artículo 16, siempre y cuando, proceda mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se funde y motive la causa legal del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En ese sentido, se estima que la medida provisional reclamada, es un acto de los considerados como de molestia, toda vez que no prevé un mandamiento privativo de carácter definitivo y que en todo caso hiciera de observancia obligatoria la garantía de audiencia previa, en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en todo caso un acto de molestia cuya constitucionalidad se cumple con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con el artículo 16 constitucional. Así, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata...". Del citado precepto se aprecia la garantía de audiencia, para los gobernados, el cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumpla con una serie de formalidades esenciales, para garantizar la defensa adecuada del acto de privación, los cuales se traducen en los requisitos siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Sin embargo, en el caso, la orden de resguardo reclamada, como se refirió en párrafos precedentes, no es un acto privativo, sino que constituye un acto de molestia, toda vez que tiene las características siguientes: a) La orden de resguardo fue emitida con el fin de proteger la menor, toda vez que, de las actuaciones y circunstancias narradas, se advirtió que la menor era víctima de violencia familiar dado el abuso sexual de que fue objeto, así 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA como la opinión desfavorable de reintegrarla al cuidado de su madre. b) Que esa orden no es un acto definitivo, sino provisional. Por tanto, no procede la observancia obligatoria al derecho de audiencia previa, en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que en su defecto puede ser otorgada una vez que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente y que una vez resuelto, constituirá de ser procedente, una medida definitiva, que podrá ser combatida a través de los medios legales que rigen sobre la materia; esto es, esa prerrogativa se dará durante el trámite del procedimiento y culmina con el dictado de la resolución en la que implique la pérdida de derechos de familia, cumpliéndose las formalidades anteriormente señaladas. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 28/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 138 del Tomo XIX, junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181312, de rubro y texto: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad." Así como, la diversa jurisprudencia P./J. 21/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 18 del Tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196127, cuyos rubro y texto son: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." De igual forma se estima infundado lo señalado por la representante legal de la menor quejosa, en el sentido de que la orden de depósito provisional no se encuentra debidamente fundada y motivada. En ese sentido el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del cual se aprecia que para la emisión de todo acto de molestia que pretenda afectar la esfera jurídica del gobernado, se requiere que se exprese por escrito, que provenga de autoridad competente, y que se encuentre debidamente fundada y motivada. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143 del Volumen 97-102 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 Se afirma lo anterior, ya que, una vez realizada la lectura de las constancias allegadas por las responsables, se advierte que, derivado de la denuncia presentada el trece de febrero de dos mil veinte por la menor K.G.S.A., contra su padre de nombre Ángel Rene Salcido Gastélum, por el delito de violación, denuncia en la cual señaló que desde que ella tenía cuatro o cinco años de edad comenzó a ser abusada por su padre y que su madre tenía conocimiento de los hechos y aun así permitió la convivencia de la menor con su padre; la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada de delitos Contra Mujeres por Razón del Genero, decretó la medida de protección y dejó a disposición de la Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Albergue Temporal del DIF, quien evidenció que se habían detectado omisión de cuidados y violencia física [violación] hacia el menor K.G.S.A., lo anterior dentro de la carpeta de investigación 0202-2020-5795 [fojas 112 a 113]. Así, dicha autoridad ministerial, en uso de sus facultades, decretó de manera acertada que la infanta fuera resguardada de manera provisional en el albergue DIFMunicipal, a efecto de salvaguardar su integridad física, sexual y emocional. Además, consta que la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia recibió el oficio signado por la Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada de delitos Contra Mujeres por Razón del Genero, y en acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte inicio el expediente administrativo IM/MXL/001/47/2020, asimismo de advierte la comparecencia de misma fecha de la madre de la menor, acuerdos en los cuales invocó como fundamentación, diversos preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA de Protección y Defensa de los Menores y la Familia del Estado de Baja California, Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California y Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California. Ahora, el numeral 41 de la Ley de Protección y Defensa de los Menores y la Familia del Estado de Baja California, en lo que interesa señala: "ARTÍCULO 41.- La Procuraduría, al recibir una denuncia, ordenará por medio del Área Jurídica, el inicio de una investigación, misma que estará a cargo del Área de Trabajo Social. Si de la investigación resulta que el menor se encuentra en situación de peligro, la Procuraduría podrá trasladarlo a un albergue temporal; en cuyo caso, deberá informar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de la decisión dictada, al Ministerio Público o al Juez competente o bien, a la autoridad política del lugar que corresponda, para que califique la medida preventiva adoptada y en su caso, inicien las actuaciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para determinar la situación legal del menor. Aunado a lo anterior, la Procuraduría llevará a cabo las diligencias y actuaciones necesarias para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales del menor. Una vez que todas las áreas de la Procuraduría hayan realizado sus investigaciones, estudios, pruebas, dictámenes y en general, todas las diligencias necesarias, la Procuraduría recomendará a la autoridad que tenga bajo su disposición al menor, la reintegración inmediata del menor a su medio familiar o, bien, la no reintegración temporal por existir condiciones nocivas para el menor. En el último supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría recomendará también el cumplimiento de un Plan Social y su duración, así como la ubicación del menor en una institución pública o privada con la finalidad de que reciba las atenciones e instrucciones adecuadas a su edad y nivel de madurez, en tanto la autoridad competente determine su reintegración. Si la autoridad competente aplica las medidas a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría vigilará sobre su cumplimiento; y de persistir las condiciones nocivas para el menor en su entorno familiar, solicitará se resuelva sobre la custodia del menor a la Autoridad Jurisdiccional, y se de vista a la Representación Social, a efecto de que se inicien las gestiones necesarias para determinar su situación jurídica definitiva. Si de las investigaciones realizadas por la Procuraduría, no se 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 consideró necesaria la separación preventiva de algún menor, pero a su juicio existen indicios de la posible comisión de algún delito, se hará del conocimiento inmediato del Ministerio Público Legislación respecto de la cual, cabe mencionar, que no obstante se abrogó al emitirse la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, mediante decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en su artículo segundo transitorio5 , se dispuso que dicho ordenamiento quedaba vigente en lo relativo a la estructura orgánica y atribuciones de la Procuraduría para la defensa de los Menores y la Familia en el Estado, en tanto no contraviniera la mencionada ley. De ahí que, las atribuciones mencionadas en el numeral 41 antedicho, siguen vigentes. Determinación que fue dictada de manera provisional y no definitiva. Por tanto, al tratarse de actos de molestia, dado que no se priva de manera definitiva sus derechos como padres - custodia-, no es forzoso que los padres del menor deban ser informados previamente de la decisión de proteger al infante, con motivo de los hechos de afectación, es decir, no es necesario que se les otorgue su garantía de audiencia por el acto de molestia, en virtud de que como ya se dijo, es una determinación provisional y que atiende a la urgencia de tomar las medidas necesarias para la protección del menor. 5 Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 4 de julio de 2008, salvo por lo que refiere a la estructura orgánica y atribuciones de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en el Estado, en tanto no contravengan la presente Ley, las cuales corresponderán a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, hasta en tanto se expida su legislación orgánica. 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Por lo que es evidente que al momento la menor fue ingresada en las instalaciones del Albergue Temporal del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), no vulneró los derechos fundamentales de la menor; puesto que dicha resolución, como ya se precisó, fue provisional y para la protección de la infante. En ese tenor, al considerase que el acto fue de molestia y no privativo, además que existió una adecuación entre los motivos aducidos y las normas legales invocadas; los conceptos de violación que se analizan devienen infundados, al no advertirse una falta o indebida fundamentación y motivación, ni una vulneración al derecho fundamental de audiencia; por tanto, procede negar la protección federal a la quejosa K.G.S.A por conducto de Ramona Aguiar Sánchez. Apoya lo anterior, la tesis 1a. LVI/2013, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero del 2013, Tomo 1, página 844, Décima Época, registro 2002918, de rubro y texto: "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO. LA TUTELA QUE EJERCE ES UNA MEDIDA PROVISIONAL Y TRANSITORIA QUE RESPONDE AL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR. De acuerdo con el Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, dicha institución se encarga de albergar a los menores que sufren de abandono, maltrato, abuso u orfandad, así como de proveer los servicios de asistencia jurídica que sean necesarios para el desarrollo de los mismos. En tales casos, la tutela que ejerce la institución pública se configura como una medida provisional o transitoria, ya que su finalidad es integrarlos en algún núcleo familiar idóneo. Este acogimiento transitorio pretende garantizar la atención del menor, bien hasta que éste vuelva al seno de su propia familia o bien hasta que se determine una medida de protección que revista un carácter más estable, como puede ser la constitución de la adopción. Por tanto, la intervención del Estado en estas circunstancias responde al principio de integración familiar, pues se busca que el menor sea protegido por los poderes públicos, 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 mientras la institución correspondiente encuentra un ambiente familiar que sea idóneo para su normal desarrollo." Así, como la diversa tesis I.4o.C.238 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2149 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "MENORES DE EDAD. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS SÓLO SE JUSTIFICA EN ARAS DE TUTELAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTA FORMACIÓN. Las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevarse a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. La convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Esto es, la suspensión de esas relaciones únicamente debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia.". Por tanto, se niega la protección constitucional respecto del acto señalado en consistente en la privación ilegal y separación del seno familiar de la menor K.G.S.A. Ahora, en punto aparte, del referido numeral 41 se 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA advierte que, la Procuraduría llevará a cabo las diligencias y actuaciones necesarias para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la menor; que una vez que todas las áreas de la Procuraduría hayan realizado sus investigaciones, estudios, pruebas, dictámenes y en general, todas las diligencias necesarias, la Procuraduría recomendará a la autoridad que tenga bajo su disposición al menor, la reintegración inmediata del menor a su medio familiar o, bien, la no reintegración temporal por existir condiciones nocivas para el menor. Que también se recomendará el cumplimiento de un Plan Social y su duración, así como la ubicación de la menor en una institución pública o privada con la finalidad de que reciba las atenciones e instrucciones adecuadas a su edad y nivel de madurez, en tanto la autoridad competente determine su reintegración. En esa línea argumentativa, se obtiene que la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia Mexicali, DIF Estatal ha gestionado lo propio conforme a lo lineamientos señalados, pues una vez que la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada de delitos Contra Mujeres por Razón del Genero, puso a su disposición a la menor, se han practicado diversos estudios tanto a la menor como a su madre, verbigracia, estudio social o socioeconómico realizado a la madre de la menor el veintisiete de febrero actual, el cual se estimó como desfavorable para la reintegración de la menor [fojas 128 a 129 de autos]; plan social asignado a Ramona Aguiar Sánchez, a fin de atender la problemática detectada, mejorar estabilidad emocional, dinámica, entorno familiar y maternidad responsable, mismo que fue recomendable ro un término no 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 mayor a seis meses [fojas 130 a 131 Ibídem]; valoración psicológica a la menor K.G.S.A. realizada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte [fojas 142 a 147]; también consta el acta circunstanciada de la visita al domicilio familiar de Ramona Aguiar Sánchez, en el cual la trabajadora social concluyó que la señora no estaba consciente de la omisión de cuidado en que incurrió [fojas 156 Ibídem]; valoración psicológica a Ramona Aguiar Sánchez concluida el trece de abril de dos mil veinte de dos mil veinte, misma que resultó como desfavorable para tener bajo su cuidado a la menor K.G.S.A. [fojas 167 a 175]; Incluso, de autos se advierte que en catorce de mayo de dos mil veinte, se giró oficio a la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nayarit, a efecto de realizar la comparecencia y valoración psicológica, estudio socioeconómico y visita domiciliaria a María Feliz Aguiar Zanchez, Bernabe Hernandez Coronado, ello a fin de verificar si resultan aptos para el cuidado de la menor y sea reintegrada a su ambiente familiar [fojas 182 de autos]. Así, de lo anterior, se advierte que la aludida Subprocuraduría a gestionado y/o procurado o vigilado la situación clínica, psicológica, social y jurídica del menor afectado que se encuentra interna en la institución de asistencia social. No escapa a este juzgador, la circunstancia de que las autoridades responsables Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia Mexicali, DIF Estatal y Albergue Temporal del DIF, ambos de esta ciudad, tienen bajo su guarda y custodia a la menor, derivado de la medida de protección determinada por la Agente del Ministerio Público 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Titular de la Fiscalía Especializada de delitos Contra Mujeres por Razón del Genero, la cual implicó en que dicha menor fuera canalizada al albergue, porque se presumía que fue agredido víctima de violencia sexual. Sin embargo, no se encuentra en posibilidad de analizar la constitucionalidad de dicha medida, toda vez que no se señaló como acto reclamado, ni tampoco se tuvo como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Público de referencia. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Tomo IV, Décima Época octubre de dos mil dieciséis, página 2982, registro 2012857, con el rubro: "MEDIDA DE PROTECCIÓN DECRETADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE ORDENA EL TRASLADO DE UN MENOR VÍCTIMA DEL DELITO A UN ALBERGUE O REFUGIO TEMPORAL PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA POR SU PROGENITORA. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA EN SU CONTRA. El artículo 147 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en que sea procedente la referida medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, así como evitar que se defrauden los derechos de menores hasta la terminación del juicio. Con base en lo anterior, en el supuesto aludido, que es posible justificar con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad contenidas en la demanda de amparo y las pruebas que se acompañen, los efectos de la suspensión serán: a) que las cosas se mantengan en el estado que guardan en tanto se falle el juicio en lo principal, con lo que se logra conservar la materia del controvertido constitucional; y, b) como medidas necesarias que garantice el interés superior del infante y evite que se defrauden o menoscaben sus derechos: i) durante el tiempo que siga bajo custodia del Estado, se respete el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre, mientras no se demuestre a través de procedimientos jurídicos debidos, que la convivencia, en esos términos, lo revictimiza; ello, con la vigilancia o protección del personal del albergue o policial para detectar si se reiteran las conductas o se 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 317/2020-2 genera intimidación o molestia, a fin de respetar su derecho a la dignidad; ii) evaluar mediante estudios pertinentes, si es necesario que la quejosa reciba un tratamiento para erradicar conductas de violencia hacia el niño, de resultar que pericialmente las padece; iii) gestionar ante las instancias correspondientes a fin de que se proporcione al menor una alternativa para que continúen con su instrucción educativa de acuerdo al nivel de estudios con el que cuente; iv) tramitar ante las autoridades de la materia para que se proporcionen los servicios de salud que requiera; v) analizar mediante los estudios correspondientes si es viable que la guarda del menor se realice con algún familiar, de acuerdo con los datos que se contengan en la carpeta de investigación o pueda allegarse la autoridad; vi) alguna otra que sea necesaria conforme al contexto que se justifique. En la inteligencia de que las autoridades responsables son las garantes de que se cumplan con las acciones mencionadas y el juzgado de amparo debe vigilar su cumplimiento. Es así, porque mediante la suspensión provisional pueden mitigarse los efectos de las medidas de protección reclamadas para evitar, en lo posible, la revictimización del menor. Lo anterior, con apoyo en la normativa invocada y en los artículos 3, 16 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen el interés superior de los menores como principio rector en las decisiones de carácter judicial que repercutan en la vida de aquéllos. Asimismo, que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y que tiene derecho a que la ley lo proteja de ellas; también se señala que los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de explotación o abuso y que esa recuperación y reintegración deben llevarse a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y su dignidad; los párrafos (10), (11), (12) y (76) de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, pues en éstos, en esencia, se indica que deben alentarse medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito y se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia, procurando en el procedimiento la protección de su integridad física y psicológica; y, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de Naciones Unidas, emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, entre otros aspectos, establecen que la falta de medios económicos y materiales, o las condiciones directa y exclusivamente imputables a la pobreza, no deberían ser la única justificación para separar a los menores de sus padres, aunado a que la equivocada idea de evitar su revictimización podría conducir a generar en los niños un entorno teóricamente mejor, pero realmente artificial, pues puede afectar su salud la separación con su único familiar." Atento a lo expuesto, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 21/03/21 20:14:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.9b FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que hace a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia y, por los actos ahí precisados. SEGUNDO. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ramona Aguiar Sánchez, en su carácter de representante legal de su menor hija K.G.S.A., contra los actos reclamados a las autoridades responsables Directora del Albergue Temporal de Mexicali y Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando noveno del presente fallo

  3. Principal

    AUTO. Mexicali, Baja California, siete de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito firmado por ************, en su carácter de Asesor Jurídico Federal, mediante el cual solicita que las subsecuentes notificaciones le sean practicadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, proporcionando para tal efecto el usuario ***************, mismo que fue autorizado en auto de diecisiete de agosto del presente año, en el cual solicito y le fue concedido el acceso del expediente electrónico. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a llevar a cabo las notificaciones a la parte actora vía electrónica, conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se le tiene designando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito y señalando correo electrónico y número telefónico; lo anterior, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio, de lo cual se toma el debido conocimiento. Notifíquese vía electrónica.

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