Ramón Zamora Elvira
Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ramón Zamora Elvira
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Informa el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. Acusa recibo del oficio 939/2023-III a través del cual se comunica el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el que este juzgado de Distrito determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto. Radicó el juicio de amparo directo 583/2023. Asimismo, para acordar lo procedente sobre la competencia, el citado órgano colegiado requirió a la autoridad responsable remitiera el juicio ordinario civil de donde emana el reclamo constitucional. Por tanto, estese en espera del pronunciamiento que emita la Superioridad. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Regístrese con el número 553/2023-III que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INCOMPETENCIA LEGAL. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende el reclamo constitucional consiste en: -La sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil 774/2018 o 744/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz. Aduce como violación procesal que Miguel Ángel González González, en su carácter de apoderado legal de María Romero Lizardo, carecía de legitimación para accionar (reivindicatoria). Así como se duele que en su resolutivo quinto se le otorga el plazo de tres días para restituir y desocupar el bien inmueble afecto a la controversia. Igualmente, es importante hacer notar se observa de sus antecedentes formulados bajo protesta de decir verdad, en el expediente de origen el quejoso contestó la demanda y promovió incidente de nulidad por falta de personalidad de la parte actora. Por lo que se integró a la relación jurídica procesal. Así, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en esta vía en relación con el reclamo constitucional. El fundamento son los dispositivos 107, fracciones III inciso a) y V inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracción I; 172, fracciones II y XIII; y, 47 de la Ley de Amparo. La resolución combatida decide el conflicto jurídico de fondo y, por ende, pone fin a éste. No puede ser analizada en esta instancia constitucional, sino a través del juicio de amparo directo. Atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 170 de la Ley de la materia. Promover juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa. Competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. El cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia de la instancia constitucional. Sin que pase inadvertido en el apartado de conceptos de violación el quejoso pida la concesión del amparo a fin de que se lleve a cabo su llamamiento a juicio. Porque esa mención la hace derivar del argumento relativo a que el Juez no se percató ni resolvió su dolencia atinente a la falta de personalidad o legitimación de quien ejerció la acción en su contra. Por eso pide subsanar el proceso para volver a ser emplazado cuando comparezca a demandarlo quien tenga derecho a ello. Como se ve su dolencia la hace derivar como la violación procesal de falta de legitimación de la persona que instó la acción civil. Refiere textualmente que el motivo de esa solicitud es: ".y posteriormente se emplace legalmente a juicio para que comparezca quien tenga derecho con toda oportunidad al trámite del juicio al que fui emplazada (sic) ilegalmente." Lo que pone de manifiesto se plantea como una violación procesal de las contempladas en el artículo 172, fracciones II y XII, de la Ley de Amparo (materia de amparo directo). Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª), Materia(s): Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página noventa y cinco, número de registro 2008791, de rubro y texto siguiente: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la ley reglamentaria, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, al tratarse de una sentencia que resuelve el fondo del asunto. Por ende, materia de amparo directo, cuya competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Xalapa, Veracruz. En consecuencia, envíese el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales antes mencionados, para que se sirva remitirla al órgano que por turno corresponda su conocimiento y pueda éste proveer lo conducente. Solicitándole que una vez obre en su poder, de no existir inconveniente legal, acuse el recibo de estilo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CCXI/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 41, del Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro 188429, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo e impresión de la presente determinación. DOMICILIO. Se tiene como tal el lugar señalado en el proemio de la demanda de amparo AUTORIZADO. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ******************** LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.
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