Ramón Zamora Cortés
Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ramón Zamora Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que remite los autos originales del presente juicio de amparo y copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo del año en curso, dictada dentro del amparo en revisión 42/2021; cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramón Zamora Cortés, contra el auto y autoridad señalados en esta ejecutoria." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes; acúsese el recibo de estilo correspondiente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente por cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Ramón .., contra la sentencia dictada en el presente asunto, el cual quedó registrado con el número 42/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo en que se actúa para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto, el cual quedó radicado con el número de recurso de revisión 42/2021. Asimismo, como lo solicita el tribunal colegiado, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que realice la notificación por lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional de la sentencia de siete de enero del año en curso, a la parte quejosa; una vez que se tenga la constancia respectiva, sin ulterior acuerdo, remítase a la superioridad. SENTENCIA DE SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de enero de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 653/2020-IV; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte, por el Secretario de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, encargado de la guardia, Ramón Zamora Cortés, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por el acto que se precisará en el considerando segundo. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: 1. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México: a) El acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta auxiliar 145/2020, en la audiencia para debatir respecto de la nulidad del aseguramiento decretado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la carpeta de investigación CUA/CUA/CUA/032/119134/19/04, respecto del vehículo de la marca Road King, modelo mil novecientos noventa y ocho y número de serie RKM98T5R0094. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación consistente en copias certificadas de dos discos compactos relativos a la carpeta auxiliar 145/2020 (expediente digital y audiencias sobre devolución de bienes asegurados), a las que se les otorga pleno valor probatorio, al encontrarse certificados por el funcionario facultado para ello. Resulta ilustrativa la tesis VI.2o.P.6 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a fojas 1529 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, de la Décima Época, cuyo rubro y texto es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL HECHAS EN DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD). PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONSTITUYEN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE DESAHOGA POR SÍ MISMA, CUANDO SON REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA JUSTIFICAR SU INFORME. Hasta hace algunos años el concepto de documento parecía no requerir mayor definición, pues era inmediatamente entendido como escritura - documento escrito-. No obstante, el acelerado avance científicotecnológico ha generado una gran diversificación en los medios y modos de almacenar información (los cuales se han adoptado y popularizado en las sociedades modernas), evolución que ha derivado en que la equivalencia entre escritura y documento no pudiera mantenerse por más tiempo. Ejemplo de la anterior realidad es que para la implementación del nuevo procedimiento penal de corte acusatorio y oral, producto de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, los ordenamientos adjetivos surgidos a raíz de ésta han establecido que el registro de las audiencias orales no sea por escrito, sino que debe efectuarse a través de audio y video (imágenes y sonidos), lo que implica que la información captada por esos medios deba ser almacenada a través del soporte material correspondiente, para así formar parte de las constancias que integran el procedimiento. Esto es, las actuaciones en los nuevos procedimientos penales ya no se encuentran limitadas al soporte físico proporcionado por el papel, sino que, siendo finalmente datos, se están almacenando en soportes y formatos diversos (dependiendo el tipo de información de que se trate), los cuales integran las constancias del procedimiento con plena validez y eficacia legal. Siendo así, si una autoridad judicial remite como apoyo a su informe con justificación un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), que contiene la videograbación de una audiencia, lo que está haciendo es simplemente adjuntar el documento idóneo para justificar su informe, el cual tendrá pleno valor probatorio siempre y cuando esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad judicial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental.". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo1 . Así, al haberse analizado y valorado precisamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Los antecedentes del asunto que se desprenden de la reproducción del disco óptico correspondiente a la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, que se llevó a cabo vía telepresencia en el Juzgado responsable, con la asistencia de las partes, son: El veintidós de abril de dos mil diecinueve, Vicente García Domínguez, formuló denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el hecho delictuoso de fraude cometido en su agravio, en la que señaló: Que el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, realizó un contrato de compraventa con el señor Carlos Rafael Mercado González, respecto del vehículo Road King, modelo mil novecientos noventa y ocho, placas de circulación 54-6A FI del Servicio Público Federal, color negro con blanco y número de serie RKM98T5R0094. Que la compraventa se realizó en el domicilio ubicado en avenida 20 de Noviembre número diecinueve, en San Juan Capula, municipio de Tepozotlán, Estado de México, en donde tiene un lote de autos, entregándole el señor Carlos Rafael el cheque número 3230644, correspondiente a la cuenta 04027578681, de la institución bancaria HSBC, a nombre de Marco Toks, S.A. de C.V., por la cantidad de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), que fue el precio pactado por la compraventa del automotor. Por lo que, el primero de abril del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, al acudir a la sucursal bancaria de HSBC ubicada en Valle Dorado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para cobrar el cheque, le informaron que la cuenta no existía y que el formato de ese título de crédito no era el que se estaba utilizando, motivo por el cual, se querelló por el hecho delictuoso de fraude. En atención a lo anterior, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, inició la carpeta de investigación CUA/CUA/CUA/032/119134/19/04, en donde ordenó la realización de diversos actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Siendo el licenciado Josafat Hernández Martínez, agente del Ministerio Público, quien giró el oficio con número económico 385/2019 de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dirigido a la Maestra Maribel Cervantes Guerrero, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, para la búsqueda, localización y presentación del citado vehículo, el cual fue puesto a disposición de la Representación Social el quince de julio de dos mil veinte, por elementos de la Policía de Investigación. El quince de julio de dos mil veinte, Vicente García Domínguez, se presentó ante el órgano técnico investigador y acreditó fehacientemente la propiedad del vehículo con la factura 03001135 de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, expedida por Road King, S.A. de C.V., y la diversa 1005 de veintiséis de diciembre de dos mil tres, expedida a nombre de Luis Flores Quintanar, en la que consta el endoso a favor de Vicente García Domínguez. Por ello, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en esa misma fecha, esto es, el quince de julio de dos mil veinte, decretó el aseguramiento del vehículo Road King, modelo mil novecientos noventa y ocho, placas de circulación 54-6A FI del Servicio Público Federal, color negro con blanco y número de serie RKM98T5R0094. Posteriormente, el veintidós de julio de dos mil veinte, el hoy quejoso Ramón Zamora Cortés, presentó un escrito ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para solicitar que el vehículo no fuera devuelto, argumentando ser el propietario de dicha unidad automotriz; refiriendo que el Ministerio Público no le dio respuesta a su solicitud. Motivo por el cual presentó una solicitud ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, pidiendo la nulidad del aseguramiento decretado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, respecto del vehículo Road King, modelo mil novecientos noventa y ocho, placas de circulación 54-6A FI del Servicio Público Federal, color negro con blanco y número de serie RKM98T5R0094. El veintidós de septiembre de dos mil veinte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, resolvió la petición del quejoso Ramón Zamora Cortés, señalando que dentro de sus facultades no se encontraba el de autorizar el aseguramiento de bienes, pues dicha técnica de investigación no requería autorización del Juez de Control para que el Ministerio Público pudiera decretarlo. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se resumen en que el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, debió decretar la nulidad del aseguramiento efectuado el quince de julio de dos mil veinte, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la carpeta de investigación CUA/CUA/CUA/032/119134/19/04, pues dicha técnica de investigación requiere previa autorización judicial para llevarse a cabo, por lo que al no haberse decretado el aseguramiento del vehículo con la revisión del órgano jurisdiccional, dicho acto es violatorio de derechos fundamentales y debió declararse nulo. Sin embargo, como se mencionó, son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, pues la resolución dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y por tanto no vulnera en perjuicio de la parte quejosa Ramón Zamora Cortés sus derechos humanos como lo afirma. Pues de manera correcta el Juez responsable resolvió que no era procedente decretar la nulidad de la técnica de investigación efectuada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, consistente en el aseguramiento del vehículo Road King, modelo mil novecientos noventa y ocho, placas de circulación 54-6A FI del Servicio Público Federal, color negro con blanco, y número de serie RKM98T5R0094, efectuado el quince de julio de dos mil veinte, en los autos de la carpeta de investigación CUA/CUA/CUA/032/119134/19/04, pues, dicha diligencia no requiere de autorización judicial por parte del Juez de Control, determinación que se considera legal por las razones que enseguida se exponen. Primeramente, debe indicarse que conforme a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o., fracción VII, 24 y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con un análisis íntegro de este último cuerpo legal, el Juez de Control disfruta de las facultades y atribuciones establecidas en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los actos realizados con violación de derechos humanos serán nulos y no podrán ser saneados ni convalidados, es decir, se trata de una nulidad absoluta, la cual deberá ser declarada por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte. Ahora bien, el artículo 240 de la codificación en cita, establece como una técnica de investigación por parte del agente del Ministerio Público el aseguramiento de vehículos. Asimismo, el diverso numeral 229 de la citada codificación señala que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan y que para ello se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Por su parte, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, enumera cuales son las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control, las cuales son las siguientes: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista de testigos; XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, y XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen como actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control, la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, así como el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada. Ahora bien, de un análisis del artículo 252, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el aseguramiento de vehículos por parte del agente del Ministerio Público investigador no requiere de autorización judicial previa para poder llevarse a cabo, pues en dicho numeral se encuentran establecidas de manera concreta y especifica los actos de investigación que requieren previa autorización del Juez de Control. Por tanto, es dable concluir que si el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece que el aseguramiento de vehículos por parte del agente del Ministerio Público investigador requiera previa autorización del Juez para decretarlo, resulta claro que el órgano técnico investigador puede decretar su aseguramiento. Es aplicable la tesis (IX Región) 1o.4 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, consultable en la página 3327 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Décima Época, que establece: "ASEGURAMIENTO DE BIEN MUEBLE. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A DECRETAR SU RESTITUCIÓN A FAVOR DE QUIEN SE OSTENTE COMO SU LEGÍTIMO PROPIETARIO O POSEEDOR, NO ESTÁ SUJETA A REVISIÓN JUDICIAL ANTE EL JUEZ DE CONTROL. Conforme a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción VII, 24 y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con un análisis íntegro de este último cuerpo legal, el Juez de control, entre otras, disfruta de facultades o atribuciones para resolver sobre: a) la incompetencia por declinatoria del órgano jurisdiccional (artículo 27); b) las medidas cautelares y providencias precautorias, así como sobre la acumulación o separación de procesos (artículos 33, 35 y 157); c) los actos de investigación que requieran control judicial, como las órdenes de cateo, la exhumación de cadáveres, la intervención de comunicaciones o la toma de muestras o fluidos (artículo 251); d) las impugnaciones relacionadas con las determinaciones del Ministerio Público en materia de reserva, archivo, no ejercicio de la acción penal o la aplicación de algún criterio de oportunidad (artículo 258); e) el abandono de bienes asegurados (artículo 231); f) los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aceleración procesal, como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso a prueba y los procedimientos abreviado y simplificado (artículos 190, 191, 201 y 331); g) la recepción de la prueba anticipada, control de la detención, formulación de la imputación, vinculación a proceso y sobre la solicitud de sobreseimiento en la causa (artículos 304, 307, 309, 316 y 330). Asimismo, dicho juzgador es quien dirige la etapa intermedia en lo relativo a la admisión de pruebas, resolución de excepciones, incidencias y demás determinaciones tendentes a depurar el proceso (artículos 336, 341, 344, 345 y 347). Sin embargo, entre la detallada gama de facultades a cargo del Juez de control no se encuentra la inherente a revisar indistintamente todos los actos realizados por el Ministerio Público, como cuando por determinadas razones, éste se niega a restituir bienes muebles previamente asegurados a favor de quien se ostente como su legítimo propietario o poseedor, por lo que tampoco está sujeta a control judicial, al no tratarse de un caso expresamente consagrado en el código mencionado". Asimismo, fue correcta la determinación del Juez responsable, al señalar que si bien el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la posibilidad de que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento, no podía soslayarse que en el asunto sometido a su consideración, la petición había sido formulada fuera del plazo establecido en el artículo 98 del citado código. Lo anterior porque efectivamente la petición del quejoso Ramón Zamora Cortés, fue presentada fuera del plazo a que se refiere el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que la solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda; asimismo, establece que si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Por lo que, si el aseguramiento fue decretado el quince de julio de dos mil veinte, y la petición de nulidad de esa técnica de investigación por parte del Ministerio Público investigador la formuló hasta el cuatro de septiembre del año próximo pasado, es evidente que la misma se encontraba fuera del término establecido en el citado numeral y por tanto no era dable analizar su solicitud. Máxime, que como bien lo refirió el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, el aquí quejoso Ramón Zamora Cortés, no se ha presentado ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, ni tampoco ha acreditado la propiedad del vehículo que refiere fue asegurado de manera ilegal por dicha autoridad y cuyo aseguramiento pretendió se declare nulo. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que las partes se encuentran debidamente notificadas de la resolución impugnada y del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, como se encuentra ordenado en autos, con el original y copia del escrito de agravios, remítase el juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso citado, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que deberá constar copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el que se actúa, así como del escrito de agravios, auto por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, constancias de notificación de este y autógrafa del presente auto, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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