Ramón Zacarías Tlacomulco
Expediente 1239/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ramón Zacarías Tlacomulco
Actuaciones
- Incidental
Se agregan al incidente los oficios de cuenta, signados por la Directora de Mandamientos Judiciales por sí y en representación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; mediante los cuales rinden sus informes previos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos para resolver este incidente.
- Principal
Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por la Directora de Mandamientos Judiciales por sí y en representación del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; mediante los cuales rinden los informes justificados que les corresponden. En consecuencia, se dan a conocer a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; ello, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Incidental
Como se ordenó con esta fecha en el expediente principal, con copia simple de la demanda de amparo y autorizada del acuerdo emitido en el juicio de origen tramitese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1239/2019, promovido por *****, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, y otras autoridades. Por lo que en términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables que rindan informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, rendirse por duplicado y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. De ahí que se les envíe copia de la demanda adjunta al oficio en donde se contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables que al rendir informe previo, señalen la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados al quejoso; y si fuere patrimonial informen el monto del daño causado. Además, con fundamento en el artículo 131 de la citada legislación, se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que sea celebrada la audiencia incidental. Ahora, el quejoso reclama el cumplimiento y materialización de una orden de presentación o aprehensión en su contra. Por tanto, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I, del citado artículo 166, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional solo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, este quedara a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea aprehendido, y a resolución del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166, es decir, si se trata de delitos ajenos a la prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el referido quejoso no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Cabe precisar que la suspensión concedida carecerá de efecto alguno si el quejoso es sorprendido en la comisión de flagrante delito. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negarle la protección, deberá presentar escrito en el plazo de cinco días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, omite exhibir una garantía por la cantidad de dos mil quinientos pesos moneda nacional ($2,500.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. La garantía anterior se fija de manera discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia; además porque se desconoce la naturaleza, modalidades y características del delito imputado y la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia por parte del quejoso Dicha garantía la deberá aportar a satisfacción del juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Solo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 24/2017, del citado tribunal. También se realiza el apercibimiento siguiente: en caso de que el quejoso omita exhibir la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión provisional dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Por otro lado, de resultar cierta la orden presentación o aprehensión se requiere a la quejosa para que acuda física y personalmente dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra, o en su caso, para intervenir en las diligencias correspondientes. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de cinco días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de omitir hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se informa al peticionario del amparo que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Por último, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído, previa razón e identificación a dejarse en actuaciones para constancia.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de los jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otras autoridades. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y debido a que la demanda de amparo cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite. En tal virtud, fórmese el expediente constitucional, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectúense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Precisión respecto de las autoridades responsables. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que dentro de las autoridades judiciales señaladas como responsables ordenadoras, se encuentran los Jueces de Control de Oralidad de las Zonas Centro y Centro-Poniente, con sede en las casas de justicia de esta ciudad y de San Andrés Cholula, Puebla, respectivamente; por lo tanto, resulta menester precisar lo siguiente: Es un hecho notorio para este órgano judicial que aun cuando existen diversos jueces de control en cada una de las regiones judiciales, los mismos se conforman en un solo ente: Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución. Pues así lo informó Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución Sede Regional Puebla, al momento de rendir su informe justificado relativo al juicio de amparo ****, en el cual, de manera textual apuntó: "Por este conducto, y toda vez que para las etapas: inicial, preliminar o de investigación, por su propia naturaleza, de preparación del juicio oral, no requieren de un Juez especifico, sino sólo uno del Poder Judicial que deba intervenir, es que el suscrito, está facultado para emitir los informes previo y justificado de los actos reclamados a las autoridades responsables definidas como Jueces de Control y Ejecución de la región judicial centro." Por tanto, resulta innecesario enviar oficio para cada uno de los jueces de control de la misma región judicial y tenerlos como autoridades responsables distintas. De ahí, resulta viable tener como autoridades judiciales responsables sólo a los Jueces de Control adscritos a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución, de las Regiones Judicial Centro -con sede en Puebla, Puebla- y Centro-Poniente -residente en San Andrés Cholula, Puebla-. En consecuencia, se instruye a la Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, registre a las autoridades judiciales responsables, con las denominaciones señaladas en el párrafo precedente. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, con copia simple de la demanda y autorizada del presente acuerdo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; constancias conforme a las cuales habrá de resolverse lo relativo a dicha medida cautelar. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a las autoridades responsables que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberán remitir a este juzgado (según el caso) copia auténtica o certificada, completa, legible y ordenada de las constancias, actuaciones y de los registros digitales (videograbaciones) que sean necesarios para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. En el entendido que respecto de los registros digitales en mención, éstos deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez. Asimismo, al remitir los registros digitales con los que cuente, deberán acompañar, el índice cronológico del desarrollo de la audiencia, el cual no es un simple listado de las intervenciones de las partes, sino que deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada intervención, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia auténtica o certificada completa, legible y ordenada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de los registros digitales (videograbaciones) y del índice cronológico ante referido, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario) , de conformidad con el artículo 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que, en caso de desatender dicho requerimiento, les será impuesta, a la omisa, una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Informe de terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días , contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se les apercibe que si omiten cumplir lo ordenado en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, les será impuesta a cada una, multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Notificación de las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se les saber a las responsables, que en el presente juicio solo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Asimismo, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se le impondra una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Omitir cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado. Además, como autorizada, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, por así solicitarlo el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Hago saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos.
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