Ramon y/o José Ramón Calvo Meneses y Otros.

Expediente 192/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
192/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Ramon y/o José Ramón Calvo Meneses y Otros.
  • Ramon y/o José Ramón Calvo Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    En uno de marzo de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 9 a 15), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    En diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por Ramón Calvo Meneses, o Jose Ramón Calvo Meneses, Adrian Leon Robles, o Jose Adrian Leon Robles, Reynol Ozuna Coutiño, o Jesus Reynol Ozuna Coutiño, Marven Morgan Jimenez, o Marben Morgan Jimenez, Herminio Lopez Morales, o Herminio Marcos Lopez Morales y Alex Perez Estrada. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Calvo Meneses, o Jose Ramón Calvo Meneses, Adrian Leon Robles, o Jose Adrian Leon Robles, Reynol Ozuna Coutiño, o Jesus Reynol Ozuna Coutiño, Marven Morgan Jimenez, o Marben Morgan Jimenez, Herminio Lopez Morales, o Herminio Marcos Lopez Morales y Alex Perez Estrada, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 192/2018-V. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la aclaración de la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Del análisis de la transcripción que antecede, se advierte, que los demandados Ramón Calvo Meneses, o Jose Ramón Calvo Meneses, Adrian Leon Robles, o Jose Adrian Leon Robles, Reynol Ozuna Coutiño, o Jesus Reynol Ozuna Coutiño, Marven Morgan Jimenez, o Marben Morgan Jimenez, Herminio Lopez Morales, o Herminio Marcos Lopez Morales y Alex Perez Estrada, reclaman: "ORDENADORA: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. lV.- ACTO RECLAMADO.- La orden de embargo de cuentas bancarias y sistemas de ahorro crediticio que se encuentran a nombre de los suscritos impetrantes de amparos en todas y cada una de las instituciones y sociedades de crédito e inversión registradas en el Banco de México, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, su congelamiento y entrega de los recursos económicos que reporten a favor de quienes señalan como terceros interesados en la presente demanda, emitido en autos del expediente número J/O/872/2012, relativo al juicio ordinario laboral promovido en nuestra contra por el señor JORGE ALBERTO LAGUNAS LOPEZ, por conducto de sus apoderados legales licenciados MIGUEL ANGEL RAMOS ORTEGA Y ROBERTIER FRANCISCO VAZQUEZ MONTERROSA.". [sic.]. En ese contexto, se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del normativo preinserto se desprende que respecto a los actos dictados en ejecución de sentencia, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución dictada en el procedimiento relativo (definida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que se hubieren cometido durante el mismo; o, tratándose de remates, únicamente podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Empero, debe destacarse que, al interpretar la fracción III del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo, que coincide en esencia con lo que ahora dispone la fracción IV del numeral 107 de la legislación vigente desde el tres de abril de dos mil trece -con la salvedad de que este último precepto ya contiene la definición de lo que debe entenderse por la última resolución dictada en el procedimiento respectivo-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado algunas excepciones al criterio general antes aludido, al señalar que existen ciertas determinaciones que se dictan en un procedimiento de ejecución de sentencia contra las cuales, a pesar de que no constituyen la "última resolución" emitida en esa etapa, sí procede el juicio de amparo indirecto, o bien, aquellas que gozan de autonomía respecto de dicho periodo y no tienen como finalidad directa o inmediata ejecutar el fallo. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se pueden citar: 1. La resolución que hace líquida una sentencia; 2. La interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva; 3. La imposición de una multa a la persona física o titular que actuó como autoridad; y, 4. La designación de un interventor con cargo a la caja, dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Lo aseverado en el párrafo que precede se corrobora con las jurisprudencias 1a./J.6/98 y 1a./J.77/2006, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 60, y en el diverso XXV, enero de 2007, página 111, respectivamente, que son del tenor siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento". "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad". Así como las jurisprudencias 2a./J. 3/2001 y 2a./J.201/2006, formuladas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el aludido medio de difusión, Tomo XIII, febrero de 2001, página 110, y en el diverso XXV, enero de 2007, página 637, respectivamente, que son del tenor siguiente: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo". "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 187, con el rubro: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", sostuvo que solamente procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución con la que culmine el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate. Sin embargo, en atención a los efectos jurídicos y al impacto severo, que la intervención con cargo a la caja, causa a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irreparable para el contribuyente, ya que tal acto limita la disposición de su patrimonio por quedar a cargo del interventor, en términos del artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, la obligación de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás créditos preferentes, además de retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida en que se efectúe la recaudación, por excepción, la designación del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de ejecución es impugnable en amparo indirecto". Empero, el caso particular no encuadra en alguno de los supuestos de excepción descritos en párrafos que anteceden, pues los promoventes reclaman el embargo de cuentas bancarias y sistemas de ahorro crediticio que se encuentran a nombre de los mismos, en todas y cada una de las Instituciones y Sociedades de Crédito e Inversión registradas en el Banco de México, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el cual fue ejecutado el once de diciembre de dos mil catorce, en autos del juicio laboral J/O/872/2012, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el congelamiento y entrega de los recursos económicos propiedad de los suscritos: habida cuenta que la afectación que con dichos actos se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con las condenas económicas precisadas en el laudo; condición que se deduce de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, con número de registro digital 163152, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Ello es así, pues el acto reclamado (embargo) tiene la calidad de impulsor del cumplimiento del laudo emitido en autos del juicio laboral de origen, lo cual desde luego, hace que no pueda ser contemplado como excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es acorde con esta situación, por analogía, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el dígito 177 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 145, cuyo epígrafe y texto rezan: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Por tanto, los actos reclamados no se ubican en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen autonomía propia en relación con la ejecución del laudo, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, como se advierte de la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". Pues como quedó asentado en líneas precedentes, en la especie, los actos reclamados no son autónomos del laudo emitido dentro del procedimiento laboral génesis de tales actos, pues se constituye con el embargo de cuentas bancarias del quejoso en el periodo de ejecución del laudo emitido en el juicio de origen, lo que desde luego, lejos de constituir una resolución autónoma al propio laudo, es precisamente parte de la ejecución de éste. Asimismo, al ser las determinaciones reclamadas actos dentro del periodo de ejecución de sentencia, tampoco afectan de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni es de los considerados de ejecución irreparable o de imposible reparación, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de la sentencia que hubieren dejado sin defensa al impetrante. Lo anterior tiene como propósito impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público. De ahí que, los actos reclamados, no constituyen el último acto o resolución dictado en el procedimiento de ejecución, por lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en cuarta calle poniente número 2020-B, Barrio San Francisco de esta ciudad; y, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las persona que indica, toda vez que su cédulas si se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a los promoventes.

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