Ramón Vega Hernández

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Ramón Vega Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite la ejecutoria de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del incidente de inejecución 44/2022, en la que se resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia ante la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la fallo protector dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en los autos del juicio de amparo indirecto 499/2022." En consecuencia, tal como lo ordena la Superioridad, se ordena remitir el acuse de recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, previas las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. NOTIF,

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de dieciocho del mes y año en curso, dictado en el incidente de inejecución de sentencia 44/2022. Asimismo, del auto citado se advierte que el Tribunal de Alzada admitió el incidente hecho valer por la parte quejosa; lo anterior, se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días a que hace referencia el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de inconformidad, en contra del auto de once de octubre del año en curso. En consecuencia, tomando en consideración que obran en autos las constancias de notificación efectuadas a las partes, respecto del proveído antes precisado, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar. En ese sentido, se ordena formar cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio en proveído de treinta de septiembre del año en curso, a efecto de que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificado. Estudio de cumplimiento Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, por lo que se procede a analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora, en la sentencia definitiva de veinte de junio del año en curso, en su punto resolutivo único, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a RAMÓN VEGA HERNÁNDEZ, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, realizara lo siguiente: "Inmediatamente gire exhorto a su homóloga en Ciudad de México, para emplazar a la parte demandada, al juicio laboral 989/2020, haciendo de su conocimiento que el emplazamiento deberá realizarlo con la oportunidad a que se refiere el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se pronuncie el acuerdo a notificar o en su defecto, decrete la imposibilidad para hacerlo. Desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, señale fecha dentro de los quince días siguientes al auto en el que cumpla con lo aquí solicitado, lo que se hace extensivo respecto para posteriores diferimientos tendentes a celebrar la audiencia de ley.". Sentencia que causó ejecutoria el ocho de julio de este mismo año, por lo que en esa fecha se requirió su cumplimiento. Así, por oficios recibidos en este juzgado, en lo que aquí interesa, el catorce de julio y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio laboral de origen 989/2020, dentro de las que destacan las siguientes: Auto de trece de julio del año en curso, en el que tuvo a la parte actora -aquí quejosa-, por desistida de la instancia, respecto de las personas físicas Ramón Gabriel Serrano Segovia, Mónica Serrano Velarde, Ana Sofía Serrano Velarde y Juan Estrella Danis, continuándose el juicio de origen únicamente en contra de las morales Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Transportes Ramses S.A. de C.V., Servicios Operativos Granportuaria S.A. de C.V. y Granportuaria Servicios Dedicados, S.A. de C.V. Audiencia de conciliación demanda y excepciones llevada a cabo el veintiocho de septiembre del año en curso, en el expediente laboral de origen 989/2020. Documentos que tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En relatadas circunstancias, conviene señalar que cuando se concede la protección constitucional, si la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en tanto que cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar del derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la transcripción anterior se tiene que a través del cumplimiento del fallo protector se logra el restablecimiento del orden constitucional, por lo cual dicho cumplimiento debe ser total, es decir, reintegrando a la parte quejosa completamente en el goce del derecho violado cuando sea material y jurídicamente posible. En el presente caso, para cumplir el fallo protector en su totalidad se requería que la Junta responsable girara exhorto a su homóloga en Ciudad de México, para emplazar a la parte demandada, al juicio laboral 989/2020, haciendo de su conocimiento que el emplazamiento debería realizarlo con la oportunidad a que se refiere el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se pronunciara el acuerdo a notificar o en su defecto, decretara la imposibilidad para hacerlo. Asimismo, desahogara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, señalara fecha dentro de los quince días siguientes al auto en el que cumpliera con lo ordenado en la sentencia, pues ese fue el efecto para el que se concedió el amparo. Sin embargo, lo anterior no fue jurídicamente posible, debido a que en proveído de trece de julio del año en curso, la Junta responsable tuvo a la parte actora -aquí quejosa-, por desistida de la instancia, respecto de las personas físicas Ramón Gabriel Serrano Segovia, Mónica Serrano Velarde, Ana Sofía Serrano Velarde y Juan Estrella Danis, continuándose el juicio de origen únicamente en contra de las morales Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Transportes Ramses S.A. de C.V., Servicios Operativos Granportuaria S.A. de C.V. y Granportuaria Servicios Dedicados, S.A. de C.V. Razón por la cual precisamente en la audiencia de conciliación demanda y excepciones llevada a cabo el veintiocho de septiembre del año en curso, en el expediente laboral de origen 989/2020, la responsable únicamente tomó en consideración como demandadas a Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Transportes Ramses S.A. de C.V., Servicios Operativos Granportuaria S.A. de C.V. y Granportuaria Servicios Dedicados, S.A. de C.V. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara que en el caso existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y da vista a las partes a fin de que estén en condiciones de interponer el recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación correspondiente; asimismo se precisa que una vez transcurrido dicho plazo sin que se interponga el citado medio de impugnación, se ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en turno, para los efectos precisados en el numeral 193 de la ley de la materia, esto es, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. Cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), con registro digital: 2014210, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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