Rámón Valle Canul
Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Rámón Valle Canul
- Rámón Valle Canul y Otros.
- Gaspar Canul Vera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. (...) Finalmente, devuélvanse al juzgado responsable las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, al no existir necesidad de que obren en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 27/2022-II, promovido por ******************** y ********************, contra un acto del Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Estado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Tekax, Yucatán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El doce de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo presentada por ******************** e ********************, defensores de ******************** y ********************, contra los actos atribuidos al Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Estado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Tekax, Yucatán, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El catorce de enero de dos mil veintidós, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Primero de Distrito; por lo cual, en auto de diecisiete siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número ********************-II, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Previo diferimiento y emplazados que fueron los terceros interesados, ******************** y el agente del Ministerio Público del fuero local adscrito al juzgado de control responsable, la audiencia constitucional se celebró el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. A través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. El veintiséis de diciembre del presente año, se recibió el juicio amparo ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 27/2022-II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito, lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir del dieciséis del mencionado mes, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama una resolución en materia penal ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Estado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Tekax, Yucatán. La resolución dictada el veintidós de diciembre en la cual se declaró legal la detención de la parte quejosa y se decretó la medida cautelar: prisión preventiva justificada. El auto de vinculación emitido en la carpeta administrativa ********************, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, contra la parte quejosa por su probable intervención en el hecho señalado como homicidio calificado cometido en grado de tentativa y en pandilla, previsto y sancionado por los numerales 368 con relación al 378, 379 párrafo primero, 380, fracciones II y IV, 381, 384, relacionados al 365 párrafos primero y segundo vinculados con el 17 y 84, párrafo primero, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por los ********************, e imputado por la representación social. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables ya precisadas, aceptaron la existencia del acto reclamado. Además, la certeza se corrobora con las constancias remitidas como justificativas de su respectivo informe referentes a la carpeta administrativa ********************, así como un disco compacto que contiene dos archivos de audio y video; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial quien es una funcionaria pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. En el juicio que se estudia, los actos reclamados son el auto que declaró legal la retención de los quejosos, el acuerdo de prisión preventiva justificada, así como el auto de vinculación a proceso dictado contra la parte quejosa en la continuación de la audiencia inicial de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa ********************, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el particular, los dos primeros se notificaron en audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y mientras que el auto de vinculación se notificó en la misma audiencia, por lo que en términos de los artículos 63, y 82, fracción I, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió sus efectos al día hábil siguiente en que se practicó, es decir, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Entonces, el plazo para ejercer la acción constitucional trascurrió del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno al doce de enero de dos mil veintidós y del veintinueve de diciembre al dieciocho de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el doce de enero de dos mil veintidós, se concluye que la acción constitucional se ejerció oportunamente. QUINTO. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Imputación. La audiencia de formulación de imputación inició a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en la que previa exposición de la solicitud de vinculación a proceso, los imputados se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional (ciento cuarenta y cuatro horas), razón por la que se fijaron las doce horas del veintisiete de diciembre siguiente, para la continuación de la audiencia inicial. Medidas cautelares. El Juez responsable, impuso la prisión preventiva justificada, la cual empezaría a contar desde el momento de la audiencia (veintidós de diciembre de dos mil veintiuno) y cuya vigencia sería por todo el tiempo que durara el proceso, sin exceder los dos años. Vinculación a proceso. Finalmente, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control responsable dictó auto de vinculación a proceso contra los aquí quejosos, por los hechos señalados como homicidio calificado cometido en grado de tentativa y en pandilla, previsto en los artículos 368 con relación al 378, 379 párrafo primero, 380, fracciones II y IV, 381, 384, relacionados al 365 párrafos primero y segundo vinculados con el 17 y 84, párrafo primero, todos del Código Penal del Estado de Yucatán. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. El análisis se realizará a luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para analizar la constitucionalidad del acto reclamado es conveniente precisar que de la interpretación armónica del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con los requisitos siguientes: i Que se haya formulado la imputación; ii Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; iii Que la resolución se emita dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir que el imputado sea puesto a disposición del juez de control (o en el término ampliado, en caso de que el imputado así lo deseara); iv Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, v Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Además, al resolverse la situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundamentar y motivar debidamente sus actos. En ese orden de ideas, del estudio detallado de las constancias que remitió el juez de control, así como el registro audiovisual de la audiencia de formulación de imputación y la diversa de vinculación a proceso, y en atención a que la presente resolución se dicta al tenor del artículo 19 constitucional, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo; por ende, la resolución de vinculación a proceso reclamada, se dictó ajustada a derecho y no irroga violación alguna a derechos humanos, por las siguientes consideraciones. El primer elemento constitucional se cumplió, en virtud que se formuló una imputación contra los investigados, en la que se les informó el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención atribuida, así como el nombre de quien los acusó, ello tal como se desprende de la videograbación de la audiencia de formulación de imputación de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se satisfacen el segundo y tercer requisitos, dado que se considera que la parte quejosa conoció sus derechos, pues al estar asesorado por su defensa -quien se identificó con cédula profesional en licenciatura en derecho la audiencia inicial, medida cautelar y vinculación a proceso-, al cuestionárseles sobre si era su deseo declarar, expresaron que no era su voluntad hacerlo; de igual forma, una vez expuesta la solicitud de vinculación a proceso y los datos de prueba con que contó la fiscalía para hacerla, se les informó sobre el plazo constitucional, por lo cual se acogieron a la duplicidad del término constitucional, a las ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, referente al cuarto de los requisitos establecidos, de las exposiciones que se efectuaron ante el juez de control en la audiencia de formulación de imputación y en el debate respectivo, permiten concluir de manera razonable que existen datos de prueba que establecen que probablemente se cometió el hecho señalado como delito por el que se le vinculó a proceso. De la misma manera, en cuanto al deber del juez de fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, acorde a lo establecido por el artículo 16 constitucional, en el caso se encuentra satisfecho. Lo anterior, los datos de prueba ponderados por la Juez de control, esencialmente, consistieron en: El informe policial homologado emitido por el agente especial de investigación ********************. El indicio número uno consistente en el machete con hoja de metal, de mango de plástico con la marca "Corneto", el cual fue asegurado para el inicio de la cadena de custodia. El croquis del lugar de la detención. Actas de entrevista realizadas por el Fiscal Investigador a los Agentes ********************, ******************** y ********************, en donde el primero ratificó el informe que rindió y los segundos la narrativa de su intervención la cual coincidía con el informe homologado, refiriendo que encontraron a dos de los tres sujetos activos que coincidían con la descripción de aportada por los testigos y la víctima. El informe policial homologado emitido por el comandante ******************** de la policía municipal de ******************** de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Actas de entrevista realizadas por el Fiscal Investigador a los Agentes ********************, ******************** y ********************, en donde el primero ratificó el informe que rindió y los segundos la narrativa de su intervención la cual coincidía con el informe homologado, en el cual informaron que acudieron al llamado de emergencia respecto de una persona que había sido agredida, por lo que al llegar al lugar de los hechos, auxiliaron a la víctima y la llevaron al centro de salud. La denuncia de la víctima ******************** emitida ante la Fiscalía Investigadora cuando se encontraba en urgencias del Hospital General de Tekax. Entrevista realizada al testigo ********************, realizada por la Fiscalía Investigadora, quien se encontraba con la víctima en el lugar y al momento de los hechos. Entrevista realizada al testigo ********************, que refirió que el día de los hechos se encontraba trabajando en el lugar donde inició la agresión por parte de los sujetos activos. Entrevista al testigo ********************, quien se encontraba en el lugar de los hechos. Entrevista de ********************, realizada por el Fiscal Investigador, quien manifestó que vive en el predio donde se resguardó la víctima y fue alcanzado por los sujetos activos para continuar con la agresión. Informe de procesamiento del lugar de los hechos de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por ********************, en que hace constar la existencia de los indicios donde fue localizada la víctima, en el cual se encontraban manchas de color rojo y un zapato, de las cuales se realizaron la cadena de custodia. Los exámenes médicos realizados a los sujetos activos en los que consta que no contaban con señales de lesión externa, por lo que se puede apreciar que no corrían peligro de ser heridos por la víctima. Así, una vez cerrado el debate, el Juez de Control responsable determinó vincular a proceso a los hoy quejosos, por las siguientes razones esenciales: Que los datos de prueba invocados por la Fiscalía fueron compatibles con indicios razonables que permitieron tener por justificados los requisitos que exige el artículo 316, fracción III, y 19 Constitucional, ya que en ese momento, dado el estado procesal en el que se encontraba el procedimiento de origen, únicamente se refieren datos de prueba, los cuales de manera razonable, analizados bajo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, permitieron advertir que existieron indicios que permiten justificar un hecho que está previsto en el Código Penal del Estado en vigor, sin que para ello se requiera prueba plena para la acreditación de los elementos del tipo penal, esto es, que se acreditara en forma plena esa enajenación y el lucro indebido, ya que no se está en el estado procesal para ello. Sobre el estándar probatorio exigido por el artículo 19 Constitucional, consideró que los datos de prueba invocados por la fiscalía eran útiles, suficientes y pertinentes para que de manera objetiva se permita advertir la existencia de ese hecho que reviste la característica de un delito, así como para deducir que probablemente ******************** y ******************** intervinieron en su comisión a título de autores directos; datos que se analizaron de manera conjunta armónica e integral y no de manera independiente, que permitió concluir en forma objetiva: la existencia de una resolución de actos exteriorizados por tres sujetos (entre los que se encuentran los quejosos) para privar de la vida la víctima, como lo fueron: agredirlo con una piedra y perseguirlo hasta darle alcance en una propiedad privada, en donde uno empujó a la víctima para después, otro le diera golpes con el machete, lo cual le ocasionó lesiones sangrantes, fracturas de huesos y disección de ligamentos, y los otros le dieron patadas y golpes con los puños a la víctima lo que ocasionó diversas contusiones y otras lesiones. De igual forma, de la información que se desprendió de los datos de prueba se infirió circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; las cuales consisten en: que el día diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, la víctima fue agredida por los imputados con un arma blanca y piedras en una propiedad privada y que el hecho no se consumó por circunstancias ajenas a los sujetos activos, pues recibió atención médica solicitada por los vecinos así como la participación de elementos de la policía municipal. Los que analizados en su conjunto se dedujo claramente y de manera razonable y objetiva la probabilidad de coautoría de los imputados. Ahora, los artículos 368 con relación al 378, 379 párrafo primero, 380, fracciones II y IV, 381, 384, relacionados al vinculados con el 17, 84, 165 párrafo primero, todos del Código Penal del Estado de Yucatán disponen lo siguiente: Artículo 368. Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida Artículo 378. Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas. Artículo 379. Hay premeditación siempre que el imputado obre dolosamente, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de veneno o cualquiera otra substancia nociva a la salud, contagio venéreo o de alguna otra enfermedad fácilmente transmisible en los términos del artículo 189 de este Código, por asfixia, enervantes, retribución dada o prometida, tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. Artículo 380. Se entiende que hay ventaja cuando: I. El imputado sea superior en fuerza física a la víctima y ésta no se halle armada; (.) IV. Este se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. Artículo 381. Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los Capítulos anteriores de este Título, cuando sea tal que el imputado no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por la víctima y aquél no obre en legítima defensa. Artículo 384. Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión. Artículo 17. La tentativa será punible cuando la resolución de cometer un delito se exteriorice realizando en parte o totalmente los actos ejecutados que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Para imponer la sanción de la tentativa, la autoridad judicial tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 74 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Artículo 84. La punibilidad aplicable a la tentativa será de entre una tercera parte de las mínimas y dos terceras partes de las máximas, previstas para el delito que el sujeto activo quiso realizar, pero las mínimas nunca serán menores a tres meses de prisión ni a diez días multa. Este artículo será aplicable para los casos en que la persona moral incurra en una tentativa. Artículo 165. Cuando se ejecuten uno o más delitos por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión hasta una mitad más de las sanciones que les correspondan por el o los ilícitos cometidos. Se entiende por pandilla para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometan en común algún delito. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la sanción que se le imponga, se aumentará hasta en dos terceras partes de la que corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá, en su caso, destitución del empleo, cargo o comisión públicos o inhabilitación de uno a cinco años para desempeñarlos. El Juez responsable determinó que la probabilidad de coautoría se deduce de todos y cada uno de los datos de prueba, ya que de ellos se desprendieron indicios que permitieron concluir un señalamiento respecto de ******************** y ********************, manifestando que existieron datos que para ese momento lo ubicaron en esa probabilidad de coautoría en delito de homicidio calificado cometido en grado de tentativa y en pandilla, como lo son: 1) La denuncia de la víctima ******************** emitida ante la Fiscalía Investigadora cuando se encontraba en urgencias del Hospital General de Tekax, quien narró que el día de los hechos fue agredido por ******************** alias ******************** y ******************** alias ******************** y otra persona más y que el último de los nombrados, lo agredió con un machete que le ocasionaron heridas sangrantes en la cabeza y manos y que los otros dos le dieron golpes con los puños y patadas. 2) El testimonio de ******************** y ******************** quienes presenciaron el momento de los hechos de manera directa reconocieron a "********************" y "********************", apodos con los que se conoce a los aquí quejosos, como agresores directos de la víctima, lo cual coincide con lo narrado por ella. 3) Los informes policiales homologados de ******************** y ********************, que el primero reportó el hecho y las características de los responsables los cuales obtuvo de lo manifestado por la víctima; y el segundo ubicó a dos de los agresores, cerciorándose de sus nombres, asentando que ******************** alias ******************** tenía en su posesión un machete que fue retenido en la detención. Por lo que el Juez determinó que los datos de prueba fueron suficientes y tuvieron estimación jurídica, y que no existió motivo para desestimar sus contenidos y destacó que no operó causa de exclusión del delito, ni extinción de responsabilidad, por lo que quedaron satisfechos todos los requisitos de forma y fondo decretándose de ese modo, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 316, 317 y 318 del Código Nacional, auto de vinculación a proceso contra ******************** y ******************** por su probabilidad de coautoría en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado en el 368 con relación al 378, 379 párrafo primero, 380, fracciones II y IV, 381, 384, relacionados al vinculados con el 17 y 84, párrafo primero, todos del Código Penal del Estado de Yucatán. En ese contexto, a juicio de este Juzgador, del cúmulo de datos de prueba expuestos y el debate generado, sí se desprenden indicios razonables para tener por demostrada la existencia del hecho delictivo por el que se le vinculó a proceso. Finalmente, en lo relativo al quinto requisito para el dictado del auto de vinculación a proceso, al igual que los anteriores, se encuentra satisfecho, toda vez que no se desprende que exista excluyente de responsabilidad alguna. Ahora bien, la parte quejosa refiere en su primer concepto de violación, aduce que no contó con una debida defensa, pues al inicio del procedimiento contaba con una defensora de oficio y que al momento del desarrollo de la audiencia inicial el Juez les hizo saber que contaban con el derecho de nombrar a un representante pero no les cuestionó si ya contaban con otro asesor o defensa. Es infundado lo anterior, pues de las constancias que integran el presente juicio de amparo no se advierte el nombramiento de ********************, al que refiere la parte quejosa, sin embargo de la revisión de la audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se puede constatar que en todo momento estuvieron asesorada por un defensor de oficio e incluso el Juez les preguntó si contaban con diversa asesoría legal, a lo cual los quejosos respondieron que no. Se afirma lo anterior, pues en la audiencia inicial de veintidós de diciembre de dos mil veintinueve, se constata que al inicio de la audiencia, el Juez hizo constar que los ahora quejosos manifestaron que hablaban la lengua maya, por lo que para salvaguardar sus derechos fueron asistidos del intérprete ********************, el cual rindió protesta y aceptó el cargo, además que estuvo presente durante el desarrollo de las audiencias. Luego, el Juez responsable designó al defensor de oficio ********************, a quien preguntó si aceptaba el cargo como defensor, el cual aceptó, a su vez le preguntó si existía algún impedimento para continuar con la defensa de los dos imputados, ahora quejosos, a lo cual manifestó que no. De ahí se puede advertir, que los quejosos en todo momento estuvieron asesorados por un profesional del derecho, en un primer momento de oficio y después, por dos defensores particulares al momento de la vinculación a proceso, así como de un perito intérprete. Asimismo, durante la participación de la defensa en la etapa de vinculación a proceso se dio oportunidad a la réplica y contra réplica de las partes. Por otra parte, respecto al control de la detención, el Juez responsable consideró que fue legal, toda vez que existieron indicios que actualizan la hipótesis de flagrancia con fundamento en los párrafos quinto y sexto del artículo 16 de la Constitución Federal y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por encontrarse ajustada a derecho. Lo anterior, pues el diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, alrededor de las diecisiete horas con treinta minutos, elementos de la policía estatal de investigación de Tekax, Yucatán, recibieron un reporte para que acudieran a la población de ********************, por una persona lesionada. Al llegar al lugar indicado, los policías se unieron a las labores de búsqueda de las personas señaladas y descritas por la víctima como responsables, indicando sus nombres y que uno de ellos tenía un machete. Durante la búsqueda, se percataron de dos sujetos que coincidían con las características de los reportados como responsables de la agresión, por lo que se detuvieron y trataron de acercarse a ellos, pero al ver a los Agentes policiacos, se alejaron corriendo pero fueron detenidos; y bajo su radio de acción, se les aseguró un machete, con el cual presumiblemente habían agredido a la víctima. Posteriormente, los Agentes se identificaron como policías, les preguntaron sus datos y dijeron llamarse ******************** y ******************** mismos nombres que coincidieron con lo señalados por la víctima, en tal virtud por coincidir en sus nombres, y el arma blanca -machete- que se encontraban con ellos, les informaron que se encontraban en calidad de detenidos, les hicieron saber sus derechos y se levantaron las actas de levantamiento de indicios, valoración médica y registro nacional de detención, Por lo que fueron detenidos inmediatamente después de cometer el hecho delictivo, toda vez que ocurrido este, se reportó el hecho a la policía y al contar con informes que hacía presumir su participación, sin cesar su búsqueda, fueron detenidos e identificados, por lo tanto, este Juzgador considera que la detención fue legal. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa refiere que la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada no es ajustada a derecho. Es infundado lo anterior, pues por otra parte, antes de imponer la medida cautelar, el Juez responsable preguntó a los ahora quejosos, previa consulta a su defensa, si tenían algo que argumentar, a lo cual manifestaron que no; y por otra en atención a que el delito cometido contaba con pena privativa de libertad, además que conforme al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existía peligro de sustracción por parte de los imputados, se debía garantizar la presencia de los mismos para continuación del proceso. Asimismo, respecto al principio de idoneidad y proporcionalidad, de acuerdo a las circunstancias de los hechos investigados, se trataba de un delito grave, por tal motivo con fundamento en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existía motivo fundado para otorgarle protección a la víctima toda vez que existían indicios de peligro por resultar afectada en su integridad física o vida, al tratarse la investigación de un delito donde se pretendió privar de la vida a la víctima. Respecto al tercer concepto de violación, en el cual la parte quejosa aduce que los hechos cometidos no fueron con la intención de privar de la vida a la víctima y por lo tanto de tratan de lesiones que duran más de quince días en sanar, además de que cesaron por voluntad propia. Es infundado, pues el Juez de control en la audiencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno concluyó que con los datos de prueba aportados por la fiscalía, hasta ese momento, se advertía que las lesiones que la parte quejosa infringió a la víctima, fueron con la intensión de privarlo de la vida, lo cual no se concretó por la intervención de la dueña del inmueble, donde finalizaron los hechos y la intervención de la policía, pues llevaron al sujeto pasivo a recibir atención médica. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera algún dato de prueba durante la audiencia que demostrara lo contrario, pues conforme al expediente clínico se demostró que las lesiones eran de alto riesgo, en virtud de que presentó heridas abiertas sangrantes con exposición de huesos y traumatismo craneoencefálico, así como fractura expuesta de codo, de lo cual se desprende que los activos llevaron a cabo actos de agresión graves, presumiblemente con la intención de privar de la vida a la víctima. Y si bien, cesaron en su ataque, esto no se debió a que pretendían desistir de sus intenciones, al percatarse que la víctima se encontraba en el suelo, huyeron del lugar, luego, el sujeto pasivo recibió atención médica por parte de la policía. Sin que se advirtiera que los sujetos activos ejercieran algún acto para auxiliar o ayudar al lesionado, sino lo dejaron en el lugar de los hechos, por lo que no opera el desistimiento que la parte quejosa aduce. De lo anterior, se constata que si la víctima no hubiera recibido la atención médica inmediata, se hubieran consumado el delito de homicidio. En suma, se concuerda con el Juez responsable que los datos reseñados por la fiscalía son suficientes para tener por acreditado, hasta este momento procesal, la existencia del hecho con apariencia delictiva atribuido a la parte quejosa y su probable intervención en su comisión; así como la legalidad de la calificación de su detención y la medida cautelar impuesta. Pues el Juez responsable valoró el conjunto de los datos de prueba aportados y debatidos por las partes, los justipreció y determinó que eran bastantes para acreditar el hecho delictuoso expuesto por la Fiscalía y la posible intervención del aquí quejoso en su comisión; luego, se reitera que los motivos de disenso sujetos a estudio son infundados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2014800, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).». En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional, negativa que se hace extensiva al Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Tekax, Yucatán, pues se trata de una autoridad ejecutora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** y ********************, contra los actos que reclama precisados de las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
II. Mérida, Yucatán; veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 96/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 27/2022-II; acúsese recibo. [...] Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. [...] Anexos. Igualmente, se tiene por recibido el cuaderno auxiliar con el cual se ordena formar el legajo I; asimismo, fórmense los legajos II y III, con el disco compacto en formato DVD y la unidad en formato USB en sobre cerrado. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se concedió y negó la suspensión definitiva del acto reclamado. [...] NOTIFÍQUESE [...]
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