Ramón Valencia Quezada

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Ramón Valencia Quezada
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Director General Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no ha dado cumplimiento en los términos que le fue requerido; sin que a la fecha haya remitido documentación alguna o en su defecto haya manifestado la imposibilidad legal que tiene para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 194, 195, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO; para que dentro del término de tres días, contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional LO lo solicitado bajo apercibimiento de ley

  2. Principal

    se autoriza la notificación electrónica de las actuaciones que se ordenen de manera personal, en el juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. se ordena al Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito que corresponda, que de inmediato, realice la notificación ordenada en el proveído de referencia. Por recibida la demanda de amparo promovida por --, por conducto de quien se ostenta como su apoderado -- contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ----. Una vez analizado el escrito de demanda de amparo, se evidencia que conforme a lo previsto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, en la especie, existen motivos manifiestos e indudable de improcedencia por lo que se desecha la presente demanda de amparo; entendiéndose lo manifiesto e indudable que a pesar de que se admitiera a trámite la presente demanda continuaría subsistiendo dichos motivos de improcedencia. En primer lugar, sobre el particular, los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." extinguiría dichas situaciones jurídicas. --- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la intelección de esos artículos se obtiene que la procedencia del juicio de amparo indirecto depende de dos condiciones: a) Que quien emita el acto le revista el carácter de autoridad. b) Que con el actuar de la autoridad se violen los derechos humanos del gobernado, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. En esas condiciones, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama del Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, medularmente, la omisión por parte de la responsable de dar cumplimiento a lo ordenado en laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en autos del juicio laboral de origen 1635/2010-F1. Sin embargo, resulta evidente que dicho acto no se encuentra revestido de imperio frente al particular; es decir, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que pueden ser combatidos ante la autoridad del trabajo; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a la hoy señalada como responsable al juicio de amparo, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia. Así es, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b). Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c). Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d). Que para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Sustenta lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En relación con lo anterior, debe decirse que los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación. Por otro lado, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. En efecto, los órganos del Estado pueden adquirir también la calidad de particulares cuando no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, dado que ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que, se insiste, la autoridad pierde tal calidad y adquiere la de un gobernado. En ese orden de ideas, si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. Por lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que el acto aquí reclamado consistente en la omisión, por parte del Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, de cumplir con lo ordenado por el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en autos del juicio laboral 1635/2010-F1; mismo que se trata de actos propios de una relación entre trabajador y patrón, lo que lleva a deducir que al no haber una relación de supra a subordinación, el Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, no actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en el caso, dichas autoridades no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa y, por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, ya que en el caso, se trata de una decisión particular como parte demandada y como se mencionó, el acto que se reclama puede ser combatido mediante otra vía jurisdiccional. En razón de lo anterior, se insiste que las autoridades Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, señaladas como responsables actúan en su carácter de patrón y por tanto, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, porque sus actos no se encuentran investidos de esa faculta de imperio que le son otorgadas a través del poder público. Tiene aplicación, a contrario sensu, la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 118, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". En esas condiciones, se concluye que no se está ante actos de autoridad dirigidos contra un particular, sino propiamente de actos emitidos entre particulares, lo que supone que la autoridad responsable en cita y el quejoso se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales; es decir, el Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, demandados no actúan en un esquema de supra JOSE ANDRES HERNANDEZ REYNOSO a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Lo anterior, sin perjuicio de que en contra de los actos impugnados proceda algún recurso o medio de defensa que las leyes ordinarias prevean; pero, como se señaló en párrafos que anteceden, el juicio de amparo resulta improcedente para atacar los actos de referencia. No se soslaya las manifestaciones vertidas por el promovente de amparo, donde refiere que con fundamento en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), cuyo rubro y texto son los siguientes: "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en favor de Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, en sus respectivos ámbitos de JOSE ANDRES HERNANDEZ REYNOSO competencia, en el sentido de que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables, y como consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas las resoluciones por ejecución forzada, no significa que puedan incumplir un laudo o una sentencia contra de su patrimonio en un juicio en el que figuraron como demandados, sino que parte de la base de que la acatarán voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, pues el propio numeral señala que para cumplir los fallos condenatorios, éstos deberán incorporarse en el presupuesto de egresos correspondiente. Por tanto, la omisión de ese cumplimiento voluntario constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que se surten las condiciones establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar al ente municipal como autoridad, en virtud de que: a) Se colocó en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano de la administración pública municipal, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Esa prerrogativa deriva de la ley, pues responde al cumplimiento voluntario del órgano municipal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular, porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó el laudo o sentencia en su favor; y, d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión, ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que manda el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", resulta procedente la presente demanda; sin embargo, dicha jurisprudencia fue objeto de estudio en la contradicción de tesis 16/2018, del Pleno del Décimo Quinto Circuito, donde quedó superada, y se determinó abandonar el referido criterio para dar lugar a la emisión de la diversa jurisprudencia PC.XV. J/36 A (10a.), que narra lo siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." Por tanto, se advierte que como se anticipó, las autoridades señaladas, no les revise el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, al encontrarse en un plano de igualdad procesal con el aquí quejoso. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Por otra parte, a juicio de este órgano jurisdiccional de igual forma, la demanda de amparo promovida por Ramón Valencia Quezada, por conducto de quien se ostenta como su apoderado Alejandro Rosales Ureña, por lo que respecta a los actos atribuidos al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deviene improcedente dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. JOSE ANDRES HERNANDEZ REYNOSO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.31.33.36.39.31.39.31 13/09/23 08:52:27 20 En efecto, el artículo 62, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Mientras que el 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Respecto a la aludida causal de improcedencia, el jurista Alberto del Castillo del Valle, alude a la figura de la litispendencia, que consiste en que un juicio de garantías que promovido con antelación al que se está declarando improcedente, está pendiente de resolución, al encontrarse en trámite o substanciándose al momento de la presentación de la nueva demanda de amparo; por tanto, este supuesto obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, en que se presente una contradicción en las resoluciones que se dicten; asimismo, esta hipótesis de improcedencia, deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en la que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. Por su parte, Ignacio Burgoa en su obra "El Juicio de Amparo", establece respecto a este tema que la litispendencia entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. También señala que en materia procesal común, la litispendencia generalmente provoca la acumulación de los juicios respectivos para que sean fallados en una sola sentencia; mientras que en materia de amparo, dicho fenómeno no genera la acumulación, sino la improcedencia del juicio posteriormente promovido y, por ende, su sobreseimiento, atendiendo a las razones de la JOSE ANDRES HERNANDEZ REYNOSO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.31.33.36.39.31.39.31 13/09/23 08:52:27 22 economía procesal; concluyendo que para que opere la litispendencia como causa de improcedencia en un juicio de amparo, se requiere que el anterior juicio no se haya resuelto o concluido ejecutoriadamente. Corolario de lo anterior, podemos establecer que la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; por lo que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia en comento, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales de quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Luego, de la fracción X, del artículo 61 de la ley citada se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera instancia, única instancia o en revisión. En este contexto, para que se actualice la improcedencia con base en la causal que se estudia, requiere que ocurran las siguientes condiciones: a) Que en dos juicios de amparo, haya identidad en el quejoso. b) Que en los mismos juicios, haya identidad de autoridades responsables. c) Que el acto reclamado en las dos demandas, sea el mismo. d) Y que el primer juicio de amparo se encuentre pendiente de resolver. Por tanto, se concluye que, en la especie, se encuentra acreditada la causal de improcedencia de que se trata, en virtud de que ante este Juzgado Federal, se tramita el diverso juicio de amparo 44/2021 y sus acumulados 45/2021 y 46/2021, promovido por Ramón Valencia Quezada, por conducto de quien se ostenta como su apoderado Alejandro Rosales Ureña, por lo que respecta a los actos atribuidos al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otras autoridades, mismos que son idénticos a los que por esta vía constitucional se pretenden combatir, esto es: "IV. CUARTO.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: IV.1. PRIMER ACTO U OMISIÓN RECLAMADO.- DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO; DE LA ASAMBLEA; DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL; DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL; Y DEL SECRETARIO GENERAL; TODOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, reclamo la omisión de substanciar y concluir el trámite para resolver la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, dentro de los plazos y términos previstos por los artículos 88 y del 204 al 212 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Suspensión decretada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante auto de fecha 12 de abril del año 2019 y que fue solicitada al Congreso del Estado el día 25 de junio del año 2019 mediante oficio MF1/1811/2019. IV.2. SEGUNDO ACTO U OMISIÓN RECLAMADO.- DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, reclamo la omisión de requerir al Congreso del Estado de Jalisco y en su caso aplicarle los medios de apremio que prevé la Ley de la Materia, hasta que éste concluya el trámite para resolver la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Suspensión que decretó mediante auto de fecha 12 de abril del año 2019 y que fue solicitada al Congreso de el Estado el día 25 de junio del año 2019 mediante oficio MF1/1811/2019. Luego, cabe señalar que dentro del juicio de amparo 44/2021 y sus acumulados 45/2021 y 46/2021, promovido por el mismo quejoso, se admitió a trámite el sentencia el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Tiene aplicación al respecto la tesis I.14o.C.10 K que se lee en la página 971, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, cuyo texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno Incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2399, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice 1917- Septiembre 2011; Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte, de la Novena Época, visible en la página 2805, cuyo rubro y texto señalan l siguiente "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Sentado lo anterior, se pone de manifiesto que, que el aludido juicio, es promovido por el mismo quejoso, contra de la misma autoridad y por los mismos actos reclamados, encontrándose en trámite el juicio de amparo 44/2021 y sus acumulados 45/2021 y 46/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, sin que al día de hoy se haya dictado sentencia y el mismo se encuentra en trámite. De ahí que, exista identidad de quejoso, autoridad responsable y acto reclamado (demanda de amparo 44/2021). Por lo tanto, de acuerdo a los motivos que se plasmaron, es notorio y resulta indudable que la materia del reclamo en el presente juicio, es objeto también de reclamo en el diverso juicio de amparo 44/2021 y sus acumulados 45/2021 y 46/2021 mismo que aún se encuentra en trámite. Por tanto, en el presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, citada en anteriores párrafos. Para robustecer el criterio que aquí se sustenta, cabe citar en apoyo, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 226, Tomo XII, Julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de ?????????????? improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 465, Tomo XCV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro textualmente señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE OTROS RECLAMADOS EN DISTINTO JUICIO DE GARANTIAS. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la mencionada ley, se desecha de plano la demanda de garantías que nos ocupa. Sin que pase inadvertida la solicitud de constancias del juicio de origen que realizó el promovente a la autoridad responsable, para efecto de exhibirlas en la tramitación del juicio de amparo, ya que con las mismas no se revierte las determinaciones adoptadas, considerando las causales de improcedencia que se considera actualizadas. Por otra parte, respecto a la autorización para consultar vía electrónica el expediente con el usuario AlejandroRosalesUrena; toda vez que el usuario que proporciona se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y corresponde al promovente del amparo, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Por otra parte, por lo que ve a la autorización del uso de medios tecnológicos para la reproducción de las actuaciones que obren agregadas en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que los autos se quedan a disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito, para cuando lo requiera, previa solicitud verbal al funcionario respectivo, realice la citada reproducción de autos. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado de su parte a --- en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el presente asunto de naturaleza laboral, que es una excepción a la regla contenida en el propio precepto legal; de ahí que los autorizados de que se trata se tengan como tal, en los términos amplios del numeral que se invoca. parte quejosa en su demanda de amparo. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo preceptuado en el tercer párrafo de la fracción I del artículo 1º del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19. Finalmente, con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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