Ramón Valdez Vargas

Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
128/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2016

Partes del expediente

  • Ramón Valdez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ---, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, la copia simple que insta, previa razón de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el diecinueve de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ----------, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Pon lo anterior, devuélvase al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Judicial con sede en esta ciudad, el disco compacto en formato DVD, que contiene la resolución de catorce de agosto de dos mil quince, emitida en la causa penal ---------, de su índice, mismo acompaño a su informe justificado.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta que signa la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Ramón Valdez Vargas, por conducto de su defensora particular Mayra Alicia García Nava, contra actos del Juez de Control, adscrito a la Unidad de Oralidad Judicial, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por carecer de competencia legal para conocer del asunto planteado. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Ramón Valdez Vargas, por conducto de su defensora particular Mayra Alicia García Nava. Atento a lo anterior, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 128/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a su contenido, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Lo anterior tiene apoyo, en la tesis jurisprudencial: I.6o.C. J/19, con registro: 193379, de la Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 730, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así es, la causa de improcedencia que se actualiza, es la prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Conforme a las fracciones del precepto en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando de manera previa, se promovió una demanda en que exista identidad del quejoso, autoridades responsables y acto reclamado, aunque las violaciones alegadas sean distintas y se dicte sentencia firme en la que se analice la constitucionalidad del acto impugnado. Lo anterior, observa la figura jurídica de cosa juzgada, que tiene su fundamento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, que establecen que, las leyes federales y locales, dispondrán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones; figura procesal que se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 85/2008, consultable en la página 589, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.". La cosa juzgada genera la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia, que se adquiere cuando lo decidido en ella ya no puede cambiar, con independencia de la eficacia del fallo y de la apreciación que de tal resolución tengan las partes contendientes. Es aplicable la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 517, Tomo XXXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COSA JUZGADA AUTORIDAD DE LA. Ante la necesidad de que los pleitos no sean interminables, el legislador ha sancionado el principio de que la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no debe admitirse recurso ni prueba; y este principio se desconocería absolutamente, si se pudiera destruir mediante la substanciación de un simple incidente, la fuerza legal que corresponde a una sentencia ejecutoria.". La figura jurídica de cosa juzgada, no es ajena al juicio de amparo, pues opera de igual forma que en los juicios ordinarios, cuando se ha analizado el planteamiento de constitucionalidad del acto reclamado. En el particular, la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, la inadmisión por el Juez de Control del medio probatorio del informe pericial en materia de criminalística, sobre hechos terrestres ofrecido en tiempo y forma por la defensa, de fecha catorce de agosto del año dos mil quince. Ese acto el propio quejoso, lo reclamó en la diversa demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el uno de octubre del año dos mil quince, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, misma que se registró con el número 863/2015-I. Asimismo, mediante auto de dos de octubre de dos mil quince, se desechó al resultar notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado al Juez de Control, adscrito a la Unidad de Oralidad Judicial, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, señalado como responsable no tenía una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afectaba derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país es parte. Ello es así, pues la negativa por parte de la responsable, de admitir la prueba, que consistía en un informe pericial en materia de criminalística de campo, incidía únicamente en derechos de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente pueden llegar a trascender al resultado del fallo, ya que existe la posibilidad de que aun sin desahogarse esa prueba, se dicte un fallo favorable al aquí promovente, en el juicio de origen; supuesto en que el acto aquí reclamado no dejaría huella en su esfera jurídica, por lo que, como lo expresó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la afectación de ese acto no era actual, si no que dependía de que llegará o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pudiesen consumarse en forma efectiva. Además, el hecho de no haberse admitido el referido medio de prueba, sí hubiese transgredido al resultado de la determinación final, el quejoso podría hacer valer esa transgresión al inconformarse contra la sentencia que se dictara en el procedimiento respectivo. Determinación que causó estado por auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, al no ser recurrida por la parte quejosa dentro del término legal. Lo anteriormente reseñado, se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 74/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 963, tomo XXIII, junio de 2006, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable a página 285, tomo XXV, Junio de 2007, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que se transcribe a continuación: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Conforme a lo antes expuesto, al estar demostrado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la inadmisión por el Juez de Control del medio probatorio del informe pericial en materia de criminalística, sobre hechos terrestres ofrecido en tiempo y forma por la defensa, de fecha catorce de agosto del año dos mil quince; entonces, no es posible jurídicamente analizar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, pues ello transgredería el principio de seguridad jurídica, pues como se precisó, al haberse desechado la anterior demanda de garantías, presentada por el propio quejoso, contra el mismo acto reclamado y autoridad responsable, resulta inejercitable la acción de amparo, pues si bien es cierto que aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, si actualiza cosa juzgada en términos de artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, en relación a que el acto que se reclamaba no tenía una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afectaban derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país es parte, cuyo contenido no puede desconocerse; determinación que adquirió firmeza por no haber sido recurrida, de ahí que aun cuando aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis I.5o.P. 1 K (10a), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2306, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." Así como la diversa 1a. CCLXXVIII/2012 (10a), de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por las consideraciones antes señaladas, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, téngase al quejoso, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Circuito Jesuitas, número 418, colonia San Joaquín, Segunda Sección, de esta ciudad, y como su autorizada a Mayra Alicia García Nava, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; ello, atento a lo que establece la parte final del inciso a), fracción I, del artículo 26, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente a la parte promovente.Por recibido el oficio de cuenta que signa la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Ramón Valdez Vargas, por conducto de su defensora particular Mayra Alicia García Nava, contra actos del Juez de Control, adscrito a la Unidad de Oralidad Judicial, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por carecer de competencia legal para conocer del asunto planteado. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Ramón Valdez Vargas, por conducto de su defensora particular Mayra Alicia García Nava. Atento a lo anterior, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 128/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a su contenido, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Lo anterior tiene apoyo, en la tesis jurisprudencial: I.6o.C. J/19, con registro: 193379, de la Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 730, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así es, la causa de improcedencia que se actualiza, es la prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Conforme a las fracciones del precepto en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando de manera previa, se promovió una demanda en que exista identidad del quejoso, autoridades responsables y acto reclamado, aunque las violaciones alegadas sean distintas y se dicte sentencia firme en la que se analice la constitucionalidad del acto impugnado. Lo anterior, observa la figura jurídica de cosa juzgada, que tiene su fundamento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, que establecen que, las leyes federales y locales, dispondrán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones; figura procesal que se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 85/2008, consultable en la página 589, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.". La cosa juzgada genera la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia, que se adquiere cuando lo decidido en ella ya no puede cambiar, con independencia de la eficacia del fallo y de la apreciación que de tal resolución tengan las partes contendientes. Es aplicable la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 517, Tomo XXXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COSA JUZGADA AUTORIDAD DE LA. Ante la necesidad de que los pleitos no sean interminables, el legislador ha sancionado el principio de que la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no debe admitirse recurso ni prueba; y este principio se desconocería absolutamente, si se pudiera destruir mediante la substanciación de un simple incidente, la fuerza legal que corresponde a una sentencia ejecutoria.". La figura jurídica de cosa juzgada, no es ajena al juicio de amparo, pues opera de igual forma que en los juicios ordinarios, cuando se ha analizado el planteamiento de constitucionalidad del acto reclamado. En el particular, la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, la inadmisión por el Juez de Control del medio probatorio del informe pericial en materia de criminalística, sobre hechos terrestres ofrecido en tiempo y forma por la defensa, de fecha catorce de agosto del año dos mil quince. Ese acto el propio quejoso, lo reclamó en la diversa demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el uno de octubre del año dos mil quince, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, misma que se registró con el número 863/2015-I. Asimismo, mediante auto de dos de octubre de dos mil quince, se desechó al resultar notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado al Juez de Control, adscrito a la Unidad de Oralidad Judicial, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, señalado como responsable no tenía una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afectaba derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país es parte. Ello es así, pues la negativa por parte de la responsable, de admitir la prueba, que consistía en un informe pericial en materia de criminalística de campo, incidía únicamente en derechos de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente pueden llegar a trascender al resultado del fallo, ya que existe la posibilidad de que aun sin desahogarse esa prueba, se dicte un fallo favorable al aquí promovente, en el juicio de origen; supuesto en que el acto aquí reclamado no dejaría huella en su esfera jurídica, por lo que, como lo expresó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la afectación de ese acto no era actual, si no que dependía de que llegará o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pudiesen consumarse en forma efectiva. Además, el hecho de no haberse admitido el referido medio de prueba, sí hubiese transgredido al resultado de la determinación final, el quejoso podría hacer valer esa transgresión al inconformarse contra la sentencia que se dictara en el procedimiento respectivo. Determinación que causó estado por auto de diecinueve de octubre de dos mil quince, al no ser recurrida por la parte quejosa dentro del término legal. Lo anteriormente reseñado, se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 74/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 963, tomo XXIII, junio de 2006, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable a página 285, tomo XXV, Junio de 2007, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que se transcribe a continuación: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Conforme a lo antes expuesto, al estar demostrado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la inadmisión por el Juez de Control del medio probatorio del informe pericial en materia de criminalística, sobre hechos terrestres ofrecido en tiempo y forma por la defensa, de fecha catorce de agosto del año dos mil quince; entonces, no es posible jurídicamente analizar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, pues ello transgredería el principio de seguridad jurídica, pues como se precisó, al haberse desechado la anterior demanda de garantías, presentada por el propio quejoso, contra el mismo acto reclamado y autoridad responsable, resulta inejercitable la acción de amparo, pues si bien es cierto que aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, si actualiza cosa juzgada en términos de artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, en relación a que el acto que se reclamaba no tenía una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afectaban derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país es parte, cuyo contenido no puede desconocerse; determinación que adquirió firmeza por no haber sido recurrida, de ahí que aun cuando aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis I.5o.P. 1 K (10a), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2306, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." Así como la diversa 1a. CCLXXVIII/2012 (10a), de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por las consideraciones antes señaladas, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, téngase al quejoso, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Circuito Jesuitas, número 418, colonia San Joaquín, Segunda Sección, de esta ciudad, y como su autorizada a Mayra Alicia García Nava, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; ello, atento a lo que establece la parte final del inciso a), fracción I, del artículo 26, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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