Ramón Trinidad López

Expediente 521/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
521/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Ramón Trinidad López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Se agrega oficio Glósese a los autos el oficio de cuenta remitido y firmado de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede Salina Cruz, mediante el cual informa que dicho órgano, aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo que originó este juicio, y que quedó registrada con el número * * * * * * de su índice; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Archivo, relevancia documental y destino del expediente Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo 19, fracción I, inciso a) del referido acuerdo. Anotaciones Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    +++San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Se agrega escrito Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por * * * * * * *, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado en autos. Atento a ello, se acuerda: Incompetencia En el caso, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, declara que carece de competencia legal para continuar conociendo de la demanda de amparo; por tanto, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, en atención a las razones que a continuación se expondrán. Las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario o de las partes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 153, publicada en la página 267, Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo en concordia con el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa insiste en que el acto reclamado lo es la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de requerir a la demandada para que acredite el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral * * * * * *, lo cual consiste en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado reconozca a favor del actor aquí quejoso, mejor derecho preferencial y ser contratado y nominado en forma definitiva en la plaza número * * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. En efecto, los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217 228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 327/2021, detalló que el acto omisivo o abstención de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada deriva a favor del Juez de Distrito con jurisdicción territorial en el domicilio donde deba ser emplazada. Señaló que, atendiendo a que el acto reclamado siendo una omisión, genera efectos de un acto positivo toda vez que trae aparejada ejecución material; por lo que resulta aplicable la regla competencial prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de amparo. Consideraciones que dieron origen, a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior el no actuar de las autoridades responsables en el presente juicio, trae aparejada una ejecución material, en la medida que, con la omisión de cumplir el laudo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita. En el presente caso, la parte quejosa en vulneración a su derecho fundamental de administración pronta y expedita de justicia tutelado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, combate la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de requerir a la demandada para que acredite el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral * * * * * *, lo cual consiste en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado reconozca a favor del actor aquí quejoso, mejor derecho preferencial y ser contratado y nominado en forma definitiva en la plaza número * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. De ahí que, se estime que al combatirse una afectación al derecho de tutela judicial, la cual se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, que consiste en que el sujeto a quien se obligue cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Es claro que la omisión impugnada se trata de un acto omisivo con efectos positivos con impacto en el lugar donde deberá realizarse la contratación definitiva del quejoso; esto es, en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. Ello, pues no se han efectuado las acciones necesarias para lograr el acatamiento del laudo de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral * * * * * * * del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Laudo que deriva en la contratación definitiva del quejoso en la plaza número * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca, lugar donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa con motivo de la omisión impugnada, y que deriva de un deber constitucional al que se encuentra obligada. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Sin que sea obstáculo para lo anterior, que en la estadística de éste órgano jurisdiccional se haya tramitado por el quejoso el diverso juicio de amparo * * * * * * *, toda vez que en el mismo, el acto reclamado lo constituyó la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación. Siendo que en la presente contienda constitucional la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca debe implementar las medidas necesarias para que la diversa autoridad señalada como responsable Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado cumpla dicho laudo respecto de la contratación definitiva del quejoso en la plaza número * * * * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. Por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde pueda materializarse el cumplimiento de la omisión que constituye el acto reclamado, dado que resulta incuestionable que conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control de regularidad constitucional carece de competencia por razón de territorio para continuar conociendo de la demanda de amparo en cuestión. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en Tehuantepec, Oaxaca, donde se ejecutará el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir la presente demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, para que por su conducto se turne al Juez de Distrito que corresponda, a quien se estima competente para conocer del presente asunto, por razón de territorio. Se solicita acuse de recibo correspondiente. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del presente juicio para debida constancia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad correspondiente.

  3. Principal

    (notificación por lista a la parte quejosa)+++San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Se agrega escrito Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado por * * * * * * *, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado en autos. Atento a ello, se acuerda: Incompetencia En el caso, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, declara que carece de competencia legal para continuar conociendo de la demanda de amparo; por tanto, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, en atención a las razones que a continuación se expondrán. Las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario o de las partes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 153, publicada en la página 267, Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo en concordia con el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa insiste en que el acto reclamado lo es la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de requerir a la demandada para que acredite el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral * * * * * *, lo cual consiste en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado reconozca a favor del actor aquí quejoso, mejor derecho preferencial y ser contratado y nominado en forma definitiva en la plaza número * * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. En efecto, los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217 228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 327/2021, detalló que el acto omisivo o abstención de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada deriva a favor del Juez de Distrito con jurisdicción territorial en el domicilio donde deba ser emplazada. Señaló que, atendiendo a que el acto reclamado siendo una omisión, genera efectos de un acto positivo toda vez que trae aparejada ejecución material; por lo que resulta aplicable la regla competencial prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de amparo. Consideraciones que dieron origen, a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior el no actuar de las autoridades responsables en el presente juicio, trae aparejada una ejecución material, en la medida que, con la omisión de cumplir el laudo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita. En el presente caso, la parte quejosa en vulneración a su derecho fundamental de administración pronta y expedita de justicia tutelado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, combate la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de requerir a la demandada para que acredite el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral * * * * * *, lo cual consiste en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado reconozca a favor del actor aquí quejoso, mejor derecho preferencial y ser contratado y nominado en forma definitiva en la plaza número * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. De ahí que, se estime que al combatirse una afectación al derecho de tutela judicial, la cual se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, que consiste en que el sujeto a quien se obligue cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Es claro que la omisión impugnada se trata de un acto omisivo con efectos positivos con impacto en el lugar donde deberá realizarse la contratación definitiva del quejoso; esto es, en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. Ello, pues no se han efectuado las acciones necesarias para lograr el acatamiento del laudo de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral * * * * * * * del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Laudo que deriva en la contratación definitiva del quejoso en la plaza número * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca, lugar donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa con motivo de la omisión impugnada, y que deriva de un deber constitucional al que se encuentra obligada. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Sin que sea obstáculo para lo anterior, que en la estadística de éste órgano jurisdiccional se haya tramitado por el quejoso el diverso juicio de amparo * * * * * * *, toda vez que en el mismo, el acto reclamado lo constituyó la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación. Siendo que en la presente contienda constitucional la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca debe implementar las medidas necesarias para que la diversa autoridad señalada como responsable Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado cumpla dicho laudo respecto de la contratación definitiva del quejoso en la plaza número * * * * * * * * * como Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca. Por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde pueda materializarse el cumplimiento de la omisión que constituye el acto reclamado, dado que resulta incuestionable que conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control de regularidad constitucional carece de competencia por razón de territorio para continuar conociendo de la demanda de amparo en cuestión. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en Tehuantepec, Oaxaca, donde se ejecutará el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir la presente demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, para que por su conducto se turne al Juez de Distrito que corresponda, a quien se estima competente para conocer del presente asunto, por razón de territorio. Se solicita acuse de recibo correspondiente. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del presente juicio para debida constancia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad correspondiente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada a este órgano jurisdiccional el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, promovida por * * * * * * * por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese su ingreso en el libro electrónico correspondiente, con el número 521/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 Que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado mediante Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022. 2 Reformado conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que establece: Artículo 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Prevención de la demanda A fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de su admisión, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, previo a proveer lo conducente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que quede notificada de este auto, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad: Precise si en el caso, el acto reclamado lo constituye la omisión de dar contestación a su escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés ante los Integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Toda vez que, las omisiones que refiere en su escrito de demandada, consistentes en: ".la omisión de hacer efectivos los apercibimientos a la demandada." ". la omisión de requerir a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que exhiba documento fehaciente en donde conste que el suscrito ha sido contratado en forma definitiva en la plaza número * * * * * * * Médico Especialista "A", Pediatra con adscripción en la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oax." ".se sirva señalar día y hora para que se lleve a cabo mi reinstalación en la plaza número * * * * * * *." ".incumplimiento al laudo de fecha primero de julio del año dos mil veintiuno." ".realicen los trámites administrativos correspondientes para que el suscrito sea contratado de manera definitiva y reinstalado." Son abstenciones que dependen, precisamente de la petición que elevó el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la que sustancialmente solicitó a la referida Junta, requerir a la demandada el cumplimiento del laudo de primero de julio de dos mil veintiuno. En ese orden, si de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte con claridad ese dato, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar los antecedentes respectivos; ya que si bien está obligado a estudiar la demanda en su integridad y anexos que se acompañan; en atención al principio de igualdad procesal, debe, entre otros aspectos, conocer con precisión los actos reclamados y sus antecedentes; lo anterior, a fin de que, en el caso, las autoridades que señala como responsables tengan conocimiento de los actos atribuidos y puedan, en su caso, contestar lo que les corresponda en sus respectivos informes justificados y se integre la litis debidamente. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080, de rubro: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Por lo anterior, se apercibe a la parte quejosa y a su autorizado que tiene señalado en este juicio, para que se conduzcan en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I 3 , de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (lo subrayado no es de origen) demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Apercibimiento Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "arturosanpedro", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos 4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente.

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