Ramon Trejo Zozaya

Expediente 53/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
53/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Ramon Trejo Zozaya

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa, hubiese recurrido el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. ...Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el quejoso **, no subsanó los requerimientos que se le formularon mediante acuerdos de doce y veinticuatro de enero del año en curso, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento a los requerimientos formulados de una manera íntegra, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de trece de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Superioridad en el recurso de queja **, en donde se determinó: "RESUELVE: PRIMERO.- Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO.- Se ordena admitir la demanda de amparo promovida por **, así como autorizar el acceso al expediente electrónico a las personas que indica el promovente." Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Apercibimiento a la parte quejosa en relación con la denominación de las autoridades responsables. Con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79 de la ley de la materia); en consecuencia se les apercibe en el sentido que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte estar pendiente de la tramitación del presente asunto, lo cual guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN.". Se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, a quien de conformidad con el arábigo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de la Materia, se le notifica por oficio en razón de ser un asunto contra normas generales. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, abrogada, conforme al artículo 2 transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de amparo constitucional. Consulta del Expediente Vía Internet. Ahora bien, y en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, como lo establece el segundo párrafo del artículo 79, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a los autorizados que indica la parte quejosa, siempre y cuando se realice con base en los usuarios "**", perteneciente al quejoso Luis Eduardo Arriaga Alatriste, "JesusSoledad", perteneciente al autorizado Jesús Manuel Soledad Terrazas y "A**perteneciente a la autorizada Alejandra Lorena Bustos Pavón, y se encuentren registrados en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de la Materia, se ordena notificar el presente acuerdo, así como los subsecuentes de carácter personal, vía electrónica, dejando la constancia correspondiente en autos. Lo anterior, así obedece, a que existen notificaciones que no tienen el carácter de personal y son publicados por medio de lista, los cuales pueden verificarse a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con el fin de salvaguardar el debido proceso y evitar dilaciones procesales en contravención del numeral 17 Constitucional, cuando no se pueda realizar la notificación vía electrónica debido a causas ajenas al órgano jurisdiccional (fallas electrónicas o de otra naturaleza) procédase a notificar dicho proveído en términos de los artículos 26 fracción I, inciso k) en relación con las reglas señaladas en el numeral 27, ambos preceptos de la Ley de Amparo, háganse de manera personal. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese; vía electrónica y en su caso, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE PREVIENE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL QUEJOSO...N.

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