Ramón Torres Gómez

Expediente 963/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
963/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ramón Torres Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada se inconformara con el proveído por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, y así, hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido.....

  2. Principal

    ....lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa....se deja sin efectos el señalamiento de las once horas del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. Se procede a notificar por medio de lista el proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud de no haber acudido al local del juzgado dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la entrega del aviso respectivo en su domicilio procesal, con el fin de notificarse del contenido de dicho auto, el cual establece lo siguiente: Mexicali, Baja California, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento de requerimiento Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Director del Hospital General Zona Número Treinta del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de dos de agosto de dos mil veintitrés, se ingresó al quejoso Ramón Torres Gómez, al servicio de urgencias de dicho hospital general, por síndrome de dificultad respiratoria, declarándose la lamentable defunción de éste el treinta y uno de agosto dos año en curso, por el médico Edgar Augusto Gómez López, generando la nota médica de defunción. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, visto el contenido del informe de cuenta, así como las constancias anexas al mismo, se advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro.1 Bajo esa postura, la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona o. [.]" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, en el presente acuerdo que se dicta, sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado. 1 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por ende, el supuesto de sobreseimiento previsto en la fracción III, del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe estimarse actualizado cuando aquél fallece durante el juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, pues carecería de lógica y sentido práctico analizarlos si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso tales actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de ser reparados mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria. En el caso concreto, los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, consisten en: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE AUTORIDAD SE RECLAME. 1. DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. a) Se reclama la negativa de atención médica, para la realización de cirugía de resección de un tumor aparentemente extraxial de 05 cm de diámetro mayor que condiciona edema perilecional. b) La negativa de brindarme todos y cada uno de los estudios y tratamiento para dicha intervención quirúrgica. c) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato, en virtud que como autoridad superior jerárquica, es quien da la autorización para todo lo anterior. 2. DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES NÚMERO 30 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. a) Se reclama la negativa de atención médica especializada por parte de neurocirujano. b) La negativa de brindarme todos y cada uno de los estudios e intervención para tratar mi padecimiento. c) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato, para la realización de cirugía de resección de un tumor aparentemente extraxial de 05 cm de diámetro mayor que condiciona edema perilecional." En virtud de ello, en proveído de veinte de julio del presente año, se concedió al quejoso Ramón Torres Gómez, la suspensión de plano a efecto de que las autoridades responsables proporcionen la atención médica requerida, en el sentido de que valoraran y determinaran el tratamiento procedente en relación con el padecimiento de un tumor aparentemente extraxial de cinco centímetros de diámetro mayor que condiciona edema perilecional; así como para que brindaran el tratamiento correspondiente, en la medida que fuera necesario, ya sea en la propia institución o bajo servicios subrogados; todo ello bajo estricta responsabilidad del personal médico especializado en su atención y para el cuadro clínico que presenta, a fin de preservar su vida y su salud. De igual forma, dentro del presente juicio de amparo, se tuvo a las autoridades responsables informando en relación con la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Ahora, del contenido del informe de cuenta se desprende que la autoridad oficiante informa el fallecimiento del quejoso Ramón Torres Gómez, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; lo anterior, tal como se advierte de la copia certificada de la nota de defunción de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, levantada por la médico interno Yazmín Galaviz Lagunas y el médico base Edgar Augusto Gómez López, así como la nota de cierre por defunción de la misma fecha. Lo anterior, puede verificarse a continuación: Resulta aplicable al caso concreto la tesis de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." Por tanto, al surtirse el sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Audiencia constitucional En consecuencia, se deja sin efectos el señalamiento de las once horas del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Director del Hospital General Zona Número Treinta, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de veinticinco de agosto del año en curso, informa que no cuenta con intervenciones quirúrgicas pendientes a realizar al quejoso ********************, sin excluir que aún se encuentra hospitalizado y de estado delicado, no exento de complicaciones. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. En tales condiciones, REQUIÉRASE a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe la evolución del padecimiento del quejoso ********************, así como los subsecuentes tratamientos a realizar; o bien, informe el impedimento legal que tuviere para ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo o no informar a este juzgado lo acontecido, de conformidad con los artículos 147, 158, 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les podrá imponer una multa por un monto equivalente a CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, conforme lo establece el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la referida constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Lo anterior, con independencia de que este Juzgador pueda emplear los diversos medios que tiene a su alcance, para lograr el cumplimiento cabal y completo de la medida cautelar otorgada. Se reitera a las autoridades requeridas que el desacato a la suspensión de plano decretada podría configurar un hecho señalado por la ley como delito en términos del 262, fracción III, de la Ley de Amparo, conforme al cual se sancionará con pena de prisión de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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