Ramon Sanchez Cota
Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramon Sanchez Cota
Actuaciones
- Principal
********************Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.********************En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. ********************Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto.********************De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ********************Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL PARTE QUEJOSA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ************+EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, firmada por Ramón Sánchez Cota, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Guasave, Sinaloa, y otras autoridades; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 742/2022-2. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Del contenido integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso reclama de manera esencial, el embargo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, respecto del inmueble que relaciona en su demanda de derechos fundamentales en los autos del expediente laboral número JEN2-08-470/2021. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado y que se precisan bajo protesta de decir verdad, claramente se observa que el expediente laboral de origen se encuentra en la etapa de ejecución del laudo, asimismo, que el quejoso resulta ser la parte demandada. En tal virtud, se estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Lo anterior es así, en virtud de que el acto que hace consistir de manera esencial, en el embargo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, respecto del inmueble que relaciona en su demanda de derechos fundamentales en los autos del expediente laboral número JEN2-08-470/2021; es inconcuso que el amparo intentado es improcedente, porque dichos actos no constituyen la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de laudo en el citado expediente, toda vez que no son actuaciones en las que se haya tenido por cumplida éste, o bien, que determine la imposibilidad para su cumplimiento, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de tal manera que es evidente que en el procedimiento de origen aún no se ha dictado la última resolución relativa a la ejecución del laudo. Ciertamente, dicha afirmación se sustenta porque que no puede considerarse si o no cumplido el laudo, pues esto se verificará hasta en tanto el presidente responsable haga la declaratoria expresa respecto al cumplimiento total de ésta o de la imposibilidad jurídica o material para ello. En ese tenor, el suscrito estima que todos el acto que en esta vía se impugna fue dictado en ejecución de laudo a efecto de lograr su cumplimiento; de ahí que el juicio de garantías promovido por Ramón Sánchez Cota, no sea procedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es evidente que los actos que se reclaman no es la última resolución dictada en esa etapa del litigio. Robustece lo anterior, por las razones que la informan la jurisprudencia número P.J.32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo es aplicable al presente caso, la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, Febrero 1998, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". En consecuencia, al quedar establecido que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el expediente de origen, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Sin que pase inadvertido que de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que se acompañan, que la ejecución del laudo se ordenó en un cuaderno de amparo que formó en virtud del juicio de garantías que la parte demandada ahora quejoso promovió en contra de la resolución definitiva (laudo); por tanto, resulta claro que sobre el acto reclamado (embargo) no cabe el juicio biinstancial, porque sería tanto como establecer la procedencia de dicho juicio contra resolución dictada en los juicios de amparo o en su ejecución, lo que no está permitido conforme lo dispuesto por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que en todo caso es impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción II, inciso b) del artículo 97 de la Ley de Amparo Norma el criterio la Tesis: X.3o.15 L, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página 966 de Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Materia Laboral, Novena Época, Registro digital 192215, que dice: "AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE, SI EL ACUERDO IMPUGNADO ESTÁ DICTADO EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN SU EJECUCIÓN. Si el acuerdo reclamado al través del juicio de amparo indirecto se dictó por la autoridad responsable en un cuaderno de amparo que formó en virtud del juicio de garantías que la parte perdidosa promovió en contra de la resolución definitiva (laudo), es claro que sobre aquel acuerdo no cabe el juicio biinstancial, porque sería tanto como establecer la procedencia de dicho juicio contra resolución dictada en los juicios de amparo o en su ejecución, lo que no está permitido conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, sino que en todo caso es impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo.". Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Ópalos 918, fraccionamiento Viñedos en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Martín Álvarez Llanes, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alejandro Álvarez Meza, Melchor Osvaldo Félix Rubio y Óscar Javier Álvarez Llanes, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente. ROBERTO MERCADO
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