Ramón Salmerón Domínguez
Expediente 475/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ramón Salmerón Domínguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en León, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 10279/2015 del índice de este juzgado e informa que dicho órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada, por lo que se avoca al conocimiento del asunto. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Salmerón Domínguez, por su propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de León, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 475/2015-II. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. En el caso concreto, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que: 1.- La orden de traslado de que se duele el quejoso comenzó a ejecutarse en León, Guanajuato y concluyó en Valle de Santiago, Guanajuato, lugar en el que actualmente se encuentra interno, tal y como se advierte de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad manifestó en su libelo constitucional. En efecto, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el quejoso se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social de León, Guanajuato, debido al procedimiento que se instauró en su contra por la comisión del delito de secuestro agravado; que el seis de mayo del año en curso, el Juez Interino Quinto Penal de León, Guanajuato, dentro de la causa penal 93/2015-C, le dictó auto de formal prisión; y que el doce de mayo del presente año fue trasladado al "CERESO MIL DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO". Por ello, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda, puesto que, la orden de traslado comenzó a ejecutarse en León, Guanajuato y concluyó en Valle de Santiago, Guanajuato, lugares en donde este Juzgado Federal no tiene jurisdicción. Lo anterior es así, ya que conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en León, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en la ciudad de León, y los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción, entre otros, en el municipio de Valle de Santiago. En ese sentido, ya que el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, sin que exista algún criterio objetivo que determine cuál de esas jurisdicciones debe ser preferente en el caso concreto, en que el quejoso presentó su demanda ante un Juez incompetente; por lo que la presente demanda debe ser remitida a cualquiera de los Jueces competentes indistintamente. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en turno con sede en León, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Sin que en el caso sea necesario pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el numeral 48 de la ley de la materia. Téngasele al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Israel Aguilera Sánchez, por tratarse de un asunto que deriva de la materia penal. Asimismo, téngasele manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Ramón Orduño Martínez755/2016
- Ramón Pizano Hortelano515/2015
- Ramón Ramírez Álvarez955/2014
- Ramón Reyes Aboytes859/2015
- Ramón Rojo Cortés378/2021
- Ramón Rufino González Zúñiga330/2016
- Ramón Sánchez Serrato356/2023
- Ramón Zamudio Guzmán126/2021
- Ramses Ramírez Bolaños y Otros.634/2019
- Ramshes Gómez Martínez656/2022
- Ranulfo Martín Ortiz Yáñez661/2023
- Raquel Aguilar Martínez y Otros.557/2023