Ramon Salazar Galvez
Expediente 1656/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ramon Salazar Galvez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, por tanto se provee lo siguiente. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Véase. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo anterior porque el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al incurrir en la omisión reclamada, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto reclamado consiste en la omisión de resolver su solicitud de pensión presentada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve; lo que tiene su origen en una relación jurídica de ese ente edilicio, como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto de prestaciones de seguridad social, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Véase. Acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de resolver su solicitud de pensión presentada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Así, el acto reclamado versa sobre la omisión de resolver sobre el otorgamiento de una pensión a un trabajador del propio Ayuntamiento en mención; por lo que dada su naturaleza, deja en evidencia que entre el quejoso que se ostenta como trabajador y el ente patronal al que pertenece la autoridad aquí señalada como responsable, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente. En efecto, al omitir emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Ayuntamiento responsable actuó como patrón respecto de una prestación de seguridad social, que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. [.] Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la circunstancia de que el acto que se reclama no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no derivarse de una relación de supra a subordinación, sino un hecho derivado de la relación laboral; es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado señalado por la quejosa se aprecia la identidad del quejoso; de las autoridades responsables y de los actos reclamados, por tanto, se advierte la improcedencia del mismo. .
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