Ramon Salazar Alvarez
Expediente 148/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ramon Salazar Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 33 y 34), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal a recoger el documento que exhibió en el presente sumario constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dicho documento sería destruido con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, el documento exhibido será destruido con el presente expediente. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Ramón Salazar Álvarez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, se advierte que en el presente expediente, se encuentra anexado documento exhibido por la parte quejosa (fojas 18 a 20); con fundamento en el punto décimo primero del mencionado acuerdo 1/2009 requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en el local que ocupa este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificada para hacerle entrega de dicho documento, apercibido para el caso de no hacerlo así, se procederá a su destrucción junto con las presentes actuaciones. En ese sentido, una vez transcurrido el plazo mencionado, se proveerá lo relativo al archivo en el presente juicio. Finalmente, vista la copia certificada del oficio SEADS/460/2019, de diez de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que Marco Antonio Vignola Conde quedó adscrito a este órgano jurisdiccional como Juez de Distrito a partir del uno de mayo del presente año, lo cual debe enterarse a las partes procesales para que estén en aptitud de ejercer el derecho de recusación a que alude el artículo 52 de la Ley de Amparo, además de evitar la reposición del procedimiento en perjuicio de una administración de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Ramón Salazar Álvarez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, se advierte que en el presente expediente, se encuentra anexado documento exhibido por la parte quejosa (fojas 18 a 20); con fundamento en el punto décimo primero del mencionado acuerdo 1/2009 requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en el local que ocupa este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificada para hacerle entrega de dicho documento, apercibido para el caso de no hacerlo así, se procederá a su destrucción junto con las presentes actuaciones. En ese sentido, una vez transcurrido el plazo mencionado, se proveerá lo relativo al archivo en el presente juicio. Finalmente, vista la copia certificada del oficio SEADS/460/2019, de diez de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que Marco Antonio Vignola Conde quedó adscrito a este órgano jurisdiccional como Juez de Distrito a partir del uno de mayo del presente año, lo cual debe enterarse a las partes procesales para que estén en aptitud de ejercer el derecho de recusación a que alude el artículo 52 de la Ley de Amparo, además de evitar la reposición del procedimiento en perjuicio de una administración de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Ramón Salazar Álvarez,, apoderado legal para pleitos y cobranzas de Leticia Rubio García por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11). Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso particular, de acuerdo con el escrito inicial de demanda de amparo, el acto que aquí reclama la parte promovente del amparo consiste en: "El auto de fecha 03 de Abril de 2019, notificada POR LISTA el día 04 de Abril de 2019, en el expediente 682/2016, del índice del juzgado primero de lo civil de Ciudad Valles, S.L.P., relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por FELIPE VILLEGAS GÓMEZ, como apoderado de la moral denominada BANCO DEL CENTRO S.N.C., (actualmente seguido por el LIC. ERNESTO HUERTA MUÑOZ), En contra de mi poderdante LETICIA RUBIO GARCÍA y otro. Mediante dicha resolución, la autoridad responsable DESECHÓ DE PLANO el recurso de REVOCACIÓN que presenté el día 29 DE Marzo de 2019, en contra del auto de fecha 25 de Marzo de 2019, mismo que fijó las 8:30 horas del día 31 de Mayo de la presente anualidad, para que tenga verificativo la audiencia de remate en el juicio del cual brotan los actos reclamados." Ahora bien, el suscrito juzgador estima que frente al anterior acto reclamado se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de amparo en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo de la misma legislación antes invocada, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Los citados dispositivos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En efecto, en el caso particular se considera que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, porque de acuerdo con los preceptos antes invocados, el juicio de amparo indirecto solamente resulta procedente en los procedimientos de remate contra la última resolución dictada en los mismos, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; supuesto en el cual no se ubica la interlocutoria reclamada en la demanda de amparo de cuenta. Lo anterior es así, porque la interlocutoria señalada como acto reclamado, de ninguna forma puede estimarse que cumpla con las prevenciones a que alude el párrafo tercero de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues de acuerdo con lo manifestado por el apoderado de la parte quejosa, en relación al contenido de la resolución reclamada, a través de la misma únicamente se fija fecha para que tenga verificativo la audiencia de remate en el juicio del cual emanan los actos reclamados; motivo por el cual, en forma alguna, a través de la determinación reclamada se está ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni tampoco la entrega de los bienes rematados; de ahí que no se actualiza el supuesto de procedencia contemplado en el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, como se dijo, no es dable considerar como definitiva la resolución reclamada, por no satisfacer la hipótesis de procedencia contemplada en el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no ser la última resolución dictada en el procedimiento de remate de la etapa de ejecución que se encuentra el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. En ese tenor, si la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada en contra de una persona que fue oída y vencida en juicio, porque al promoverse el juicio de amparo en contra de la última resolución y de demostrarse que hubo infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, la consecuencia será la de reponer el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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