Ramón Sabas Navarro Ramos

Expediente 1308/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1308/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Ramón Sabas Navarro Ramos
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se le desincorporaran de su esfera jurídica los artículos 22, fracción I, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le devolviera las contribuciones erogadas por la parte quejosa en relación al pago de derechos por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Luego, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el tres y catorce de agosto de este año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el tres de abril del presente año, hizo la devolución vía transferencia bancaria a la parte quejosa por la cantidad de ********************; asimismo, acompañó las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mientras que la responsable devolvió la cantidad respectiva el tres de abril de dos mil veinte, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de marzo del año actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de marzo de este año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes marzo de dos mil veinte fue de 106.889 y para el mes de abril del año anterior fue de 103.531, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.032. Ahora, dado que al monto de ********************, al que se le ******************** quedando un total de ******************** por pago de derechos por concepto de inscripción de documento público o privado; luego, multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ********************. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad ********************; luego, la autoridad le cubrió a la parte quejosa la cantidad de ********************, resultando una diferencia de ******************** a favor de la parte quejosa, misma que resulta irrelevante para ordenar su devolución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte agraviada, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Notifíquese en los términos indicados.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se le desincorporaran de su esfera jurídica los artículos 22, fracción I, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le devolviera las contribuciones erogadas por la parte quejosa en relación al pago de derechos por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Luego, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el tres y catorce de agosto de este año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el tres de abril del presente año, hizo la devolución vía transferencia bancaria a la parte quejosa por la cantidad de ********************; asimismo, acompañó las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mientras que la responsable devolvió la cantidad respectiva el tres de abril de dos mil veinte, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de marzo del año actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de marzo de este año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes marzo de dos mil veinte fue de 106.889 y para el mes de abril del año anterior fue de 103.531, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.032. Ahora, dado que al monto de ********************, al que se le ******************** quedando un total de ******************** por pago de derechos por concepto de inscripción de documento público o privado; luego, multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ********************. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad ********************; luego, la autoridad le cubrió a la parte quejosa la cantidad de ********************, resultando una diferencia de ******************** a favor de la parte quejosa, misma que resulta irrelevante para ordenar su devolución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte agraviada, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Notifíquese en los términos indicados.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, mediante el cual en atención a lo solicitado por ese Juzgado, informa que el exhorto número 131/2019, fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur; en consecuencia, únicamente agréguese el mismo a los presentes autos, sin mayor pronunciamiento, toda vez que la citada comunicación fue devuelta sin diligenciar por la citada autoridad y se proveyó al respecto en auto de veintiocho de octubre del año en curso (foja 483). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 39/2017, promovido por ********, TODOS DE APELLIDOS *; en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del Secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el arábigo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario da lectura a la demanda de amparo y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a). Escrito inicial de demanda y anexos que se adjuntaron (fojas 2 a la 121); b). Constancias de emplazamiento a los terceros interesados **, representada por ** y ** (fojas 132 a la 134 y 191 a la 193 respectivamente); c). Acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete (foja 139), mediante el cual se ordenó la remisión de la separación de juicios ordenada en relación al acto consistente en la orden judicial de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio sucesorio testamentario 1529/2016, para tramitar por separado y adjudicar a favor del heredero Arturo Luna López, en vía de hijuela ante notario público, así como el auto de once de enero de dos mil diecisiete, emitido dentro del citado juicio 1529/2016 y todo lo actuado en el referido expediente; actos que se reclaman al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Xalisco, Nayarit; de igual forma, la tramitación por separado de dicho sumario y la protocolización respectiva que lleva a cabo el Notario Público número Ocho de esta ciudad; y la ejecución de las indicadas determinaciones, así como la entrega de dinero efectivo o transferencia electrónica bancaria a favor del heredero Arturo Luna López o diverso tercero, que obre depositado por cualquier concepto autora de la sucesión *** y/o ** , en el Fondo auxiliar o cuenta bancaria que se encuentre bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura y que tenga relación con el multicitado juicio 1529/2016, que fueron reclamados al Secretario de Administración del Consejo de la Judicatura Local, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y Departamento de Catastro Ayuntamiento de Tepic, Nayarit (foja 139); d). Informes con justificación rendidos por el Secretario de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar y Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Tepic, Nayarit, todos con residencia en esta ciudad (fojas 142 a la 143, 146, 164 y 166 a la 168 respectivamente); e) Pruebas documentales que remitieron las autoridades denominadas Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, en apoyo a su informe con justificación, las cuales en relación a la primera de las mencionadas, se obran de la foja ciento cuarenta y siete a la ciento cincuenta y ocho y por lo respecta a la diversa se ordenó dejar en trece legajos por separado; f). Ocurso signado por el quejoso ***** , a través del cual formula alegatos (fojas 178 y 179). g) Oficio presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual formuló alegatos (fojas 181 a la 186). h). Libelo signado por el tercero interesado *****, por medio del cual se apersonó al presente juicio (foja 195) i). Escrito signado por el tercero interesado **** , en su carácter de representante de la sucesión a bienes de ***** y/o***** de ** , a través del cual realizó diversas manifestaciones y ofreció pruebas. j). Constancias de emplazamiento a la tercera interesada Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia, actualmente Procuraduría de Protección de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nayarit, como tutor dativo de la incapaz ***** (foja 617); Sin más constancias que deban relacionarse, la Juez acuerda: En términos del dispositivo 117 de Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de referencia, así como por relacionadas las constancias de autos. Posteriormente, con apoyo en los numerales 119 y 123 de dicha Ley, se inicia el período probatorio, dentro del cual, se tienen por admitidas por su propia y especial naturaleza las documentales que obran en autos, se cierra tal período y se abre el de alegatos, siendo formulados por el quejoso ****, tercero interesado ***** , en su carácter de representante de la sucesión a bienes de ** y/o ** y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado (fojas 178 a la 179, 181 a la 186 y 197 a la 206). Se cierra dicho periodo, por lo que al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la Ley de Amparo, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. DOY FE.

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