Ramón Rosas Vélez

Expediente 880/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
880/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ramón Rosas Vélez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el catorce de noviembre del año que transcurre, feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción II del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida el doce de septiembre del dos mil veintitrés (fojas 35 - 37 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 880/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el catorce de noviembre del año que transcurre, feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción II del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida el doce de septiembre del dos mil veintitrés (fojas 35 - 37 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. FIRMAS ELECTRÓNICAS" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su defensor particular, el proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio 29556 de dos de octubre de dos mil veintitrés, remite las constancias de notificación a la parte quejosa del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés emitido en el proceso penal 621/2021 de su índice, en copia certificada. En esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento al aludido requerimiento, por lo que queda sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. En ese contexto, las constancias remitidas por la responsable en auto de dos de octubre del año en curso y en el presente proveído para respaldar sus manifestaciones en esta instancia extraordinaria, al ser pruebas documentales públicas, se valoran en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°; por lo que lo anterior se considera plenamente acreditado. Así pues, tomando en cuenta que en el caso a examen el acto reclamado se hizo consistir, precisamente en la omisión de acordar y dar trámite del recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos del proceso penal 621/2021 del índice del Juzgado responsable, por el que se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia; y tomando en consideración que de las constancias que remitió el juez responsable relativas al auto de veintinueve de junio de este año, por el cual admitió y resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, acuerdo que fue debidamente notificado como se advierte de la constancia que anexo al oficio de mérito; es evidente que con la emisión de dicho acuerdo de que se trata han cesado los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna afectación, y en ese orden de ideas, es conveniente concluir en el sentido de que el presente juicio es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; consecuentemente se procede a decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia ley. De igual forma, conviene destacar que no origina agravio alguno al peticionario de amparo, ni mucho menos se les priva de defensa por la circunstancia de que se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, ya que el acto reclamado cesó en sus efectos, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, y en ese orden de ideas, es conveniente concluir en el sentido de que el presente juicio es improcedente, al actualizarse la causal invocada en el párrafo que precede. Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias de rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL", y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" , ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obsta a lo anterior, que la tercero interesada Sandra Pérez Soriano, se encuentre pendiente de ser emplazada al presente asunto, en razón como se expuso en los párrafos que anteceden, cesaron los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional, lo que no le priva de alguna manera su defensa, además que, de las constancias que anexó el juez responsable recibidas el dos del actual, se advierte que esta impuesta del acuerdo de veintinueve de junio de esta anualidad en el proceso de origen. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (foja 20). Notifíquese en términos de ley." Firmas electrónicas.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Así también, de conformidad con el numeral 119 de la ley ante citada, se tienen por anunciadas las PRUEBAS DOCUMENTALES en copia certificada y el disco compacto adjuntas al informe de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora bien, se advierte que la responsable refiere que es cierto el acto que se le reclama y remite el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés que emitió en el proceso penal 621/2021 de su índice, empero, si bien remite las constancias de notificación de las partes en el aludido juicio, se advierte que por los motivos que expone no fueron notificados el quejoso Ramón Rosas Vélez y su defensor Christian Uriel Cázares Trejo de dicho proveído, regulando dicha situación; sin embargo, ante la imposibilidad de notificar al aquí quejoso, el ocho de septiembre pasado, la responsable ordenó girar el exhorto 200/2023 para notificarle dicho acuerdo así como el diverso de fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés en el domicilio señalado en el juicio penal, el cual que se encuentra en el Estado de Puebla, por lo que no remite la constancia de notificación a la parte quejosa del aludido acuerdo. De lo expuesto, y del análisis preliminar del asunto, se requiere de dicha documental (notificación efectuada a la parte quejosa) para resolver el presente juicio, por lo que las constancias que obran en autos se estiman insuficientes para dictar la sentencia en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, a que refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de la notificación del presente proveído, y una vez que haya recabado las constancias de notificación antes aludida, envíe a este Juzgado, copias certificadas, íntegras y legibles de las constancias de notificación a la parte quejosa del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés emitido en el proceso penal 621/2021 de su índice, o informe el impedimento legal para no dar cumplimiento a lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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