Ramón Rodríguez García
Expediente 686/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ramón Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
... SE CELEBRA AUDIENCIA DE INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN ...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia emitida el veintiocho de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, promovido por ********************; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento al primer párrafo del artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción I, del artículo 20, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo SOBRESEÍDO, se establece como fecha probable el veintisiete de septiembre de dos mil veintiséis. En ese tenor, se precisa que, al no encuadrar en los supuestos del artículo 15 del mencionado Acuerdo General, el presente juicio carece de relevancia documental; por lo cual, una vez que transcurran tres años, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, deberá destruirse el presente expediente y remitirse, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 20, así como acorde a lo previsto en los diversos 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Al efecto, como lo dispone el numeral 34, primer y segundo párrafos, del Acuerdo en comento, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE AGOSTO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, y su anexo; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias que integran el expediente 379/X/2019, de su índice. Ahora bien, del estudio y análisis en conjunto de la demanda de derechos fundamentales y de las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 2 reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado medularmente se constriñe en la omisión de la mencionada junta de dictar el laudo correspondiente, en el expediente laboral 379/X/2019, de su estadística. 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 3 En ese contexto, de las constancias anexadas por el presidente de la junta responsable, se advierte el laudo dictado el veintidós de agosto del año en curso, en el mencionado expediente laboral. En relación con lo anterior, a criterio de quien esto suscribe, en el presente juicio de amparo sobreviene una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 4 la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 5 violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 6 Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, como se precisó, el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir, medularmente, en la omisión de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, de dictar laudo en el expediente laboral 379/X/2019, de su estadística. Al respecto del anexo del oficio de cuenta, remitido por el presidente de la mencionada junta laboral, se advierte que el veintidós de agosto del año en curso, se emitió laudo en el expediente laboral de referencia, del que se advierte que la autoridad responsable determinó lo siguiente: ".De lo anteriormente expuesto, fundado, motivado y con apoyo en lo que dispone el artículo 841 y 842, en relación con el diverso 889, de la Ley Federal del Trabajo en vigor, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO: La parte actora no acredito la procedencia de sus acciones; la parte demandada se excepciono, en consecuencia: SEGUNDO: Se ABSUELVE a la parte demandada MAYORISTAS EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION OLMECA, de pagar al actor, el C. RAMON RODRIGUEZ GARCIA, cantidad alguna por concepto de indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extra, aguinaldo y demás prestaciones que reclama en su escrito inicial de demanda de fecha doce de febrero del año dos mil diecinueve, por las razones asentadas en el considerando tercero del presente laudo. TERCERO: Notifíquese y Cúmplase. (.)" Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 7 su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior se obtiene que a la fecha, la junta laboral señalada como responsable ya emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral de origen. Sin que sea óbice a esta determinación, el que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación a la parte quejosa del laudo emitido, para negarle el efecto de hacer cesar el acto reclamado, pues al exhibirlo la responsable en este juicio, y ser notificada la solicitante de protección de derechos fundamentales de esta determinación se subsana la posible falta de su notificación. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular, cesaron los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de la autoridad y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 8 garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero 12 de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 9 como a la tercera interesada, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TECERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE 28 DE AGOSTO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, y su anexo; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias que integran el expediente 379/X/2019, de su índice. Ahora bien, del estudio y análisis en conjunto de la demanda de derechos fundamentales y de las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 2 reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado medularmente se constriñe en la omisión de la mencionada junta de dictar el laudo correspondiente, en el expediente laboral 379/X/2019, de su estadística. 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 3 En ese contexto, de las constancias anexadas por el presidente de la junta responsable, se advierte el laudo dictado el veintidós de agosto del año en curso, en el mencionado expediente laboral. En relación con lo anterior, a criterio de quien esto suscribe, en el presente juicio de amparo sobreviene una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 4 la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 5 violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 6 Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, como se precisó, el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir, medularmente, en la omisión de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, de dictar laudo en el expediente laboral 379/X/2019, de su estadística. Al respecto del anexo del oficio de cuenta, remitido por el presidente de la mencionada junta laboral, se advierte que el veintidós de agosto del año en curso, se emitió laudo en el expediente laboral de referencia, del que se advierte que la autoridad responsable determinó lo siguiente: ".De lo anteriormente expuesto, fundado, motivado y con apoyo en lo que dispone el artículo 841 y 842, en relación con el diverso 889, de la Ley Federal del Trabajo en vigor, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO: La parte actora no acredito la procedencia de sus acciones; la parte demandada se excepciono, en consecuencia: SEGUNDO: Se ABSUELVE a la parte demandada MAYORISTAS EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION OLMECA, de pagar al actor, el C. RAMON RODRIGUEZ GARCIA, cantidad alguna por concepto de indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extra, aguinaldo y demás prestaciones que reclama en su escrito inicial de demanda de fecha doce de febrero del año dos mil diecinueve, por las razones asentadas en el considerando tercero del presente laudo. TERCERO: Notifíquese y Cúmplase. (.)" Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 7 su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior se obtiene que a la fecha, la junta laboral señalada como responsable ya emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral de origen. Sin que sea óbice a esta determinación, el que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación a la parte quejosa del laudo emitido, para negarle el efecto de hacer cesar el acto reclamado, pues al exhibirlo la responsable en este juicio, y ser notificada la solicitante de protección de derechos fundamentales de esta determinación se subsana la posible falta de su notificación. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular, cesaron los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de la autoridad y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO 8 garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero 12 de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así 04/05/24 15:38:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0f.83 OSCAR ABDALA DELGADO JUICIO DE AMPARO 686/2023-6 9 como a la tercera interesada, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
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