Ramón Ricardo Díaz Nájera

Expediente 1201/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1201/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Ramón Ricardo Díaz Nájera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de nueve de agosto del año en curso (folios 42 al 47), en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente, Presidente Auxiliar y Secretaria, adscritos a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remiten copia certificada del proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio laboral 1064/2018/15-C; en consecuencia, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para los efectos legales a que haya lugar. Se sobresee fuera de audiencia. Del análisis del informe justificado de cuenta, así como de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que sobrevienen dos causas de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En efecto, respecto del acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en la falta de emplazamiento de los demandados Dios Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricmar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Mario Nuñez Solano y la fuente de trabajo, ubicada en la calle Puerto Ensenada, número 42, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. Así, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Pues bien, en el caso, opera la causal de improcedencia en estudio; ello, al tomar en consideración que la parte quejosa reclamó del Actuario notificador adscrito a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, la falta de emplazamiento a los demandados Dios Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricmar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Mario Nuñez Solano y la fuente de trabajo, ubicada en la calle Puerto Ensenada, número 42, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco; sin embargo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el diez de junio de dos mil diecinueve, el fedatario laboral, emplazó a la empresa demandada Dios Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricmar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Jorge Mario Nuñez Solano (fojas 20, 21 y 22), y respecto de la fuente de trabajo, ubicada en la calle Puerto Ensenada, número 42, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco; en proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, la junta refirió que dicha demanda, no había comparecido al juicio laboral no obstante que se encontraba debidamente notificada en términos de la actuación de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 39 a 41). De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de mayo de dos mil diecinueve), tenía existencia jurídica el acto reclamado que hizo consistir en la falta de notificación y emplazamiento a los demandados referidos, respecto de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, la omisión atribuida a las autoridades responsables, con posterioridad, cesó el diez y veintiocho de junio de dos mil diecisiete, al haber sido emplazados los mismos, ello, con posterioridad a la presentación del presente juicio constitucional. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado a las autoridades referidas, en los autos del juicio laboral 1064/2018/15-C, ante el emplazamiento que se realizó de los cuatro demandados de referencia. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Por otra parte, del oficio con el que se dio cuenta en la audiencia constitucional, se advierte que, en relación con la falta de emplazamiento de Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima e Ignacio Rafael Rodríguez López, se concreta la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del citado artículo 61, de la Ley de Amparo, textualmente dispone. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:(.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.(.)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia transcrita, ha establecido los siguientes criterios: El primero, emitido en la Novena Época, por la Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, tesis 2a. CXI/96, en su página doscientos diecinueve, de rubro y contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". El segundo, sustentado en la Quinta Época, por la extinta Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página cuatro mil novecientos ochenta y uno, de epígrafe y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... «contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica». Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". Así como la emitida en la Quinta Época, por la otrora Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página mil quinientos setenta y tres, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En ese orden de ideas, el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la abstención u omisión de emplazar a la empresa demandada Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima, así como al diverso demandado Ignacio Rafael Rodríguez López, en el juicio laboral 1064/2018/15-C. En efecto, de constancias se advierte que en audiencias de veintiocho de junio y seis de agosto, ambas de dos mil diecinueve; la junta responsable en atención a las razones actuariales con que se dio cuenta en cada una de ellas, requirió a la parte actora a fin de señalé el domicilio correcto en donde pueden ser emplazados los demandados de referencia. Ahora bien, como ya se dijo, en el caso particular con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de mayo de dos mil diecinueve), la junta responsable con motivo de los motivos que tuvo el fedatario laboral, con lo cual levantó su razón; en audiencias de veintiocho de junio y seis de agosto, ambos del año en curso, dio vista a la parte actora, aquí quejosa, para que refiriera lo conducente a la imposibilidad que tuvo el fedatario laboral para llevar a cabo el emplazamiento de Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima e Ignacio Rafael Rodríguez López, en el domicilio señalado por la misma. Deriva de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto, como en el presente caso el proveído donde se requiere a la parte actora, aquí quejosa, el domicilio en donde puede ser emplazada su contraparte, lo que trajo como resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Dicha situación sucede porque, cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones, esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores de modo que pueden subsistir, con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. De ahí que cuando se impugne como acto reclamado la abstención u omisión de emplazar a la parte demandada Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima e Ignacio Rafael Rodríguez López, y existe una actuación de la junta laboral posterior que revele el resultado obtenido y el requerimiento efectuado con motivo de ello, se esté en presencia de un cambio de situación jurídica y por tanto opere la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia que prevé el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo, de forma notoria, manifiesta e indudable, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. Se deja sin efectos fecha de la audiencia constitucional. En consecuencia de la presente determinación, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    citatorio.- por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de nueve de agosto en curso, en el cual Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente, Presidente Auxiliar y Secretaria, adscritos a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remiten copia certificada del proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio laboral 1064/2018/15-C; en consecuencia, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para los efectos legales a que haya lugar. II. Se sobresee fuera de audiencia. Del análisis del informe justificado de cuenta, así como de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que sobrevienen dos causas de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En efecto, respecto del acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en la falta de emplazamiento de los demandados Dios Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricmar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Mario Nuñez Solano y la fuente de trabajo, ubicada en la calle Puerto Ensenada, número 42, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. Así, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Pues bien, en el caso, opera la causal de improcedencia en estudio; ello, al tomar en consideración que la parte quejosa reclamó del Actuario notificador adscrito a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, la falta de emplazamiento a los demandados Dios Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricmar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Mario Nuñez Solano y la fuente de trabajo, ubicada en la calle Puerto Ensenada, número 42, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco; sin embargo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el diez de junio de dos mil diecinueve, el fedatario laboral, emplazó a la empresa demandada Dios Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricmar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Jorge Mario Nuñez Solano (fojas 20, 21 y 22), y respecto de la fuente de trabajo, ubicada en la calle Puerto Ensenada, número 42, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco; en proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, la junta refirió que dicha demanda, no había comparecido al juicio laboral no obstante que se encontraba debidamente notificada en términos de la actuación de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 39 a 41). De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de mayo de dos mil diecinueve), tenía existencia jurídica el acto reclamado que hizo consistir en la falta de notificación y emplazamiento a los demandados referidos, respecto de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, la omisión atribuida a las autoridades responsables, con posterioridad, cesó el diez y veintiocho de junio de dos mil diecisiete, al haber sido emplazados los mismos, ello, con posterioridad a la presentación del presente juicio constitucional. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado a las autoridades referidas, en los autos del juicio laboral 1064/2018/15-C, ante el emplazamiento que se realizó de los cuatro demandados de referencia. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Por otra parte, del oficio con el que se dio cuenta en la audiencia constitucional, se advierte que, en relación con la falta de emplazamiento de Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima e Ignacio Rafael Rodríguez López, se concreta la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del citado artículo 61, de la Ley de Amparo, textualmente dispone. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:(.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.(.)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia transcrita, ha establecido los siguientes criterios: El primero, emitido en la Novena Época, por la Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, tesis 2a. CXI/96, en su página doscientos diecinueve, de rubro y contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". El segundo, sustentado en la Quinta Época, por la extinta Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página cuatro mil novecientos ochenta y uno, de epígrafe y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... «contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica». Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". Así como la emitida en la Quinta Época, por la otrora Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página mil quinientos setenta y tres, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En ese orden de ideas, el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la abstención u omisión de emplazar a la empresa demandada Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima, así como al diverso demandado Ignacio Rafael Rodríguez López, en el juicio laboral 1064/2018/15-C. En efecto, de constancias se advierte que en audiencias de veintiocho de junio y seis de agosto, ambas de dos mil diecinueve; la junta responsable en atención a las razones actuariales con que se dio cuenta en cada una de ellas, requirió a la parte actora a fin de señalé el domicilio correcto en donde pueden ser emplazados los demandados de referencia. Ahora bien, como ya se dijo, en el caso particular con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de mayo de dos mil diecinueve), la junta responsable con motivo de los motivos que tuvo el fedatario laboral, con lo cual levantó su razón; en audiencias de veintiocho de junio y seis de agosto, ambos del año en curso, dio vista a la parte actora, aquí quejosa, para que refiriera lo conducente a la imposibilidad que tuvo el fedatario laboral para llevar a cabo el emplazamiento de Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima e Ignacio Rafael Rodríguez López, en el domicilio señalado por la misma. Deriva de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto, como en el presente caso el proveído donde se requiere a la parte actora, aquí quejosa, el domicilio en donde puede ser emplazada su contraparte, lo que trajo como resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Dicha situación sucede porque, cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones, esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores de modo que pueden subsistir, con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. De ahí que cuando se impugne como acto reclamado la abstención u omisión de emplazar a la parte demandada Inmobiliaria Gape, Sociedad Anónima e Ignacio Rafael Rodríguez López, y existe una actuación de la junta laboral posterior que revele el resultado obtenido y el requerimiento efectuado con motivo de ello, se esté en presencia de un cambio de situación jurídica y por tanto opere la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta también aplicable al caso, la tesis de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la página tres mil treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, cuyo texto señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo". Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia que prevé el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo, de forma notoria, manifiesta e indudable, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. III. Se deja sin efectos fecha de la audiencia constitucional. En consecuencia de la presente determinación, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio del Presidente Auxiliar y el Secretario General de la Quinceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de veintidós de julio del año en curso (folios 31) y al efecto, remite un legajo en copias certificadas del expediente laboral de origen; consecuentemente, dese vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional. Se forma cuaderno de pruebas. Ahora bien, toda vez que el anexo que remite la autoridad responsable resulta voluminoso, para un mejor manejo de dicho anexo y del juicio de amparo en que se actúa, déjese a la vista de las partes en la secretaría de este juzgado, como tomo I.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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