Ramón Resendiz Suasti
Expediente 1717/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1717/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/09/2015
Partes del expediente
- Ramón Resendiz Suasti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada por este Juzgado se determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos siguientes: "[.] Los efectos de la concesión son para que el Juez Penal responsable, deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de junio de dos mil quince, dictado en contra del ahora quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, pero fundada y motivada, en la que, exponga los razonamientos lógico jurídicos con los que justifique que con los medios de convicción debidamente valorados, se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo equiparado en su modalidad de posesión, pudiendo ser en el mismo sentido o en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que han quedado establecidos en la presente resolución." Por auto de catorce de septiembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio 3127, recibido por este Juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Juez Primero de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro, informó y justificó ante este órgano jurisdiccional, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la resolución dictada con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la que dejo insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de junio de dos mil quince, dictado en contra del ahora quejoso ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo equiparado y, determinó emitir auto de formal prisión en su contra por la comisión de dicho delito. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten a continuación: LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO ° En el considerando segundo al iniciar el estudio de los elementos en cuestión determinó que el delito imputado al quejoso se encuentra previsto por el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción II del Código Penal para el Estado de Querétaro, empero, en los resolutivos determinó que el delito imputado encuadra en el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción III del citado ordenamiento legal. ° En el apartado de la probable responsabilidad determinó que el sujeto activo "el 11 de junio de 2015, en la calle ********************poseía el vehículo marca********************para el Estado de Querétaro", no obstante ello, antes de iniciar el análisis de los elementos del cuerpo del delito determinó que "el once de junio de dos mil quince, alrededor de las 15:42 sobre la Avenida San Miguel en la Colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, un sujeto activo conducía la unidad automotriz, marca********************para el Estado de Querétaro". Lo que resulta inexacto, pues de acuerdo con la garantía de debida fundamentación y motivación, debe determinar exactamente qué precepto legal resulta aplicable a la conducta del inculpado, asimismo, debe especificar debidamente las circunstancias del lugar en donde se llevó a cabo la comisión del delito. En el considerando segundo al iniciar el estudio de los elementos del delito imputado al quejoso determinó que dicho ilícito se encuentra previsto por el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción III del Código Penal para el Estado de Querétaro, empero, en los resolutivos determinó que el delito imputado encuadra en el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción III del citado ordenamiento legal. En el apartado de la probable responsabilidad determinó que el sujeto activo "el 11 de junio de 2015, sobre Avenida San Miguel en la Colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, un sujeto activo conducía quien poseía el vehículo marca********************para el Estado de Querétaro"; asimismo, antes de iniciar el análisis de los elementos del cuerpo del delito determinó que "el 11 de junio de dos mil 2015, alrededor de las 15:42 horas, sobre la Avenida San Miguel en la Colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, un sujeto activo conducía la unidad automotriz, marca********************para el Estado de Querétaro". Asimismo, al acreditar el tercer elemento del cuerpo del delito consistente en "que el sujeto activo tenga conocimiento a sabiendas de que se trata de un vehículo robado", lo hace de forma genérica ya que únicamente lo tuvo por acreditado con los testimonios de los agentes aprehensores y con el dictamen de valor del objeto robado, desestimando la declaración preparatoria del inculpado por considerarlo un mero argumento de defensa, sin embargo, pasó por alto las demás pruebas e indicios que de ellas se desprenden para corroborar o no el "a sabiendas" refiriéndose a ellas como "el cúmulo probatorio" lo cual es incorrecto. En efecto, el "a sabiendas" es un elemento subjetivo, en tanto que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Sin embargo, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido debidamente conectados, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. Así, es insuficiente basarse solamente en un indicio para acreditar el "a sabiendas" lo cual fue lo que realizó el Juez responsable, al apoyarse sólo en el testimonio de los aprehensores, cuando en autos obran otras pruebas como la inspección ministerial del vehículo y su llave, la inspección ministerial del lugar de la detención del inculpado, la declaración del denunciante y de la parte ofendida, las diversas testimoniales de ********************, de las que se puede corroborar o desvirtuar los indicios relativos a si el inculpado sabia o no que el vehículo era robado, tomando en cuenta que el robo y la detención del inculpado sucedió el mismo día con unas horas de diferencia, encontrando el vehículo en circulación y con una llave que permite su encendido y en los alrededores de donde los reportes del localizador satelital lo indicaron. Al acreditar el tercer elemento del cuerpo del delito tomó en consideración la declaración de los elementos de la Dirección de Investigación del Delito, testimoniales a las que les dio valor probatorio de conformidad por los artículos 209 y 215 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, y sostuvo que de ella se desprende que el inculpado les afirmó que sabía el vehículo que conducía era robado. Lo cual concatenó con la declaración del denunciante Michel Gerardo Olvera Nieves, y con las declaraciones de Andrea Litzet Quintanilla, Eva María Velázquez Núñez y Ángel Antonio Arvizu Ontiveros, declaraciones a las que les otorgó valor de indicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, señalando que es lo que se obtiene de cada una de ellas. Asimismo, entrelazó la inspección ministerial del vehículo afecto a la causa, a la cual le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, de la cual sostuvo se desprende la descripción del vehículo que se tuvo a la vista el cual tenía una llave que encendía el vehículo. También tomó en consideración la declaración del inculpado de la cual refirió que no se desprende indicio importante para comprobar la integración del delito ni para desvirtuarlo. Finalmente sostuvo que de la concatenación de los medios de prueba antes mencionados se puede colegir que no existe la confesión del inculpado, sin embargo resultan ser suficientes para demostrar que el aquí quejoso tenía conocimiento previo de que el vehículo que conducía era robado, conforme a las reglas de la prueba circunstancial, esto es que 1) el vehículo fue robado después de las doce horas con treinta minutos del once de junio de dos mil quince y, 2) que el vehículo fue encontrado en posesión de un sujeto activo deduciendo que tales hechos ciertos que el inculpado tenía conocimiento de que el vehículo no era suyo y contrario a ello así lo afirmó a los elementos de policía, pues señaló que tenía tiempo que lo había comprado, cuando se encuentra demostrado que el vehículo tenía solo unas horas de haber sido robado, pues así lo refieren los elementos aprehensores, deduciendo que mintió respecto de la propiedad pues aceptó que "la mera verdad es que es robado", por lo que de dichos hechos concluyó que el inculpado les mintió a los policías al indicar que tenía tiempo que había comprado el vehículo, debido a que al entrevistarse con los policías se encontraba nervioso, por lo que sostuvo se acredita el elemento a sabiendas, ya que no existe otra explicación lógica de la posesión del vehículo además de que al momento de ser encontrado tenía una llave de encendido, misma que no fue proporcionada por su dueño, lo cual le permitió inferir que al activo tenía conocimiento de que el vehículo era robado. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal e incidentes), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .II
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 01/10/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 30/09/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada por este Juzgado se determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos siguientes: "[.] Los efectos de la concesión son para que el Juez Penal responsable, deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de junio de dos mil quince, dictado en contra del ahora quejoso ********************, dentro de la causa penal ********************de su índice y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, pero fundada y motivada, en la que, exponga los razonamientos lógico jurídicos con los que justifique que con los medios de convicción debidamente valorados, se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo equiparado en su modalidad de posesión, pudiendo ser en el mismo sentido o en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que han quedado establecidos en la presente resolución." Por auto de catorce de septiembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio 3127, recibido por este Juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Juez Primero de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro, informó y justificó ante este órgano jurisdiccional, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la resolución dictada con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la que dejo insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de junio de dos mil quince, dictado en contra del ahora quejoso ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo equiparado y, determinó emitir auto de formal prisión en su contra por la comisión de dicho delito. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten a continuación: LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO ° En el considerando segundo al iniciar el estudio de los elementos en cuestión determinó que el delito imputado al quejoso se encuentra previsto por el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción II del Código Penal para el Estado de Querétaro, empero, en los resolutivos determinó que el delito imputado encuadra en el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción III del citado ordenamiento legal. ° En el apartado de la probable responsabilidad determinó que el sujeto activo "el 11 de junio de 2015, en la calle ********************poseía el vehículo marca********************para el Estado de Querétaro", no obstante ello, antes de iniciar el análisis de los elementos del cuerpo del delito determinó que "el once de junio de dos mil quince, alrededor de las 15:42 sobre la Avenida San Miguel en la Colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, un sujeto activo conducía la unidad automotriz, marca********************para el Estado de Querétaro". Lo que resulta inexacto, pues de acuerdo con la garantía de debida fundamentación y motivación, debe determinar exactamente qué precepto legal resulta aplicable a la conducta del inculpado, asimismo, debe especificar debidamente las circunstancias del lugar en donde se llevó a cabo la comisión del delito. En el considerando segundo al iniciar el estudio de los elementos del delito imputado al quejoso determinó que dicho ilícito se encuentra previsto por el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción III del Código Penal para el Estado de Querétaro, empero, en los resolutivos determinó que el delito imputado encuadra en el artículo 183 bis, fracción III en relación con el artículo 182, fracción III del citado ordenamiento legal. En el apartado de la probable responsabilidad determinó que el sujeto activo "el 11 de junio de 2015, sobre Avenida San Miguel en la Colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, un sujeto activo conducía quien poseía el vehículo marca********************para el Estado de Querétaro"; asimismo, antes de iniciar el análisis de los elementos del cuerpo del delito determinó que "el 11 de junio de dos mil 2015, alrededor de las 15:42 horas, sobre la Avenida San Miguel en la Colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, un sujeto activo conducía la unidad automotriz, marca********************para el Estado de Querétaro". Asimismo, al acreditar el tercer elemento del cuerpo del delito consistente en "que el sujeto activo tenga conocimiento a sabiendas de que se trata de un vehículo robado", lo hace de forma genérica ya que únicamente lo tuvo por acreditado con los testimonios de los agentes aprehensores y con el dictamen de valor del objeto robado, desestimando la declaración preparatoria del inculpado por considerarlo un mero argumento de defensa, sin embargo, pasó por alto las demás pruebas e indicios que de ellas se desprenden para corroborar o no el "a sabiendas" refiriéndose a ellas como "el cúmulo probatorio" lo cual es incorrecto. En efecto, el "a sabiendas" es un elemento subjetivo, en tanto que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Sin embargo, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido debidamente conectados, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. Así, es insuficiente basarse solamente en un indicio para acreditar el "a sabiendas" lo cual fue lo que realizó el Juez responsable, al apoyarse sólo en el testimonio de los aprehensores, cuando en autos obran otras pruebas como la inspección ministerial del vehículo y su llave, la inspección ministerial del lugar de la detención del inculpado, la declaración del denunciante y de la parte ofendida, las diversas testimoniales de ********************, de las que se puede corroborar o desvirtuar los indicios relativos a si el inculpado sabia o no que el vehículo era robado, tomando en cuenta que el robo y la detención del inculpado sucedió el mismo día con unas horas de diferencia, encontrando el vehículo en circulación y con una llave que permite su encendido y en los alrededores de donde los reportes del localizador satelital lo indicaron. Al acreditar el tercer elemento del cuerpo del delito tomó en consideración la declaración de los elementos de la Dirección de Investigación del Delito, testimoniales a las que les dio valor probatorio de conformidad por los artículos 209 y 215 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, y sostuvo que de ella se desprende que el inculpado les afirmó que sabía el vehículo que conducía era robado. Lo cual concatenó con la declaración del denunciante Michel Gerardo Olvera Nieves, y con las declaraciones de Andrea Litzet Quintanilla, Eva María Velázquez Núñez y Ángel Antonio Arvizu Ontiveros, declaraciones a las que les otorgó valor de indicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, señalando que es lo que se obtiene de cada una de ellas. Asimismo, entrelazó la inspección ministerial del vehículo afecto a la causa, a la cual le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, de la cual sostuvo se desprende la descripción del vehículo que se tuvo a la vista el cual tenía una llave que encendía el vehículo. También tomó en consideración la declaración del inculpado de la cual refirió que no se desprende indicio importante para comprobar la integración del delito ni para desvirtuarlo. Finalmente sostuvo que de la concatenación de los medios de prueba antes mencionados se puede colegir que no existe la confesión del inculpado, sin embargo resultan ser suficientes para demostrar que el aquí quejoso tenía conocimiento previo de que el vehículo que conducía era robado, conforme a las reglas de la prueba circunstancial, esto es que 1) el vehículo fue robado después de las doce horas con treinta minutos del once de junio de dos mil quince y, 2) que el vehículo fue encontrado en posesión de un sujeto activo deduciendo que tales hechos ciertos que el inculpado tenía conocimiento de que el vehículo no era suyo y contrario a ello así lo afirmó a los elementos de policía, pues señaló que tenía tiempo que lo había comprado, cuando se encuentra demostrado que el vehículo tenía solo unas horas de haber sido robado, pues así lo refieren los elementos aprehensores, deduciendo que mintió respecto de la propiedad pues aceptó que "la mera verdad es que es robado", por lo que de dichos hechos concluyó que el inculpado les mintió a los policías al indicar que tenía tiempo que había comprado el vehículo, debido a que al entrevistarse con los policías se encontraba nervioso, por lo que sostuvo se acredita el elemento a sabiendas, ya que no existe otra explicación lógica de la posesión del vehículo además de que al momento de ser encontrado tenía una llave de encendido, misma que no fue proporcionada por su dueño, lo cual le permitió inferir que al activo tenía conocimiento de que el vehículo era robado. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal e incidentes), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .II
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia Penal con residencia en San José El Alto, Querétaro, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 147/2015 de su índice, con la que acredita dar cumplimiento al fallo dictado en el presente juicio; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa y a la tercero interesada para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que están conformes y este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia. . .II
- Principal
ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A. . .II
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