Ramón Pérez Morales

Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
297/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Ramón Pérez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto dictado el veinticuatro de abril del presente año, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la referida Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "Expedientes que corresponde clasificar como depurables o destruibles por los Juzgados de Distrito, de conformidad con el punto vigésimo primero" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano de control constitucional no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA AL PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO POR LISTA DE ACUERDOS, LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el escrito signado por Daniel Aguilar Domínguez, apoderado legal de Ramón Pérez Morales, parte quejosa en este asunto; y, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma a la prevención contenida en el auto de cinco de abril del año en curso, por lo que enseguida se provee: DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de que se trata puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. Las causales de improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio oficioso por parte del juzgador de amparo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por tanto, este órgano jurisdiccional de oficio se avoca al estudio de la que en la especie se advierte actualizada. En el caso, se estima que cobra actualidad la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene el carácter de consentido, por las consideraciones que a continuación se exponen. El citado precepto legal, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." ." De lo que se desprende que la improcedencia aludida deriva del consentimiento tácito para promover la acción constitucional, esto es, cuando la presentación de la demanda se realiza fuera del plazo que la ley determina. Ahora, los diversos 17 y 18 de la ley de la materia, señalan textualmente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese tenor, se debe precisar, acorde con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que la parte promovente de la demanda, señala como autoridades responsables al Juzgado Sexto de Primera Instancia y al Encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio, ambos con sede en Veracruz, Veracruz; y señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 2559/2014, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, así como todo lo actuado en dicho expediente y la orden dictada en el mismo para la escrituración del inmueble ubicado en el departamento número seis, del edificio marcado con el numero veintiséis de la calle actualmente denominada Tuero Molina, mismo que corresponde al lote número diez, manzana dos, cuartel quince, Colonia Zaragoza, en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Por otra parte, se tiene a la vista los datos arrojados por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo al juicio de amparo 768/2018, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, medio de difusión informático cuyo uso obligatorio para este Juzgado fue comunicado mediante el Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal Electoral, mantengan un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento. El anterior sistema informático constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por tanto, puede ser invocado para proveer respecto de la demanda de amparo de que se trata.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, cinco de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve Daniel Aguilar Domínguez, como apoderado legal de Ramón Pérez Morales, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la escritura pública número treinta y un mil trescientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número Veintisiete en Veracruz, Veracruz; contra actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz y otra autoridad; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 297/2019-III. PREVENCIÓN Ahora, con el objeto de proveer tocante a la admisión de la aludida demanda, con fundamento en el artículo 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de aquél al en que quede legalmente notificada del presente proveído, por escrito al que debe acompañar copias para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con las siguientes prevenciones: PRIMERA. Toda vez que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "V. ACTO RECLAMADO: La escrituración del inmueble ubicado en el departamento número seis, del edificio marcado con el numero veintiséis de la calle actualmente denominada Tuero Molina, mismo que corresponde al lote número diez, manzana dos, cuartel quince, Colonia Zaragoza, en esta ciudad y puerto de Veracruz, el cual es de mi propiedad, ordenada dentro de los autos de la sección de ejecución que integran el expediente del juicio ejecutivo mercantil 2559/2014, radicado en el juzgado Segundo de Primera Instancia, del décimo séptimo distrito judicial del estado de Veracruz y cumplimentada formalmente por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio asentado con oficinas sede en esta ciudad y puerto de Veracruz. Las actuaciones indebidas y fuera de toda legalidad, realizadas dentro de los autos del expediente del juicio ejecutivo mercantil 2559/2014, radicado en el juzgado Segundo de Primera Instancia, del décimo séptimo distrito judicial del estado de Veracruz, desde el momento de la notificación y emplazamiento hecho al C. Antonio García Escarpita Alcázar, en donde se refiere que se notifica personalmente a éste, siendo que mi representado, ha habitado este domicilio desde que lo adquirió por compra notariada con el mismo Antonio García Escarpita Alcázar, en fecha 26 de diciembre del año 2012." [lo resaltado es propio] De lo que se advierte que los actos derivan del juicio ejecutivo mercantil 2559/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, sin embargo, del capítulo correspondiente al señalamiento del nombre y domicilio del tercero interesado, señala que estos son parte actora y demandada en el juicio ejecutivo mercantil 1559/2014, y no así el 2559/2014, como lo menciona en su párrafo de acto reclamado; por lo tanto deberá indicar con precisión el número del juicio del cual derivan los actos que tilda de inconstitucionales. SEGUNDA. Asimismo, del apartado correspondiente a las autoridades responsables, el promovente, además de otra, señaló como autoridad responsable al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; sin embargo, del capítulo de acto reclamado señala que el acto que tilda de inconstitucional emana del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; en consecuencia, deberá precisar la denominación correcta del juzgado que lleva el juicio ejecutivo mercantil de donde emanan los actos reclamados, lo anterior para estar en aptitud de correr traslado con la demanda de mérito y pedir su informe de ley. TERCERA. Deberá precisar bajo protesta de decir verdad todos los antecedentes del acto reclamado, toda vez que si bien señala como acto reclamado la escrituración del inmueble que defiende el quejoso; sin embargo, no precisó la fecha del acuerdo o resolución por el cual el Juez responsable ordenó la escrituración de dicho inmueble en el juicio ejecutivo mercantil de donde se originan los actos reclamados. CUARTA. Exhiba tres copias más de su escrito de demanda que resultan faltantes, cuenta habida que solo exhibió cuatro copias de la misma cuando debieron ser siete; pues dos son para correr traslado y pedir su informe de ley a las autoridades señaladas como responsables, dos para el incidente de suspensión que se tramita por duplicado y separado del expediente principal, acorde a lo que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, dos para emplazar a los terceros interesados y una más para el Ministerio Público de la Federación adscrito quien es parte en el juicio de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 5°, de la Ley de la materia. QUINTA: Exhiba siete copias del documento con el que acredita su personalidad, que anexó a su escrito inicial de demanda, puesto que resulta faltante, toda vez que para la tramitación de este sumario no exhibió ninguna copia de dicho documento; cuenta habida que es indispensable para correr traslado a las partes, pues dos son para las autoridades responsables, dos para correr traslado a la parte tercero interesada, dos para la apertura del incidente de suspensión derivado del presente asunto y uno para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Cabe señalar que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino además de analizar éste, debe comprender igualmente los documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella, pues de esta forma se puede llevar a cabo la interpretación completa de la voluntad del impetrante, máxime que el documento con el que se demuestra la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda, por tanto, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo la parte quejosa debe exhibir no solo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 726, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos siete, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección-Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, se aplica la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Acorde con lo anterior, los documentos que anexa la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, son parte integrante de la demanda y en ese sentido el quejoso debe exhibir no solo las copias de la demanda, sino también la totalidad de los documentos de referencia, pues de lo contrario, podría dejarse en estado de indefensión a las demás partes del juicio al momento de correrles traslado con esas documentales, en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para promover el amparo realmente cuenta con esa atribución. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con las prevenciones señaladas en los términos indicados y en el plazo para ello concedido, su demanda se tendrá por no presentada en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. En el entendido de que la parte promovente al cumplir con las prevenciones a que se contrae el presente acuerdo, deberá observar lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la citada Ley, en el sentido de que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos que en un juicio de amparo al formular su demanda afirmen hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, siempre y cuando no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 15 de la referida Ley de la materia. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al quejoso o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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