Ramón Pérez Cortés

Expediente 2281/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2281/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Ramón Pérez Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, téngase por recibido el comunicado proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual informa que desechó el juicio de amparo 2381/2022 de su índice administrativo, promovido por Abib Daniel Sánchez Pérez, contra actos de este Juzgado de Distrito, por los motivos que refiere.

  2. Principal

    Vista la constancia realizada por el actuario judicial de la adscripción, en la cual se advierte el motivo por el que no es posible notificar personalmente a la parte quejosa el auto de ocho de los corrientes, ante la imposibilidad de efectuar de manera personal la notificación encomendada, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena que el auto de referencia sea notificado por medio de lista, así como los subsecuentes que en su caso resulten personales. ------------------------------------------------------------- Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, ocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Análisis de la cuenta. Vista la cuenta, se recibe el comunicado de referencia del cual se advierte que el Juzgado tercero homólogo se declaró incompetente para conocer de la demanda que promueve Ramón Pérez Cortés contra los actos del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, consistentes en: La falta de notificación y llamamiento al juicio de amparo 711/2022. Fórmense expediente impreso como el electrónico. Regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 2281/2022-I. 2. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto, se sujetará a los principios y lineamientos previstos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 3. Decisión sobre la instancia judicial. Del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa le reclama al referido Juez de Distrito: ? La falta de notificación y llamamiento a juicio al juicio de amparo 711/2022. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dice: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]'. El citado precepto legal establece que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; el legislador federal - conforme a la referida fracción- previó este supuesto de improcedencia del juicio de amparo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y el orden público que debe imperar en un estado de derecho, a efecto de impedir la promoción interminable de juicios de amparo, en los siguientes casos: a) Contra cualquier resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados o Unitarios de Circuito, o Juzgados de Distrito, sea un auto de trámite, proveído, sentencia interlocutoria, sentencia definitiva o una resolución de cualquier naturaleza dictada dentro del mismo, puesto que de suceder de esta forma, se permitiría impugnar vía juicio de amparo cualquier acuerdo o resolución de un órgano federal de control constitucional, lo que provocaría una sucesión interminable de juicios de esta naturaleza. b) Contra la ejecución de una sentencia dictada en un juicio de amparo. En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Por tanto resulta evidente que los actos que se reclaman del Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito, derivan del trámite respectivo de un juicio de amparo indirecto, tal y como se advierte de la certificación de cuenta, en la cual se asentó que del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), se deprende que el único asunto del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con el número de expediente 711/2022, corresponde a un amparo indirecto; por lo cual, el acto reclamado, no es susceptible de ser analizado en un nuevo amparo, toda vez que el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo prevé como una causal de improcedencia precisamente los actos con motivo de los juicios de derechos constitucionales. Lo anterior, en virtud de que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda, por tanto los actos u omisiones de las autoridades responsables en el trámite de una demanda de amparo, constituyen actos realizados en su función auxiliar en ese tipo de asuntos, es decir, forman parte del procedimiento de amparo, cuyos actos u omisiones resultan improcedentes analizarse en esta vía, por estar considerados dentro la causal invocada. Entonces, las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional. Máxime que la promoción de un nuevo juicio de garantías no es la vía para inconformarse con el trámite y en su caso con lo resuelto en uno diverso de amparo, sino que para ello existen diversos recursos previstos específicamente en la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, es evidente que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa básicamente pretende que a través de este juicio de amparo se analice la inconstitucionalidad de lo proveído y lo no proveído, en su concepto, por el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, en el juicio de amparo 711/2022. Es aplicable la tesis: 1a. LXX/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 83, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Así como la diversa Tesis: IV.1o.7 K, del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 503, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional Cabe destacar, que de considerarse que a través del presente juicio de amparo indirecto es viable examinar las actuaciones del referido Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, quien actúa como juez de control constitucional en función de los autos y resoluciones que ha emitido en el juicio de amparo que ante el tribunal a su cargo se tramitan; ello sería tanto como estimar que este Juez de distrito tiene la facultad de actuar como revisor de sus referidos homólogos, lo que lo colocaría en un orden superior a éstos, situación que claramente no está prevista en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, el juicio constitucional no es la vía idónea para controvertir y por consiguiente decidir sobre lo actuado en los respectivos juicios de amparo aludidos. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4. De los autorizados. Se tiene(n) por autorizado(s) en término(s) restringido(s) a los que indica, porque no se acredita(n) se encuentre(n) legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s) y/o no proporcionó(n) los datos correspondientes en el escrito de cuenta. Pero, en caso de que cuente(n) con cédula(s) profesional(es) de licenciado(s) en derecho o abogado(s), la(s) exhiba(n) o indique(n) sus datos, y una vez verificados, se le(s) reconozca(n) facultades amplias. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. 5. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el aludido en la demanda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo. 6. Del acceso al expediente electrónico. La parte quejosa no solicitó acceso al expediente vía electrónica en el escrito de demanda. 7. Oposición a la publicación de datos. La parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales en el escrito de demanda. 8. Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena la expedición a las partes hasta de en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales, sin que sea necesario medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues sólo a éstas le serán entregadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Lo anterior, en la inteligencia de que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. 9. De la reproducción digital de constancias. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos conforme a los lineamientos de seguridad que regulan el ingreso a la Ciudad Judicial Federal y de acuerdo con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esta autorización es limitada, por lo que queda prohibido reproducir o tomar fotografías de las instalaciones de este juzgado, de su personal, del área correspondiente a esta Ciudad Judicial y de las actuaciones que tengan la calidad de confidencial o reservada conforme a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su caso, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la parte que las obtenga, el uso y difusión que se dé a las mismas. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del juicio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. 11. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo se publicarán íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla la ley y reglamentos de la materia. De igual forma, siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. Lo anterior de conformidad con los artículos 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y 67, fracción II y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 12. Datos de localización. De conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene al promovente proporcionando números telefónicos para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Además, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. 13. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General recién precisado, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el mencionado Portal, las partes, sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea válido por el Consejo de la Judicatura Federal. Ello, en términos de los artículos 36 y 55 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 14. Aviso de cambio de titular. En otro orden, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que mediante oficio SEADS/579/2022, se comunicó que en sesión extraordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó el cambio de adscripción del Juez Miguel Ángel Burguete García, por lo que fungirá como titular de este Juzgado a partir |del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Rafael Hernández Urías, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Ma. Bertha Zúñiga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe el oficio que firma el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a través de cual informa sobre la admisión del recurso de inconformidad interpuesto, mismo que se registró con el número 30/2022. En otro orden, hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que mediante oficio SEADS/579/2022, se comunicó que en sesión extraordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó el cambio de adscripción del Juez Miguel Ángel Burguete García, por lo que fungirá como titular de este Juzgado a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

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