Ramón Peñuñuri Terán

Expediente 851/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
851/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Ramón Peñuñuri Terán

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiún minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en el proveído de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes ofreció prueba. El juez acuerda. Téngase por hecha la certificación anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. 2. El trece de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerando: I. Competencia. 3. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************. 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. Es cierto el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues al haber omitido rendir informe justificado dicha autoridad, se actualiza la presunción de certeza a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. IV. Causas de improcedencia. 8. De las constancias que integran el juicio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, de dicho cuerpo normativo, toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el acto reclamado. 9. En efecto, el numeral 5, fracción I, de la legislación reglamentaria invocada, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 del citado cuerpo normativo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 10. Por otra parte, el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de derechos es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de esa legislación. 11. De la interpretación de los artículos señalados, se advierte que la acción constitucional procede únicamente por quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad; es decir, una afectación en un derecho que otorgue interés jurídico al titular del derecho involucrado, y como consecuencia, le faculte para demandar el cese de dicha transgresión. 12. Así, uno de los principios que rigen al juicio de derechos es que el agraviado tenga la titularidad de un derecho subjetivo, por lo que es obvio que el interés simple no basta para tener por acreditado el interés jurídico. 13. En ese tenor, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral ********************, del índice del citado órgano de justicia laboral. 14. No obstante, analizadas las constancias que integran el presente juicio, se advierte que no existe medio de convicción alguno que demuestre el carácter que ostenta el aquí quejoso, como parte actora dentro del expediente de origen. 15. En ese contexto, es importante precisar que la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado, sólo trae como consecuencia que se presuma cierta la inactividad que se le atribuye en el expediente de origen, pero no que efectivamente el aquí quejoso figure como parte actora dentro de éste, lo que le daría el interés jurídico para controvertir el acto reclamado de mérito. 16. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia con registro 2006144, número 23/2014, sustentada por el Pleno de nuestro Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. 17. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la legislación reglamentaria para la materia, y por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita, se sobresee en el presente juicio. 18. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 al 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve 19. Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las partes restantes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de junio de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ramón Peñuñuri Terán, en contra de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con veintiún minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se le reclaman, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o haya cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 10. Emplazamiento. Debido a la naturaleza de los actos reclamados, se advierte la inexistencia de terceros interesados. 11. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico, para entablar cuestiones no procesales. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Se hace constar que la parte quejosa no ofertó medios de convicción. 16. Comunicación a la responsable de las resoluciones que se le notificará por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10a.), de título: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le será notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 17. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 18. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 19. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 20. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 21. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

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