Ramon Pedroza Lara
Expediente 1207/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ramon Pedroza Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha resolución en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el trece de marzo de dos mil veinte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, determinación que causo ejecutoria en esta data, el presente expediente es susceptible de depuración. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el que se concedió la medida cautelar solicitada; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años); conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de ?????????? haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad, el cuaderno de pruebas que remitió como justificación a su informe de ley, registrado con el número de control interno 246. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a estos autos los escritos de cuenta a nombre de Ramón Pedroza Lara, y en atención a que los rasgos de las firmas que los calzan son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, requiérase al promovente para que en el término de tres días, que se le concede de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que bajo protesta de decir verdad, y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, manifieste si reconoce como suyas y ratifica las firmas que obran en los escritos de cuenta y en el ocurso inicial de demanda, apercibido que de no hacerlo, se tendrán por no presentados los escritos de cuenta. Cabe señalar que la facultad de prevenir al promovente del amparo para que se presente a ratificar las firmas que calzan tales escritos, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dichos grafismos, efectivamente fue quien promueve, máxime que, como se anotó, dichas firmas discrepan con la que obra en el aludido escrito de demanda de amparo. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el promovente del juicio haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquél podría hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la legislación penal federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.".
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a estos autos los escritos de cuenta a nombre de Ramón Pedroza Lara, y en atención a que los rasgos de las firmas que los calzan son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, requiérase al promovente para que en el término de tres días, que se le concede de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que bajo protesta de decir verdad, y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, manifieste si reconoce como suyas y ratifica las firmas que obran en los escritos de cuenta y en el ocurso inicial de demanda, apercibido que de no hacerlo, se tendrán por no presentados los escritos de cuenta. Cabe señalar que la facultad de prevenir al promovente del amparo para que se presente a ratificar las firmas que calzan tales escritos, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dichos grafismos, efectivamente fue quien promueve, máxime que, como se anotó, dichas firmas discrepan con la que obra en el aludido escrito de demanda de amparo. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el promovente del juicio haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquél podría hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la legislación penal federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.".
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Ramón Pedroza Lara, por medio del cual desahoga la prevención realizada mediante proveído de veintisiete de noviembre del presente año; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia. Se señalan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito aclaratorio de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a Luis Fernando Torrescano Olivares, con domicilio en calle Volcán Tacana, número 145, Colonia Cumbres de esta ciudad, quien puede ser emplazado por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, quien deberá correrle traslado con copia simple de la demanda, hacerle saber la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezca a este juicio, lo prevenga para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso le surta el carácter de tercero interesada a María Fernanda Frese Pedroza, en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su ocurso aclaratorio, se desprende que figura como codemandada en el juicio de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable con el número VI.2o.C. J/252, en la página 1132, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CODEMANDADO, NO ES TERCERO PERJUDICADO. El codemandado en el juicio común, no tiene la personalidad de tercero perjudicado en el amparo, pues su interés jurídico es el mismo que el del demandado, de donde resulta que para que tenga personalidad en el juicio de garantías, debe promover también el correspondiente amparo sin que disposición legal alguna obligue al Juez de Distrito a llamarlo al procedimiento, ya que tal llamamiento se hace a la contraparte del quejoso, es decir, a aquella que tiene interés en sostener la constitucionalidad del acto que en el amparo se combate." Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la Ley en cita, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251, de la citada legislación. Por otra parte, toda vez que del ocurso de cuenta se advierte la manifestación del quejoso en el sentido de que al consultar el expediente tuvo conocimiento de la diligencia de embargo llevada a cabo el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por el Actuario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, en contra de la cual realiza diversos motivos de disenso, sin que dicho acto se encuentre señalado como reclamado, requiérasele a efecto de que dentro del plazo de quince días siguiente a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, manifieste si es su intención ampliar su escrito inicial de demanda respecto de dicho acto y autoridad responsable. De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, entre los que se encuentran, el indicar las autoridades que señale como responsables, precisar de manera clara y concreta el acto que se reclame de cada una de ellas, y manifestar bajo protesta de decir verdad, todos los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes de cada uno de los actos que se les reclamen, además de acompañar copias suficientes del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, dos copias para las autoridades ya designadas como responsables, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y una más para cada una de las nuevas autoridades responsables que se señale, debiendo exhibir además, una copia del escrito inicial de demanda y sus anexos, para cada una de estas últimas autoridades. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar".
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