Ramón Paredes Miranda

Expediente 1523/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1523/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Ramón Paredes Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. Finalmente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Karla Adriana Álvarez Aguilar, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, mediante el cual ofrece pruebas documentales, sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento toda vez que el catorce de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional.

  3. Incidental

    Visto el estado procesal que guarda esta incidencia y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa en interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintidós, para que exhibiera la garantía que se le fijó como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada por este juzgado, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva decretada en la interlocutoria de mérito ha dejado de surtir efectos. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: "I. Presentación de la demanda de amparo y acto reclamado. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que por demanda presentada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitida por razón de turno en esa misma data a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Ramón Paredes Miranda, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, Quintana Roo, por considerarlo violatorio de los artículos 1º, 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente laboral 390/2007, de su índice, en que se declaró fundado el incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora, aquí tercero interesada y se tuvo como patrones sustitutos de Maricela Cristina Pérez Pérez, al quejoso y otro. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, respecto al acto reclamado, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, en virtud que se cuestiona el emplazamiento de las quejosas al sumario de origen. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, de la fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 390/2007 del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, Quintana Roo, que remitió la junta responsable como justificación de su acto y que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: 1. El diez de abril de dos mil diecisiete se admitió a trámite el incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora en el juicio de origen, en el que se propuso tener como patrones sustitutos al quejoso Ramón Paredes Miranda y otro. 2. El veintidós de mayo de dos mil diecisiete se notificó mediante cédula de notificación al ahora quejoso, la admisión del incidente de sustitución patronal. 3. El quejoso compareció, mediante su apoderado Carlos Ernesto Pech Acosta, a la audiencia relativa al incidente de sustitución patronal de seis de junio de dos mil diecisiete. 4. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó resolución en que se declaró fundado el incidente de sustitución patronal planteado por la parte actora, aquí tercero interesada y se tuvo como patrones sustitutos de Maricela Cristina Pérez Pérez, al quejoso y otro; determinación que se ordenó notificar personalmente a las partes. 5. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó personalmente a Ramón Paredes Miranda, por conducto de su autorizada Dolores del Carmen Vargas Díaz, la resolución de veintinueve de octubre de ese mismo año. Por tanto, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, ya que al promovente del amparo, se le notificó personalmente el acto que reclama, por conducto de su autorizada, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, surtiendo sus efectos ese mismo día, conforme a la regla prevista en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo (ley que rige el acto reclamado), por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo corrió del veinticuatro de noviembre al catorce de diciembre de dos mil veintiuno, excluyendo de ese cómputo el veintisiete y veintiocho de noviembre, así como el cuatro, cinco, once y doce de diciembre, todos de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda se presentó el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. No pasa desapercibido, respecto a la fecha de conocimiento del acto reclamado, que el quejoso manifiesta en su demanda de amparo que: "personalmente me enteré el 30 de noviembre de 2021". Sin embargo, también manifestó bajo protesta de decir verdad que: "la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno fue notificada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno en las instalaciones de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo."; manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Circunstancia que se corrobora con el contenido de las constancias que integran el juicio de origen, pues como ya se dijo, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó personalmente a Ramón Paredes Miranda, por conducto de su autorizada Dolores del Carmen Vargas Díaz, la resolución de veintinueve de octubre de ese mismo año. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado de la Junta Especial Número de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, Quintana Roo. III. Se deja sin efectos hora y fecha de audiencia constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, señalada para las diez horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes."

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