Ramón Padilla Domínguez
Expediente 315/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramón Padilla Domínguez
- Juez Séptimo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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se declara que la misma causa ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se hace la precisión que tanto este expediente, es susceptible de depuración, mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, una vez que transcurran tres años
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ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara y protege al quejoso
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agréguese a los autos el escrito signado por la Licenciada Libertad Pinacho Martínez, donde protesta y acepta el cargo de representante especial de la menor de iniciales L.A.P.G. Como lo solicita, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la materia, atendiendo al nombre de Usuario ********, de igual forma a realizar las notificaciones y la consulta vía electrónica del presente Juicio de Amparo por este medio.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de donde se advierte que en el auto admisorio se reconoció el carácter de tercero interesado a Ana Luisa González Ríos, en representación de su menor hijo de iniciales L.A.P.G. y que en acuerdo de veintiséis de mayo anterior, se tuvo designando a la licenciada Cindy Bernal García, como autorizada de los terceros interesados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin embargo, ante la posibilidad de que la tramitación de este juicio de garantías llegue a afectar algún derecho del menor, los cuales deben prevalecer incluso sobre cualquier litigio o conflicto de intereses de los padres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se debe designar un representante especial, ajeno a la controversia, para que intervenga en el juicio a fin de salvaguarda los intereses del infante de iniciales L.A.P.G.. Por lo que, con fundamento en el artículo 8°, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se estima procedente requerir a la Jefa de Departamento del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de no existir impedimento legal para ello, debidamente justificado designe a un Asesor Jurídico Federal que funja como representante especial del menor de iniciales "L.A.P.G.". Como apoyo a lo anterior, se cita la tesis XIX.1o.P.T.1 CS (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2448, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica." De igual forma la Jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 13, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO). El precepto citado establece la posibilidad de que el menor de edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, nombrándole para ello un representante especial en los casos en que por conflictos de intereses sea necesario. Ahora bien, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de tutelar el interés superior del menor, la disposición prevista en el artículo 8o. de la Ley de Amparo debe aplicarse extensivamente a los supuestos en los cuales el menor comparece en calidad de tercero interesado al juicio de amparo, por lo que, cuando su legítimo representante se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido, se niegue a representarlo, o bien, haya conflicto de intereses entre sus legítimos representantes o motivos que justifiquen la designación de persona diversa, el órgano jurisdiccional, en aras de defender y tutelar sus intereses, deberá nombrarle un representante especial para que intervenga en el juicio. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las diez horas con diez minutos, del cinco de julio de dos mil veintiuno, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a los autos el escrito que signa la licenciada Cindy Bernal García, autorizada de los terceros interesados, atento a su contenido, se tienen por expresados los alegatos que aduce, los cuales se tomarán en consideración en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo.
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