Ramón Otoniel Matus Castillo
Expediente 1005/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ramón Otoniel Matus Castillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez de Control de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar el expediente número 1005/2023-III-C y se admite la demanda de que se trata. Por otra parte, apertúrese por separado únicamente en original el incidente de suspensión, sin que haya lugar a ordenar la apertura de su duplicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2023 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, se ordenó agregar el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de causas penales y juicios de amparo a su cuenta de FIREL "********************", para atender dichos asuntos vía electrónica. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito vía electrónica, por medio de su usuario "********************". En consecuencia, se ordena a la Oficial Judicial "A" que proceda a realizar la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las doce horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, legible, completa y ordenada de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la ley de la materia, se impondrá a la omisa multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, toda vez que el nueve de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se "declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", se concluye con el esquema establecido en relación a los medios electrónicos -correo institucional-; por tanto, los informes justificados deberán ser remitidos de forma física ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal, o bien, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como por interconexión -con FIREL- o correspondencia, para que surtan sus efectos legales. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa, o bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a superior jerárquico, representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. En otro tenor, como lo sostiene el quejoso y en atención a la naturaleza de los actos que por esta vía reclama, la suscrita juzgadora advierte que, hasta este momento, no se actualiza la figura del tercero interesado, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, y se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Cabe precisar que en atención al artículo 253 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
Apertura del incidente de suspensión. Vista la demanda de amparo de cuenta y como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1005/2023-III-C, promovido por ***contra actos del Juez de Control de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y otras autoridades. Requerimiento de informe previo y señalamiento de audiencia incidental. En consecuencia, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo de las autoridades responsables, se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, al resolver el fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de diferimiento de la audiencia constitucional, resulta innecesario notificarles a través de oficio el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Precisión del acto reclamado para resolver sobre la suspensión provisional. El peticionario de amparo hace consistir los actos reclamados en: La orden de aprehensión, detención o presentación, dictada en su contra y su ejecución. En ese sentido, dado que el acto reclamado que se combate es la orden de aprehensión, detención o presentación, en virtud de que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por la parte agraviada en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios. Respecto de la orden de presentación, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se restrinja la libertad deambulatoria del quejoso. Lo anterior, toda vez que si bien la orden de presentación no tiene como propósito lograr su detención, lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el quejoso, se limita temporalmente su derecho a la libertad. Por otra parte, en relación a la orden de aprehensión o detención que reclama, con fundamento en el artículo 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que: Si la orden de aprehensión o detención fue dictada por un delito que tenga prevista prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso, una vez detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para la continuación del mismo. En el caso de que la orden de aprehensión o detención, hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que la parte quejosa no sea detenida, con motivo de la orden de aprehensión o detención reclamada. Ahora cabe señalar que los términos de la medida cautelar no surtirán efectos en favor de la parte agraviada, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de aprehensión, detención, presentación o alguna análoga dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por el peticionario de amparo. Por lo tanto, la suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efecto en caso de que el acto reclamado haya sido emitido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que lo fue a las diez horas con cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, pues de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse el acto reclamado. Con fundamento en los artículos 166, fracción II, en relación con el numeral 22, todos de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este Juzgado Federal, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante para garantizar su devolución a la autoridad que la reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Asimismo, dicho billete de depósito deberá contener los requisitos siguientes: 1) Nombre de la parte quejosa. 2) Número de expediente dentro de que se gestiona la garantía. 3) Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4) Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5) Importe por el cuál se expidió el certificado para otorgar la garantía, y 6) Fecha de expedición del certificado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia, cantidad que se fija de manera discrecional, por no contar con la información para decretarla en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, misma que podrá variar si con posterioridad aparecen las circunstancias que así lo ameriten. Es aplicable al particular la tesis I.7o.P.39 P, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1231, julio de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." Sin que por el momento haya lugar a exigir a la parte quejosa que comparezca ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió; de ahí que dicha medida de aseguramiento, no será exigible hasta en tanto la autoridad que emitió el acto reclamado rinda su respectivo informe previo, en el que manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye, cuestión ésta que, en su caso, deberá notificarse personalmente a la parte promovente, a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral invocado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir efectos. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 149/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2007-PS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, tomo XX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.- Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizado en amplios del numeral 12 de la ley de la materia al licenciado ******************** por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive de la presente incidencia. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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