Ramón Osuna Ibarra

Expediente 402/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
402/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Ramón Osuna Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Vista la copia certificada por el secretario adscrito a este juzgado, del proveído de doce de julio del año en curso, en el que se ordenó archivar el juicio de garantías del que deriva la incidencia en que se actúa. En atención a lo anterior y en virtud de haberse concedido tanto la suspensión provisional, como la definitiva, en esta incidencia, el original del cuaderno del incidente en mención, es depurable; y por lo que respecta al duplicado destrúyase una vez transcurridos seis meses.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, considerando que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el quejoso, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que mediante oficio 3134/2017, el juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado e informó que el treinta de mayo del año en curso, Ramón Osuna Ibarra rindió su declaración preparatoria dentro de la causa penal número 190/2017 de su índice administrativo, por considerarlo probable responsable de la comisión de despojo agravado (cometido por dos personas), previsto y sancionado en los artículos 25 fracción I y 226, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, cometido en perjuicio del patrimonio económico de Lidia María del Pilar Madero Acuña de González y remitió copia certificada de la resolución cuatro de junio de dos mil diecisiete, donde se dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, en el citado expediente. Asimismo, del libelo constitucional que dio origen al presente sumario, se advierte que el promovente del amparo señaló como actos reclamados la privación de su libertad, con motivo de la orden de aprehensión emitida en su contra. Bajo esa premisa, quien esto provee estima que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, por las razones siguientes: En primer término, los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De los dispositivos transcritos se desprende que, se surte la causa de improcedencia ahí prevista, cuando el acto reclamado aun quedando subsistente no sea factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos. Luego, de las constancias que anexó la autoridad responsable juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, a su oficio 3134/2017, se advierte que el cuatro de junio de dos mil diecisiete, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso Ramón Osuna Ibarra, por la comisión del delito de despojo agravado (cometido por dos personas), previsto y sancionado en los artículos 25 fracción I y 226, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, en perjuicio del patrimonio económico de Lidia María del Pilar Madero Acuña de González; lo que pone de manifiesto el cambio de situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de la orden de aprehensión que inicialmente fue reclamada, toda vez que la demanda de garantías fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta municipalidad, el veintinueve de mayo del año en curso y el nueve de abril de la propia anualidad, se libró la orden de captura impugnada por el solicitante de la tutela constitucional y el cuatro de junio de la anualidad que transcurre, cesó en sus efectos por virtud de la emisión del proveído de formal procesamiento del que se dio noticia, propiciando que sea ahora esa nueva resolución, es decir, el auto de bien preso, un acto de molestia para éste y ya no la referida orden de aprehensión, cuyas posibles violaciones (en caso de que hubieran existido) deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión jurisdiccional es la que actualmente rige el procedimiento natural y, en todo caso, habrá de ser esta determinación la que deberá combatir el solicitante de garantías a través de los recursos ordinarios procedentes o bien, de una nueva demanda de amparo indirecto, al participar de una notoria autonomía e independencia en relación con el acto que cuestionó en el presente juicio de garantías. En efecto, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta cambia, las violaciones existentes en la situación jurídica anterior quedan irreparablemente consumadas, pues la restricción de la libertad que se va dando a través de las diferentes etapas del procedimiento excluyéndose a las otras, siendo jurídicamente imposible entrar al análisis del acto substituido, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior. Por tanto, es de concluirse que al haberse dictado auto de formal prisión al impetrante de garantías, por el ilícito respecto del cual reclamó la orden de captura librada en su contra, operó un cambio de situación jurídica del indiciado, ya que los efectos de la detención se derivan a partir de ese momento de la prisión preventiva, en que se convierte en procesado, por ende, cesan los efectos de la situación jurídica anterior -indiciado-, por lo que tal y como se señaló se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del arábigo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VII.1o.P. J/42 visible en la página ochocientos setenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, cuyo tenor es: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento a la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1ª./J. 17/2008 visible en la página doscientos setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, cuyo tenor es: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN". Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el Juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2ª./J 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al Juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Atendiendo lo antes expuesto, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia de ley. Da apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y siete, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe precisar que la aplicación de los criterios contenidos en las tesis invocadas en el presente proveído, no es contraria a lo previsto en el ordinal sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso

  4. Principal

    Visto el oficio, signado por la autoridad de mérito, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; Asimismo, se tienen ofrecidas las documentales que acompaña a su informe la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano