Ramón Ortega Uriarte

Expediente 502/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
502/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Ramón Ortega Uriarte

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Enrique Escarcega Loredo, en su carácter de defensor particular de Ramón Ortega Uriarte, contra el acto reclamado al Juez Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20, 21 y 133 de la Constitución, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 502/2017-III-B. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar la demanda de garantías, a efecto de determinar si se actualiza alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: LA OPINIÓN JURÍDICA FAVORABLE EMITIDA POR EL JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN 01/2016. SU EJECUCIÓN. Respecto de los cuales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, en concordancia con la fracción XXIII del artículo 61 esta última con relación en la fracción III del numeral 107, aplicado en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." De los preceptos reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridades diversas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo en contra la resolución definitiva, pudiendo hacer valer en ese momento las violaciones cometidas durante del procedimiento. Ahora bien, robustecido con los antecedentes de los actos que pretende combatir, se advierte que el procedimiento de extradición en contra del directo quejoso está en la etapa en la cual la participación del Juez de Distrito citado, se reduce a emitir una opinión, que justifique la procedencia o improcedencia del procedimiento de extradición, la cual carece de coercitividad, ya que quien resuelve en definitiva sobre la procedencia o no de la extradición es la Secretaría de Relaciones Exteriores; y, además aún no se emite, por lo que se desconoce su sentido que pudiera beneficiar al quejoso. Por lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud de que los actos reclamados deben ser combatidos al momento de controvertir la resolución definitiva que emita la autoridad administrativa, de no favorecer al agraviado, inclusive por las cuestiones que refiere; empero, no significa que los actos sean de imposible reparación desde el momento en que están contemplados como una de las violaciones al procedimiento. reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición". En tales condiciones, al no afectar los actos reclamados de manera inmediata y directa las garantías constitucionales del solicitante del amparo, puesto que constituyen violaciones procesales, que sólo pueden afectar derechos de esa índole, y los cuales pueden ser reparados con la obtención de una resolución favorable a sus intereses, o bien, al reclamarse como tales, en el momento en que se promueva el medio legal de defensa en contra de la resolución que se emita en definitiva, debe desecharse la presente demanda. En efecto, con independencia del sentido de la opinión jurídica del juez responsable, será la resolución definitiva emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores la que en su caso afecte realmente la esfera jurídica del impetrante, en tanto ésta es la autoridad que resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la extradición, analizando cuestiones que incluyen las relativas a la competencia y al ofrecimiento de pruebas. Por ende, al actualizarse de modo notorio y manifiesto la causa de improcedencia singularizada, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, en los términos expuestos, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante las listas que se publican en los estrados este juzgado, por así haberlo solicitado la parte impetrante, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a ********************, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3o, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaría supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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