Ramón Olvera Guerrero

Expediente 387/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
387/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • Ramón Olvera Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis, por el que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído queda firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracciones II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informa que por audiencia preliminar de nueve de junio del año en curso, se modificó la medida de restricción -acto reclamado- decretada en el juicio oral ordinario ******** de su índice, y para acreditarlo remite copia certificada en DVD, al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y del mismo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, con base en las razones que a continuación se exponen. Los artículos antes invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no podría obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando las garantías quebrantadas en perjuicio del quejoso. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual vulnerada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Para una mejor comprensión de por qué se estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es necesario señalar que de los presentes autos se advierte que: **********, en representación de su menor hijo **********, demandó a ********** la perdida de la patria potestad, la custodia definitiva y el pago de gastos y costas. El juicio de referencia se radicó en el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, bajo el número F-2281/2015. Posteriormente, en auto de tres de diciembre de dos mil quince, el Juez de origen decretó la medida precautoria de restricción para que el aquí quejoso no se acercara a ********** y a su menor hijo a una distancia no menor a cien metros. [acto reclamado en el presente juicio] Luego, en audiencia preliminar de nueve de junio de dos mil dieciséis, el a quo modificó la medida de restricción anteriormente precisada, y determinó que el aquí quejoso ********** no podrá acercarse al domicilio de **********, así como al de la mamá de ésta. Con base en esos hechos se pone de manifiesto que, aún en el supuesto de que se determinara que es inconstitucional el acto que en esta vía se reclama [auto de tres de diciembre de dos mil quince], no se podrían concretar a favor de la parte quejosa la eventual concesión del amparo. Se afirma lo anterior, porque de los hechos sucintamente relatados se evidencia que la medida de restricción decretada el tres de diciembre de dos mil quince, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, fue sustituida procesalmente por la determinación adoptada en la audiencia preliminar de nueve de junio del año en curso, que modificó dicha medida de restricción. Por esas razones se asume que en el caso operó la causal de improcedencia que nos ocupa, cuenta habida que aún en el caso de que se concediera la protección constitucional en contra del auto de tres de diciembre de dos mil quince, no podría concretarse los efectos de la misma, en virtud de que la restricción decretada se rige por lo resuelto en la audiencia preliminar de nueve de junio del año en curso. En efecto, en el supuesto de que se concediera el amparo en contra la determinación de tres de diciembre de dos mil quince, no podrían concretarse los efectos de tal concesión; es decir, tal proceder no tendría ningún efecto práctico dado que la orden de restricción se rige por lo establecido en la audiencia preliminar de nueve de junio de dos mil dieciséis. De tal forma que esta circunstancia ocasiona que los efectos de la sentencia constitucional que en su caso concediere la protección de la justicia federal, se itera, no podrían concretarse en razón de que dejó de tener efectos jurídicos lo resuelto el tres de diciembre de dos mil quince. En las relatadas condiciones, queda demostrado que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que aun de resultar fundados los argumentos vertidos por la parte quejosa, no podrían concretarse los efectos de la concesión; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho para que, si lo desea, en contra de la medida de restricción adoptada en la audiencia preliminar de nueve de junio de dos mil dieciséis, interponga los medios ordinarios de defensa o promueva un diverso juicio de amparo, en caso de que procedan.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE TERCERA INTERESADA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informa que por audiencia preliminar de nueve de junio del año en curso, se modificó la medida de restricción -acto reclamado- decretada en el juicio oral ordinario ******** de su índice, y para acreditarlo remite copia certificada en DVD, al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y del mismo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, con base en las razones que a continuación se exponen. Los artículos antes invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no podría obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando las garantías quebrantadas en perjuicio del quejoso. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual vulnerada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Para una mejor comprensión de por qué se estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es necesario señalar que de los presentes autos se advierte que: **********, en representación de su menor hijo **********, demandó a ********** la perdida de la patria potestad, la custodia definitiva y el pago de gastos y costas. El juicio de referencia se radicó en el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, bajo el número F-2281/2015. Posteriormente, en auto de tres de diciembre de dos mil quince, el Juez de origen decretó la medida precautoria de restricción para que el aquí quejoso no se acercara a ********** y a su menor hijo a una distancia no menor a cien metros. [acto reclamado en el presente juicio] Luego, en audiencia preliminar de nueve de junio de dos mil dieciséis, el a quo modificó la medida de restricción anteriormente precisada, y determinó que el aquí quejoso ********** no podrá acercarse al domicilio de **********, así como al de la mamá de ésta. Con base en esos hechos se pone de manifiesto que, aún en el supuesto de que se determinara que es inconstitucional el acto que en esta vía se reclama [auto de tres de diciembre de dos mil quince], no se podrían concretar a favor de la parte quejosa la eventual concesión del amparo. Se afirma lo anterior, porque de los hechos sucintamente relatados se evidencia que la medida de restricción decretada el tres de diciembre de dos mil quince, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, fue sustituida procesalmente por la determinación adoptada en la audiencia preliminar de nueve de junio del año en curso, que modificó dicha medida de restricción. Por esas razones se asume que en el caso operó la causal de improcedencia que nos ocupa, cuenta habida que aún en el caso de que se concediera la protección constitucional en contra del auto de tres de diciembre de dos mil quince, no podría concretarse los efectos de la misma, en virtud de que la restricción decretada se rige por lo resuelto en la audiencia preliminar de nueve de junio del año en curso. En efecto, en el supuesto de que se concediera el amparo en contra la determinación de tres de diciembre de dos mil quince, no podrían concretarse los efectos de tal concesión; es decir, tal proceder no tendría ningún efecto práctico dado que la orden de restricción se rige por lo establecido en la audiencia preliminar de nueve de junio de dos mil dieciséis. De tal forma que esta circunstancia ocasiona que los efectos de la sentencia constitucional que en su caso concediere la protección de la justicia federal, se itera, no podrían concretarse en razón de que dejó de tener efectos jurídicos lo resuelto el tres de diciembre de dos mil quince. En las relatadas condiciones, queda demostrado que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que aun de resultar fundados los argumentos vertidos por la parte quejosa, no podrían concretarse los efectos de la concesión; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho para que, si lo desea, en contra de la medida de restricción adoptada en la audiencia preliminar de nueve de junio de dos mil dieciséis, interponga los medios ordinarios de defensa o promueva un diverso juicio de amparo, en caso de que procedan.

  4. Principal

    Agréguense en autos los escritos signados por José ******, autorizado del quejoso; en atención a su contenido, se acuerda: - Respecto al primero, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que de su entrega se deje en autos. - Acerca del segundo, téngasele informando que la tercera interesada ********, puede ser emplazada en el domicilio ubicado en: *********. Por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en el referido domicilio, a fin de que lleve a cabo el emplazamiento de la nombrada tercera interesada; en la diligencia deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo; hacerle de su conocimiento la fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; y, requerirla para que dentro del término de tres días señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes, aun las que tuvieren que ser de carácter personal, se le practicarán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda toda vez que no obra constancia de que se haya emplazado a la tercera interesada **********; en consecuencia, se difiere y se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo.

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