Ramon Morales Carrillo

Expediente 185/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
185/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Ramon Morales Carrillo
  • Sala Civil Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido, por lo tanto, es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Juicio de Amparo Directo

    UNICO: Sobresee.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto, el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en la que el Secretario de Acuerdos de este Tribunal Colegiado de Circuito, hace constar que a la fecha ya transcurrió el término de tres días que fue otorgado mediante diverso proveído de cinco de agosto de la presente anualidad, mediante el cual se ordenó dar vista al quejoso, respecto de la posible causal de improcedencia sustentada en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 170, fracción I, tercer párrafo, ambos numerales de la Ley de Amparo; sin que a la fecha del dictado del presente proveído el mencionado quejoso haya realizado manifestaciones al respecto. Ahora bien, mediante el proveído señalado en el párrafo anterior, se suspendió el plazo para el dictado de la resolución correspondiente al presente asunto, hasta en tanto transcurriera el término a que se hizo referencia en el párrafo que antecede; en ese contexto, al haber transcurrido dicho lapso, se reanuda el plazo de ley, para el dictado de la resolución que en derecho corresponda en el presente amparo directo que nos ocupa. Finalmente, devuélvase el presente asunto a la ponencia I, a cargo del suscrito Magistrado en funciones de Presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, de donde fue solicitado.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se provee: Visto, el estado que guardan los presentes autos, del cual se advierte que este asunto fue turnado a la ponencia I, a cargo del suscrito Magistrado Presidente, en funciones de Presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, mismo que quedó listado el quince de julio de este año, para ser visto sesión ordinaria virtual mediante videoconferencia de cuatro anterior; aunado a que en la sesión plenaria respectiva, al momento de discutirse el proyecto de sentencia propuesto, se apreció la posible actualización de una causal de improcedencia no alegada por las partes, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 170, fracción I, tercer párrafo, ambos numerales de la Ley de Amparo; con base en las siguientes consideraciones: "OCTAVO. Análisis oficioso de la procedencia. Es improcedente el presente juicio de amparo directo. En efecto, resulta innecesario el estudio de la determinación reclamada y de los conceptos de violación que se expresaron en su contra, ya que este Tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así es, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 170, fracción I, tercer párrafo, ambos numerales de la Ley de Amparo, los cuales, en lo que interesa, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" (énfasis añadido). De los preceptos trascritos se desprende que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y, como en el caso, resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; entendiéndose por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; y, que por ende, dicho medio extraordinario de defensa es improcedente si no se agotan previamente los recursos ordinarios de defensa. De esta forma, se colige que la regla general establecida en el principio de definitividad, consiste en que cuando un acto de autoridad se estime que viola derechos fundamentales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los medios de defensa ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado o revocado. En ese sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto señalado como reclamado en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos constitucionales, debe ser definitivo. Bajo este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, la obligatoriedad de agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación, congruente con la esencia del principio de definitividad, el cual, si bien es cierto que admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, lo cual significa que las partes no pueden dejar trascurrir el plazo para interponerlos con el propósito manifiesto de soslayar dicho principio. Lo anterior, tal como se aprecia de las consideraciones establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la contradicción de tesis 38/2014, en la cual realizó la interpretación de la Ley de Amparo vigente y, en lo que al caso interesa, reiteró la exigencia sobre el agotamiento de los medios ordinarios de defensa previo a la presentación del escrito de amparo directo, en atención a la regla sobre la procedencia del juicio o principio de definitividad que rige en la materia. De la citada contradicción de tesis emanó la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del mes de abril de 2015, libro 17, Tomo I, página 95, registro digital 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables solo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Del criterio jurídico que antecede se aprecia con claridad que puntualiza la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). De lo anterior se concluye que no se debe confundir la procedencia de la vía directa y la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer de las demandas de amparo directo (promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal o resoluciones que aún sin resolverlas le pongan fin), con la procedencia del juicio de amparo directo en sí mismo, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia o resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva o resolución que le puso fin al juicio; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Por su parte, el artículo 675 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, establece: "ARTÍCULO 675. De los decretos y autos del Tribunal Superior, aún de que aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición que se substancia en la misma forma que la revocación". De la disposición normativa que antecede se advierte con claridad que procede el recurso de reposición en contra de los autos y decretos emitidos en segunda instancia y que se tramita como el recurso de revocación; hipótesis que ocurre en el caso particular, en tanto que se impugna en sede de amparo directo el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Sala responsable, en el toca **********, en el que en segunda instancia se declaró desierto el recurso de apelación (inadmisión) interpuesto por la parte actora, ahora quejosa, en contra de la sentencia definitiva, por lo que previamente a promover la demanda de amparo directo se debió agotar ese medio ordinario de defensa. Robustece todo lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 85/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 171930, apreciable a folio 159, Tomo XXVI, julio de 2007, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo". En tales consideraciones, al no haberse agotado el medio ordinario de defensa - recurso de reposición-, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 170, fracción I, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por no cumplirse con el referido principio de definitividad. No es obstáculo a esta determinación, que en acuerdo de presidencia se admitiera la demanda de petición de derechos fundamentales, porque dicha determinación deriva del examen preliminar de los antecedentes del caso, la cual no causa estado por lo que se refiere al Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Registro digital: 175143, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época, página 1506, que establece: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos". En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo." Por ende, el Pleno de este órgano jurisdiccional ordenó dejar en lista el asunto de mérito, y dar vista al quejoso, con esa decisión. En ese orden, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que si un órgano jurisdiccional de amparo advierte, de oficio, la posible actualización de una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, deberá dar vista la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a sus respectivos intereses convenga.En tales condiciones, y como los integrantes de este órgano jurisdiccional consideran que es posible la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 170, fracción I, tercer párrafo, ambos numerales de la Ley de Amparo; por ende, dese vista con lo anterior al quejoso, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de aquél en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a sus interés convengan. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se suspende el plazo para el dictado de la resolución correspondiente en el presente asunto; por lo que en ese contexto, resguárdense en la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional los autos del juicio de amparo directo en que se actúa, hasta en tanto se cumpla con lo solicitado en este proveído o se agote el término concedido para tal efecto.

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