Ramon Miguel Olguin Vargas

Expediente 1708/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1708/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Ramon Miguel Olguin Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó el juicio y, de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se declara cumplida sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "VII. DECISIÓN 67. Con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la quejosa María del Rocío Espinosa González, es decir, integre el expediente T-JD-63/2021, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerirla para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la Patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. 68. Además, para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, deberá vincularse a las áreas cuya intervención resulte necesaria en razón de sus funciones, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio de amparo, ya que están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora." Inconforme con dicha determinación, el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, promovió recurso de revisión, el cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, radicándolo bajo el amparo en revisión 178/2022, el cual, mediante testimonio de la ejecutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 21/2022. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a María del Rocío Espinosa González, contra el acto reclamado de la autoridad responsable Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, indicado en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos precisado en el fallo recurrido." Derivado de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Mediante oficio recibido el veintiséis de septiembre del año en curso, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado al fallo protector y al efecto remitió copia certificada del memorando DPJ/1893/2022 del cual se advierte fue aprobada la solicitud de pensión solicitada por la quejosa mediante acuerdo No. 064/2022, que le fue notificada el dieciséis de agosto del año en curso. Cabe destacar que al oficio y anexo remitido por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que el la autoridad responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector, pues aprobó la solicitud de pensión solicitada por la quejosa y ordenó notificársela. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. A

  3. Principal

    CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las doce horas con cincuenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para la continuación de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 618/2022-V, ................... La Jueza acuerda: téngase por formulados los alegatos en comento, se cierra este período, se tiene por celebrada la presente audiencia constitucional, ------------------y en su momento díctese la sentencia correspondiente.------------

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