Ramón Medina Montaño
Expediente 1311/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
Partes del expediente
- Ramón Medina Montaño
Actuaciones
- Principal
"2021, Año de la Independencia" Tepic, Nayarit, 29 de enero de 2021. OF. 70-I. Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit en turno. C i u d a d. En cumplimiento al proveído de veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, remito a usted los autos originales del juicio de amparo indirecto 51/2020, promovido por ANA ISABEL VELASCO GARCÍA, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en contra de la sentencia dictada en el referido juicio de amparo; asimismo, se anexa el original y copia del escrito de expresión de agravios. Con la súplica que a su llegada, acuse el recibo correspondiente. R E S P E T U O S A M E N T E. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT. LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y Circular CAP/3/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/1/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta que suscribe MIGUEL FRANCISCO IBARRA LÓPEZ, en su carácter de administrador general único de "HM HIGHMIL" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, parte quejosa en el presente juicio, por medo del cual formula manifestaciones respecto al recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Secretario, Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría en mención, con residencia en esta Ciudad, en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; luego, en su oportunidad, remítase dicho ocurso al Tribunal Colegiado en turno que le corresponda conocer de dicho recurso para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por RAMON MEDINA MONTAÑO, contra actos de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en la ciudad de Tepic; luego, en virtud de que dicho Tribunal Federal, mediante proveído de once de diciembre del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo directo 383/2020 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, por las consideraciones expuestas en el mismo. Ahora, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, en principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene, o no, competencia legal para conocer de la demanda de amparo en relación a los actos indicados, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por materia. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales, por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Ahora bien, los artículos 48, 49, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo, entre otros, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito deben analizarse, como se dijo, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cosas, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como sería en este caso el que deba analizar la demanda de garantías. A efecto de analizar la competencia de este Juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. En ese contexto, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables: a) Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en la ciudad de Tepic Actos reclamados: - La resolución de siete de octubre de dos mil veinte emitida por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en la ciudad de Tepic, en la que confirma la determinación decretada en audiencia de doce de marzo de dos mil veinte, dictada por la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región II, con residencia en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Asimismo, el promovente manifestó en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, en lo que interesa lo siguiente: "(.) I. Con fecha doce de marzo de dos mil veinte en el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal y Acusatorio y Oral, región II Santiago Ixcuintla Nayarit se llevó a cabo la audiencia para resolver sobre la Suspensión Condicional del Proceso dentro de la Causa Penal 172/2019 que se sigue en contra del C. JOSÉ RAMÓN VALDEZ CEDANO por el delito de DESPOJO DE INMUEBLES y en la cual, la Juez de Control, a solicitud de la defensa del imputado, concedió la medida solicitada y por un periodo de seis meses aprobando el plan de reparación propuesto por la defensa del imputado que se hacía consistir en la cantidad de $12,668.00 pesos así como reintegrar el bien materia del despojo y otras condiciones; resolución que considere injusta e ilegal y por lo cual interpuse Recurso de Apelación y que la autoridad, Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit admitió, tramito y resolvió dentro del Toca Penal 37/2020 emitiendo acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, fijando fecha para la celebración de la audiencia de Alegatos Aclaratorios para el dos de octubre del años dos mil veinte, a las trece horas, misma que se desahogó de manera virtual en la fecha y hora señaladas y de lo cual se generó registro de audio y video mismo que obra en los autos del Toca 37/2020. II. Al resolver, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en adelante ´la Sala´ o ´la autoridad responsable´, considero, en síntesis, que la Juez de Control concedió la suspensión conforme al marco normativo y habiéndose cumplido los requisitos de ley y de acuerdo a las condiciones que le fueron fijadas al imputado, argumentos que considero conculcan diversos derechos fundamentales del suscrito redundado en una resolución que estimo es infundada e inmotivada (.)." Manifestaciones que formuló bajo protesta de decir verdad, y que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que, por razón de la materia, el Juez competente para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, por encuadrar dicho acto en lo previsto por el ordinal 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: "Artículo 51.- Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El numeral y fracción transcrita, establece la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, para resolver de los asuntos, entre otros, emitidos contra resoluciones judiciales del orden penal, a más que, de la interpretación sistemática de dicha fracción, se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo; en ese sentido, los actos reclamados son de naturaleza penal, ya que las autoridades responsables despliegan sus diligencias conforme a las leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, como en el presente caso acontece, al haber ordenado el aseguramiento del vehículo que según refiere la parte quejosa es de su propiedad, Marca Nissan, Tipo Pick-Up, Modelo 1991, Color Blanco, número de serie 1N6SD11S6NC335155, efectuada el veinticuatro de enero de dos mil vente, de acuerdo a la investigación que se encuentra relacionada en el registro de hechos TEP/III/RH/938/2020, del índice de la agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Penal Acusatorio y Oral dependiente de la Fiscalía General del Estado de Nayarit; así como la negativa de resolver la petición efectuada, por vía de incidente, de devolución del vehículo automotor señalado. Así es, las funciones de la investigación y persecución de los delitos en el ámbito de su fuero y territorio, son algunas de las que al Ministerio Público le tiene encomendadas la ley que rige la actuación orgánica de éste, conforme a lo anterior, el ejercicio de esa actividad, en su integridad, constituye un actuar de naturaleza penal, en la medida de que la fase indagatoria se consolida como la inicial del procedimiento penal. Es por ello, que todas las cuestiones accesorias que se pudieran presentar en la indagatoria, como lo sería la referida orden de aseguramiento del vehículo automotor de referencia, así como la negativa de proveer respecto de la solicitud de devolución del multicitado automotor, reclamados en el presente asunto, están revestidas de esa naturaleza, pues debe tenerse en cuenta para establecer la competencia, por razón de materia, el planteamiento que en el juicio se hace, porque al advertirse que los actos reclamados emanan de la investigación que se encuentra relacionada en el registro de hechos TEP/III/RH/938/2020, del índice de la agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Penal Acusatorio y Oral dependiente de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, esas solas circunstancias de origen determinan la legal competencia en favor de un juzgador de amparo en materia penal, como en la especie acontece, razón por la cual este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para avocarse al conocimiento del presente juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la Tesis I, 3o. C. 100 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil cuatrocientos treinta y uno, Tomo XXXII, Noviembre de dos mil diez, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia.". Además, resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada III.2o.P.252P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página dos mil novecientos quince, Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre dos mil diez, que en lo conducente dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA EN EL JUICIO DE AMPARO. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, CUANDO ÉSTE SE INTERPONE CONTRA ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Las funciones de la investigación y persecución de los delitos en el ámbito de su fuero y territorio, son algunas de las que al Ministerio Público le tiene encomendadas la ley que rige la actuación orgánica de éste, conforme a lo anterior, el ejercicio de esa actividad, en su integridad, constituye un actuar de naturaleza penal, en la medida de que la fase indagatoria se consolida como la inicial del procedimiento penal; ante ello, es lógico establecer que todas las cuestiones accesorias que se pudieran presentar en la indagatoria (como lo sería el aseguramiento y preservación de una víctima desvalida y en inminente peligro, por su condición de menor de edad), están revestidas de esa naturaleza, no obstante que en el amparo se hayan reclamado una serie de actos de naturaleza civil (familiar), como lo serían los perturbatorios del ejercicio de la patria potestad por la medida tomada respecto de un menor de edad (aseguramiento y preservación por el riesgo generado por la situación), pues debe tenerse en cuenta para establecer la competencia por razón de materia, el planteamiento que en el juicio se hace, porque al advertirse que los actos reclamados emanaron de una indagatoria iniciada con motivo de la comisión e investigación de hechos delictivos, esa sola circunstancia de origen determina la legal competencia en favor de un juzgador de amparo en materia penal.". Por último, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintidós, del Tomo XX, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3 y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el suscrito juzgador considera que carece de competencia legal, por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo promovida por JOSÉ OCTAVIO ARIAS CARRILLO, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Penal Acusatorio y Oral, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y otras autoridades; por lo que se ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos expuestos. Por otra parte, como en el presente caso no se trata de actos de los mencionados en el artículo 17 de la Ley de la Amparo; entonces, sin proveer sobre su admisión, y sin sustanciar incidente de suspensión, remítase sin demora alguna la demanda de amparo al órgano jurisdiccional que se menciona en líneas que anteceden, a quien se le solicita comunique a este Juzgado Federal, si acepta o no la competencia para conocer de la mencionada demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos de la primera parte, del párrafo segundo, del artículo 12, de la Ley de Amparo, únicamente a Alexis Efrén Martínez Paredes. En la inteligencia de que, de ser necesario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículos 2°, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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