Ramón Martínez Rosales
Expediente 1083/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ramón Martínez Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1083/2021, promovido por Ramón Martínez Rosales, contra un acto de la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y el informe justificado se advierte que el quejoso reclama*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto que se reclama en el presente juicio. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable denominada Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, pues con independencia de que en su informe justificado los negó, efectuó diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de del mismo; por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa. Lo que además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas de la carpeta de investigación*** remitidas por la Fiscal responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal segundo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece*** De acuerdo con el citado artículo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, se reitera, el quejoso, Ramón Martínez Rosales, reclama de la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, la omisión de acordar el escrito que presentó ante dicha representación social, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación*** en el que, entre otras cosas, se apersonó a dicha indagatoria. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende en lo que trasciende que en atención al referido ocurso, en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscal responsable acordó lo conducente en relación con la solitud en mención, en los términos ahí indicados. Si bien no obra en autos constancia alguna de la cual se aprecie que la responsable hubiese notificado al promovente la citada determinación; lo cierto es que mediante acuerdo de siete de septiembre del presente año, este Juzgado de Distrito le dio vista con la citada actuación para que manifestara lo que a su interés conviniera; por tanto, resulta innegable que el impetrante (con posterioridad a la presentación de la demanda), tuvo conocimiento de la misma. En ese entendido, resulta evidente que la conducta reclamada de la responsable cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por el quejoso, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; máxime si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la autoridad responsable acordara lo conducente en relación con la petición formulada por el impenetre en el referido escrito; lo que, como se evidenció, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe señalar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 1083/2021, promovido por*** contra el acto reclamado de la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en Córdoba, Veracruz y anexo,, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del escrito firmado por el quejoso, al que recayó el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, teniéndose por satisfecho el mismo. En consecuencia, dese vista a las partes con el oficio remitido por la autoridad responsable por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese
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