Ramón Martínez López
Expediente 167/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramón Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente. III. Orden de destrucción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original por devolver a las partes. VIII. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, pues no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general en comento. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del referido acuerdo general, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes V. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Estado procesal de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para que exhibiera la garantía establecida a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que a partir de esta fecha la suspensión definitiva decretada en interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, deja de surtir efectos; sin que ello implique que se deje sin materia el juicio en lo principal. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda exhibir la garantía hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados. Tiene aplicación la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados." (Tesis I.5o.C.122 K, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, mayo de 1994, página 544, registro 212725). Asimismo, aplica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible." (Tesis I.3o.C.47 K (10a.), correspondiente a la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo IV, página 3040, registro 2008029). III. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
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