Ramón Martínez Loa

Expediente 851/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
851/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Ramón Martínez Loa

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo del trece de noviembre pasado, donde se desechó la demanda promovida por **********, por tanto, con fundamento en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Finalmente, visto que este expediente se encuentra concluido, que obran agregadas las constancias de notificación y no obran documentos originales que hubieran exhibido las partes, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior en atención a que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por **************************, por derecho propio, contra actos del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 851/2020-I. En este asunto se reclama el acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el que el juez responsable decretó medidas de protección contra el quejoso consistentes en la desocupación del domicilio, la prohibición de acceso al mismo, y a los lugares de trabajo o estudio de la tercero interesada. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que ello ocurra es necesario que a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial. Lo cual ocurre puesto que el acto impugnado se atribuye al Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. También se encuentra solventado dado que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 2.360, dispone la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código. c) Que ese recurso se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Se encuentra satisfecho dado que el recurso en comento se puede hacerse valer dentro de los autos del juicio familiar. d) Y que por virtud de dicho medio, la citada resolución judicial impugnada pueda ser modificada, confirmada o revocada. Igualmente está solventado habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de apelación, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, dado que el auto reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, el promovente del amparo es parte dentro en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Esta determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado pudiera considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que el quejoso se encontraba obligado a agotar previo a la promoción de este juicio de amparo, el recurso de apelación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2005039, Libro 1, de fecha diciembre de 2013, Tomo I, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio el que indica en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, se tiene por autorizada a la persona que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que para el caso de ser en amplios términos, se deberá contar con el registro correspondiente. Se autorizan medios electrónicos para la consulta de este expediente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el proveído del trece de noviembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por **************************, por derecho propio, contra actos del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número***************. En este asunto se reclama el acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el que el juez responsable decretó medidas de protección contra el quejoso consistentes en la desocupación del domicilio, la prohibición de acceso al mismo, y a los lugares de trabajo o estudio de la tercero interesada. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que ello ocurra es necesario que a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial. Lo cual ocurre puesto que el acto impugnado se atribuye al Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. También se encuentra solventado dado que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 2.360, dispone la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código. c) Que ese recurso se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Se encuentra satisfecho dado que el recurso en comento se puede hacerse valer dentro de los autos del juicio familiar. d) Y que por virtud de dicho medio, la citada resolución judicial impugnada pueda ser modificada, confirmada o revocada. Igualmente está solventado habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de apelación, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, dado que el auto reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, el promovente del amparo es parte dentro en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Esta determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado pudiera considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que el quejoso se encontraba obligado a agotar previo a la promoción de este juicio de amparo, el recurso de apelación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2005039, Libro 1, de fecha diciembre de 2013, Tomo I, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio el que indica en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, se tiene por autorizada a la persona que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que para el caso de ser en amplios términos, se deberá contar con el registro correspondiente. Se autorizan medios electrónicos para la consulta de este expediente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe." (Se anexa el proveído al final de la lista de publicación).

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